Amplían investigación a Keiko Fujimori e incluyen a su abogada

El fiscal José Domingo Pérez incluyó el delito de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por los aportes de campaña que recibió su partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

Pérez también amplió la investigación por este delito al procesado Vicente Silva Checa. Hasta ahora, Fujimori y Silva Checa –entre otros– eran investigados por presunto lavado de activos por el dinero que Odebrecht aportó para el proceso electoral del 2011, como parte de una presunta organización criminal constituida en el interior de ese partido.

Según la resolución, a la que accedió El Comercio, parte de la función de Silva Checa era “encontrar mecanismos para impedir las investigaciones” de la fiscalía o entorpecerlas.

Para ello –señala Pérez– se contactó al Estudio Oré Guardia, el mismo que proveía abogados a la presunta organización criminal para “amenazar a testigos [del caso de lavado de activos] para que no declaren o declaren falsamente para obstaculizar” las pesquisas.

Según la tesis fiscal, tanto Keiko Fujimori como Silva Checa habrían instigado a los abogados para que “con amenazas impidan las declaraciones” de testigos y supuestos aportantes de campaña falsos.

Se menciona, por ejemplo, que estos eran citados en el Estudio Oré Guardia, en San Borja, donde se les inducía a que ratificaran ante la fiscalía que entregaron dinero a la campaña de Fuerza 2011, a pesar de que no lo hicieron y que los aportes fueron simulados.

Además, de acuerdo con el fiscal, los abogados les mencionaban que si cambiaban de versión, Fuerza Popular iba a demandarlos; es decir, se les inducía a trabar la investigación.

En diálogo con El Comercio, el abogado Fredy Valenzuela, representante del Estudio Oré Guardia, indicó que trabajaron con el partido de Fujimori entre el 2015 y el 2017 y que recibieron a unos nueve aportantes a la campaña, pero, aseguró: “Nunca supimos que habría testigos o aportantes falsos”.

“Negamos categóricamente que se haya amenazado a algún testigo”, acotó.

—Nuevos imputados—
El fiscal Pérez también atribuye el delito de obstrucción a la justicia a seis abogados: Giulliana Loza (defensora legal de Keiko Fujimori), Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro.

Estos fueron identificados como parte del “staff de abogados con que contaba Keiko Fujimori para obstruir” la labor fiscal.

Al respecto, Loza y Valenzuela esbozaron un argumento de defensa similar: que los testigos han ofrecido versiones falsas, no corroboradas y que no hay más elementos de juicio que las respalden.

Valenzuela precisó que Oré Guardia nunca tuvo a su cargo los casos referidos a Fuerza Popular, pues estos eran responsabilidad de García Navarro. También negó que los demás imputados tengan relación contractual con su estudio. Agregó que evalúan qué acciones tomar frente a la decisión fiscal.

“[Los] testigos se han entrevistado conmigo, lo cual no es nada irregular, y dicen erróneamente afirmaciones que, estoy segura, voy a desvirtuar en las instancias correspondientes”, enfatizó Giulliana Loza.

El abogado Carlos García, defensor legal de Silva Checa, dijo que aún no ha sido notificado de la ampliación de investigación pero señaló que los cargos contra su patrocinado “son débiles y basados en conjeturas”. “Bajo ese esquema de asesor en la sombra que le imputan lo acusan de todo”, refirió.

Consultados por este Diario, los abogados penalistas Héctor Rojas y Luciano López coincidieron en que no hay un impedimento legal para que Loza continúe ejerciendo la defensa legal de Fujimori en este proceso.

Loza indicó que ella asumirá su propia defensa.