Pedro Castillo: ¿Qué se sabe sobre la deportación desde EE.UU. del dueño de la casa de Sarratea?

Sánchez es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, por presuntamente integrar la red criminal que Castillo Terrones habría liderado durante su gobierno.

Sobre este pesa una orden de prisión preventiva por 30 meses que fue impuesta en noviembre del 2022 y confirmada en segunda instancia en marzo del 2023. Sin embargo, para entonces Sánchez Sánchez ya había entrado a la clandestinidad.

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Casi un año después de estar inublicable, en setiembre del año pasado, el amigo del expresidente Castillo fue detenido por una patrulla fronteriza en Texas, cuando trataba de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, de manera ilegal.

Tras su detención, había permanecido internado en el “Centro de Detención Del Rio” a la espera de ser deportado hacia nuestro país. No obstante, el prófugo presentó un pedido de “asilo político” ante las autoridades norteamericanas, que fue rechazado en todas las instancias.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron este jueves a El Comercio que el Gobierno de Estados Unidos dispuso su “deportación” inmediata y se realizaron las coordinaciones respectivas para que sea entregado a las autoridades peruanas.

Por ello, incluso, convocaron a una conferencia de prensa en la que darían más detalles sobre la llegada de Sánchez a territorio peruano.

En paralelo, desde la Cancillería, otras fuentes acotaron que la expulsión de Sánchez atendía al agotamiento del proceso administrativo que había seguido su pedido de asilo.

“Hace un tiempo esperábamos que los americanos ordenen la deportación. Se mantuvo detenido todo este tiempo y se agotó la vía administrativa. Lo americanos dispusieron su retorno (al Perú)”, comentaron.

Sin embargo, pese a que todo estaba dispuesto para su traslado, este quedó frustrado. Incluso se conoció que el nombre de Sánchez se encontraba en una lista de 142 pasajeros que iban a ser deportados desde Estado Unidos, pero a última hora el empresario fue retirado de la relación.

Ello, según informaron fuentes de la policía, debido a que el amigo de Castillo Terrones interpuso una medida cautelar contra su expulsión decidida por el gobierno de EE.UU.

Las fuentes acotaron que este recurso podría tardar hasta quince días en ser resuelto.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, incluso declaró ayer, afirmando que la expulsión se iba a concretar de todas maneras y que se estaba coordinando el tema. “Lo van hacer, yo he hablado con el ministro y se hará efectivamente”, afirmó Arana.

Incluso, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, indicó que Arana se había retirado de una reunión organizada por su institución alegando que “pidió permiso porque había recibido la información y tenía que retirarse de manera inmediata para hacer las consultas legales correspondientes”.

Hasta el cierre de este informe, ninguna autoridad involucrada en el caso del traslado del dueño de la casa de Sarratea, se pronunció oficialmente sobre la frustrada expulsión de este.

Sánchez Sánchez es el dueño de la casa en la que Castillo Terrones sostuvo diversas reuniones antes y durante la época en que ya se desempeñaba como mandatario.

Según imágenes difundidas por “Cuarto Poder”, la vivienda de Sánchez Sánchez fue el lugar desde donde el exmandatario pretendió despachar y ejercer sus funciones. Así también recibía a congresistas, ministros, empresarios y lobbistas como Karelim López, asesora de la empresa que terminó adjudicándose el proyecto “Puente Tarata”.

Alberto Huapaya

Especialista en extradiciones

El abogado especialista en temas de extradición, Alberto Huapaya, señaló a El Comercio que el caso de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, podría ser diferente al del expresidente Alejandro Toledo; y aunque sí tomará un tiempo su deportación, debido a los recursos que pueda presentar, no tendría por qué extenderse tanto a diferencia de un proceso de extradición.

"No se asemeja al caso de Toledo, porque es una deportación a diferencia de una extradición (como la del expresidente). No obstante, la justicia americana siempre tiene cuidado con temas del debido proceso para evitar responsabilidades. Ahora, si ha presentado una medida cautelar y no creo que sea en quince días, porque hay apelaciones y además puede poner una serie de articulaciones, por lo que podría demorar un poco más", dijo.

 

 

En agosto del 2022, la Fiscalía Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) dispuso incluir a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa de Sarratea, como parte del grupo denominado “Asesores en la sombra” y el “Buró político”, brazos operativos de la presunta red criminal de Pedro Castillo.

Según la tesis fiscal, el procesado es considerado integrante, financista y coordinador de la organización criminal, que conjuntamente con Pedro Castillo, Abel Cabrera, Fray Vásquez -sobrino de Castillo sometido a un proceso de colaboración eficaz- promovieron presuntos actos ilícitos en diversas entidades estatales con la finalidad de beneficiarse económicamente.

Uno de los principales hechos en los que se encontraría implicado es haber invocado influencias ante Castillo Terrones y el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, en busca de financiamiento para la ejecución de diversos proyectos de obras públicas.

