Áreas extras cuestan hasta S/20 millones anuales al Congreso

La planilla del Congreso esconde más de una sorpresa. En su estructura se mantienen unas 330 personas en áreas paralelas al organigrama tradicional. Se conocen como grupos funcionales y representan un gasto de hasta S/20 millones cada año.

Esta práctica –según los archivos legislativos– comenzó a finales del 2010 y se repite hasta la fecha con la anuencia de la Mesa Directiva, formada por el presidente del Congreso y sus vicepresidentes.

“Los grupos funcionales son una mala práctica creada años atrás por las mesas directivas. Se crearon solo con el fin de contratar personal o para mantener el exceso de gente que tiene la planilla. Lo que usualmente sucede es que la presidencia y vicepresidencias se reparten los cupos por porcentaje”, explica el especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi.

De los 335 trabajadores en las planillas de los grupos funcionales a enero de este año, el 88% está contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728; es decir, reciben 16 sueldos anuales, además de S/1.000 aproximados mensuales por concepto de refrigerio y S/7.500 en bonos semestrales.

Los ingresos para los grupos funcionales van desde los S/1.000 hasta los S/14.500, máximo salario que puede recibir un trabajador del Parlamento. Un congresista, por ejemplo, tiene una remuneración de S/15.600.

De los 158 trabajadores a los que la gestión de Daniel Salaverry no renovó contrato este año, unos 24 pertenecían a estas planillas.
“No tengo idea para qué sirven estos grupos. Cuando yo era oficial mayor (2003-2006) no existían. Me imagino que tienen que ver con categorías de función, pero no estoy de acuerdo. Los parlamentos que mejor funcionan en el mundo siguen el esquema orgánico básico: uno de organización y otro de servicio parlamentario, además de las oficinas de apoyo, sobre todo en el área procesal parlamentaria, que es la más importante y a la cual debe servir la administración, que no debe ser tan grande como ahora”, menciona José Elice, director ejecutivo de la ONG Reflexión Democrática.

Para Elice, “aquello que no es parlamentario no debe estar en el Congreso”.

Otras fuentes legislativas explicaron a El Comercio que los grupos funcionales buscan ocultar el verdadero número de personas que trabajan en ciertas áreas y oficinas. Por eso mismo, sus nombres guardan relación con algunas dependencias que figuran en el organigrama oficial del Parlamento.

Un ejemplo claro es que, a pesar de tener una Oficina de Comunicaciones con más de 70 trabajadores, existe un grupo funcional de Prensa con 12 personas y otro para el canal de televisión del Congreso con 13 personas.

Estas fuentes también señalaron que se cuenta con un grupo funcional de Protocolo y otro grupo funcional de Asuntos Interparlamentarios cuando existe una Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios.

Otros grupos funcionales de la planilla son los de Imprenta, Servicio Médico, Reproducción de Documentos, Elaboración de Carpetas Temáticas y Antecedentes Legislativos.

—Desborde de personal—

Rospigliosi y Elice coinciden en que hay diversas áreas del Congreso de la República que no deberían existir y otras que deberían fusionarse para evitar la duplicidad de funciones.

“Yo estoy seguro de que el área de Comunicaciones es más grande que cualquier medio de comunicación”, sostiene Alejandro Rospigliosi.

“No se justifica el elevado número de dependencias. La mayoría de Congresos del mundo tiene una Oficialía Mayor con un área administrativa y procesal parlamentaria, léase trámite documentario, relatoría y agenda, grabaciones y transcripciones, y elaboración del acta. Las asesorías corresponden a las comisiones y ahí tienes al personal de confianza de los congresistas y de los grupos parlamentarios. Además, el Congreso tiene oficinas que realizan labores extraparlamentarias, tales como el Fondo Editorial o las que realizan servicio social”, agrega Elice.

Ambos especialistas parlamentarios también critican las áreas de representación, las mismas que –a su parecer– deberían estar a cargo de los parlamentarios y sus despachos. Se refieren específicamente al Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana y a la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. La mayoría de trabajadores de estas dependencias, a las que la actual gestión no renovó contrato, eran militantes de Fuerza Popular.

“Estas áreas tienen la fama de ser la que más cuestan fuera de sus remuneraciones, pues viajan constantemente a provincias con el argumento de realizar conferencias y capacitaciones a la ciudadanía”, señala Rospigliosi.

El experto en temas parlamentarios añade que varias dependencias se encargan de brindar soporte estadístico y de antecedentes a los congresistas, pero esta es una labor que pueden hacer los despachos.

En el Parlamento peruano hay un Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, una Oficina de Gestión de la Información y Estadística, y un Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Esto, sin contar los grupos funcionales como el de Antecedentes Legislativos.

Algunas dependencias se han ido reduciendo en la gestión de Daniel Salaverry; por ejemplo, el Módulo de Apoyo al Trabajo Parlamentario, que ha quedado reducido a una sola persona; y la Oficina de la Defensa de las Leyes, encargada de refutar las acciones de inconstitucionalidad contra leyes del Congreso, que ha pasado de nueve a cuatro trabajadores. 

—Sueldos dispares—
La revisión de las planillas del Congreso también permitió detectar una serie de incongruencias en los sueldos de los funcionarios.
En la planilla de enero, la última actualización en el portal de Transparencia del Congreso, muestra que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano tiene un jefe que percibe S/14.500 de remuneración y un especialista parlamentario que gana S/15.196. Otros dos trabajadores de la misma área (bajo los cargos de especialista y profesional) ganan S/200 menos que el responsable del equipo.

En el Área de Trámite Documentario ocurre que tanto el jefe como un trabajador con el cargo de profesional perciben el mismo sueldo: S/14.237. Esta situación se repite en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.