La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, inició un proceso de “pérdida de dominio” sobre los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo, a quien se le sigue dos procesos judiciales por presunta corrupción en los casos Odebrecht y Ecoteva.
La pérdida de dominio es el mecanismo que permite al Estado perseguir los bienes que un investigado adquirió con fondos de origen ilícitos. Se tramita a través de la vía judicial de manera separada de los procesos o eventuales condenas.
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Por ello, se notificó al fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez y a la Corte Suprema de Justicia a fin de que se le remita información sobre los procesos de investigación y extradición de Toledo y de su esposa Eliane Karp.
Alejandro Toledo -sobre quien pesa un proceso de extradición de Estados Unidos- abandonó el viernes último la correccional de Maguire (California) luego de que el juez federal de la Corte del Estado Norte de California, Thomas S. Hixson aceptara el pedido del expresidente de libertad bajo fianza, ante el riesgo de contraer coronavirus.
Consultado sobre la investigación en pérdida de dominio, el abogado Roberto Su, defensa legal de Toledo Manrique y Karp de Toledo, sostuvo que hasta el momento no han sido notificados, pero que sí han tomado conocimiento de esta nueva investigación.
“Lo que sabemos es que se viene armando un expediente en el que se quieren afectar los bienes del señor Toledo. Pero dos de ellos (Las Casuarinas y Torre Omega) ya están afectados, por lo que, posiblemente, quieran hacer la transferencia oficial de estas a nombre del Estado pues Josef Maiman ha reconocido que a él se le entregó el dinero ilícito, y que con eso compró él la casa de las Casuarinas”, dijo.
En el caso de los bienes de Punta Sal (Tumbes) y Camacho, Su Rivadeneyra dijo que el dinero fue prestado por Maiman, y que, con ello, se pagó parte de la hipoteca de ambos inmuebles. Por tanto, indicó, la fiscalía buscaría afectar el porcentaje de cada uno de estas casas.
“Pero hay que tener en cuenta que, mientras no se establezca la responsabilidad penal (de Toledo y Karp) los bienes no pueden ser afectados. Además, se debe tener en cuenta que el préstamo de dinero lo recibió sin conocer el origen de ese dinero, que se hizo siete u ocho años tras, cuando no se sabía de Odebrecht”, afirmó el abogado.
Todos los inmuebles se encuentran bajo la administración temporal del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) adscrito al Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta medida es provisional hasta que se concluya con el proceso judicial contra Toledo Manrique y otros.
Las propiedades inmuebles vinculadas al exmandatario presidencial son cuatro y fueron incautadas por el Ministerio Público tras iniciarse las investigaciones contra Toledo en enero del 2017.
Se trata de una Vivienda en la calle Cascajal de La Molina, una casa de playa en Tumbes, un conjunto de oficinas y depósitos en la Torre Omega (Surco) y parte la casa de Camacho. Todo ello valorizado en 14 millones de soles aproximadamente.
En octubre de 2017, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) informó que usará los inmuebles incautados a Toledo como parte del proceso penal que se le sigue por el delito de lavado de activos.