Entre estas, habrían estado los 34 proyectos de obras públicas que fueron incluidos en el Decreto de urgencia 102-2021; todo ello a cambio que las empresas beneficiadas les otorguen algún beneficio.

Por ello, se le imputa haber participado en el planeamiento estratégico para el direccionamiento, en fase de priorización, de los proyectos contemplados en el mencionado dispositivo legal.

También es señalado como uno de los coordinadores para la captación de alcaldes que tenían interés en priorizar obras para sus distritos o localidades, a cambio de un beneficio económico.

Según el aspirante a colaborador eficaz 04-2022, Sánchez Sánchez también participó de las reuniones con otros asesores de Castillo para coordinar la llegada a diversos congresistas en busca de que se rechacen -en su momento- los pedidos de vacancia del exmandatario.

“Fray Vásquez, Gian Marco Castillo y Rusbelt Oblitas (…) Alejandro Sánchez Sánchez,y por último el alcalde de Anguía José Nenil Medina. Junto a ellos, el jefe desarrollaba las estrategias sobre temas que se encuentran vinculados al Congreso de la República, sobre todo en la búsqueda de votos a su favor en el Congreso para evitar la vacancia presidencial y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evitar una posible acusación constitucional, entregando a cambio ministerios, designación de funcionarios sin contar con el perfil idóneo y diferentes puestos de trabajo”.

CE-04-2022-EFICCOP

La fiscalía señala que Sánchez Sánchez, de acuerdo a reportes de ONPE, aportó S/46,800.00 en “especie” para el Partido Perú Libre. No obstante, la fiscalía recogió la versión del testigo Hugo Espinoza Lucana, quien señaló que el amigo de Castillo habría aportado más de medio millón de soles.

“Es así que, para dicha constitución del programa criminal, Pedro Castillo Terrones habría hecho participe a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien es un empresario natural de Chota-Cajamarca, a fin que financie la campaña electoral presidencial de la segunda vuelta, aportando según el Colaborador Eficaz CE-03-2022 más de medio millón de soles que no habrían sido declarados, ni bancarizados”, señaló el Ministerio Público.

Sánchez Sánchez, según la tesis fiscal, realizó esfuerzos conjuntamente con otros investigados para lograr la elección de Pedro Castillo, cubriendo parte de los gastos de alimentación, desplazamiento, incluyendo de sus familiares, asumiendo también el pago de parte del alquiler del local de campaña de su partido político ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón.

Según la tesis fiscal, una vez que se dieron los resultados de la primera vuelta electoral de las Elecciones Generales del 2021 -donde Pedro Castillo fue uno de los dos candidatos que debían diputar una segunda vuelta- se dio inicio a la constitución de la presunta organización criminal “Los Asesores en la Sombra” (después del 11 de abril del 2021). Fue entonces que, conjuntamente con Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, Juan Francisco Silva Villegas y otros, se iniciaron las coordinaciones e insertaron sumas de dinero para consolidar la elección de Castillo como jefe de Estado.

Es así que, bajo la tesis fiscal, Sánchez Sánchez -quien también colaboró con la campaña de Castillo- a fin de tener el control de sus inversiones con dinero de origen desconocido, acondicionó su inmueble en la calle Sarratea N° 179- distrito de Breña, para que pueda ser usado por la presunta organización criminal para sus pactos y acuerdos ilícitos.

Allí, agrega la fiscalía, “se instaló un centro de operaciones que sirvió para la designación discrecional, ilegítima e ilícita de Ministros y altos funcionarios del Estado”.

Para el Ministerio Público, existen indicios suficientes que demostrarían que Castillo Terrones habría instalado su centro de operaciones en el inmueble antes mencionado, con el objeto de instrumentalizar el poder en su beneficio y con ello defraudar al Estado.

Por ello, además de las reuniones subrepticias que fueron captadas por “Cuarto Poder”, se dieron otros cónclaves con fines ilícitos.

Por ejemplo, en el expediente fiscal se narra que en la última semana de julio del 2021, cuando Castillo ya había sido electo presidente de la República, se realizó una reunión en el quinto piso de la casa de Sarratea, en la que “los asesores en la sombra” acordaron que Abel Cabrera maneje discrecionalmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que coordinó con Geiner Alvarado para que asuma dicha cartera ministerial.

En el mismo lugar, el brazo inicial de la red criminal, dispuso que Juan Silva Villegas sea designado como ministro de Transportes y Comunicaciones

Los asesores de Castillo también decidieron en Sarratea, según la fiscalía, la designación de Jaqueline Guadalupe Perales Olano como Gerente General de la Superintendencia Suprema Nacional de Bienes Estatales, lo que se materializó en la Resolución N° 0079-2021/SBN del 16 de setiembre del 2021.

Hugo Espino, empresario cuya constructora fue favorecida con una obra en Anguía (Chota, Cajamarca) también narró a la fiscalía haber acudido a la casa de Sarratea y allí encontró a algunos integrantes de “los asesores en la sombra”.