Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue citada para este martes a las 2 p.m. como parte de la investigación en su contra por presuntamente haber liderado una organización criminal durante su gestión en el Ministerio Público, confirmaron fuentes de El Comercio.
La investigación, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, es además por los presuntos delitos de cohecho activo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.
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Las pesquisas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos alcanzan al fiscal Marco Huamán, ex mano derecha Benavides, así como a 14 congresistas, al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí y al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, entre otros.
Benavides, quien afronta un pedido de 36 meses de impedimento de salida del país, podría recibir una condena de 30 años de prisión, según lo estimó el Ministerio Público.
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El Comercio reveló que el Ministerio Público apunta, por primera vez, a que la ex fiscal de la Nación habría recibido una serie de sobornos a cambio de direccionar dos licitaciones computadoras por más de S/7,5 millones. También es investigada por negociar el voto de un grupo de congresistas para lograr la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la designación del defensor del Pueblo.
Desde que el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, fue detenido y se acogió a la colaboración eficaz, se han ido conociendo su testimonio ante la fiscalía que sindica a la ex titular del Ministerio Público en diversos presuntos ilícitos.
El martes 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ejecutó un operativo de allanamiento de 21 viviendas y detuvo de manera preliminar a siete investigados por integrar la presunta red criminal que Benavides habría encabezado cuando estuvo al frente del Ministerio Público. La suspendida fiscal suprema calificó el operativo como un “psicosocial”.
