Bruno Pacheco: El peso del testimonio del jefe de Sunat en la orden de impedimento de salida del país

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Pacheco Castillo es investigado desde el pasado 17 de noviembre por el fiscal anticorrupción Marco Huamán. Esto, luego de darse a conocer una serie de conversaciones vía Whatsapp y Telegram que mantuvo con el jefe de la Sunat, Luis Vera; donde le solicitaba “apoyo” para dos empresas y una persona natural.

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La magistrada dio por acreditados los requisitos para imponer la medida de impedimento de salida del país contra el exfuncionario.

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“A manera de conclusión, es de afirmar que el requerimiento fiscal formulado cumple con todos los presupuestos exigidos por el ordenamiento procesal (....) por lo que es del caso acceder a la misma e imponerla por el plazo de ocho meses, tal como se ha solicitado, toda vez, que es un tiempo razonable para que se practiquen las diligencias faltantes y se pueda decidir en relación a la denuncia presentada”, pronunció Estacio Soria.

El peso de los chats y del testimonio del jefe de la Sunat

El jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo -según el documento judicial- declaró ante la Fiscalía que los hechos investigados, es decir los pedidos que le realizó Bruno Pacheco, se habrían producido entre el 22 de septiembre de 2021 al 07 de octubre de 2021.

Además, se tuvo en cuenta las impresiones de las conversaciones entre el jefe de la Sunat y el exfuncionario, extraidas del celular del titular de la Sunat que entregó a la Fiscalía el 25 de noviembre.

Junto a ello, los informes sobre los procedimientos administrativos de fiscalización, impugnatorios, y cobranza coactiva iniciados por el Grupo Deltron International SAC, los procedimientos administrativos iniciados por la empresa MQVC CORPORSTION SAC (representada por Jose Luis Hanco Lupinta) y el informe de la Intendencia Regional La Libertad en el proceso de convocatoria a un martillero público.

Tras realizar un analisis entre los “chats” que envió Pacheco a Vera -publicados por la Revista Lima Gris- y los informes de los diversos procesos, el Poder Judicial determinó que dichos elementos “cumplen con el principio de intervención indiciaria” para la investigación.

“En efecto, tal como se ha dejado establecido, nos encontramos ante un hecho de apariencia delictiva, específicamente de un presunto delito de tráfico de influencias agravada”, expresó.

Vera manifestó que en el caso de Deltron y MQVC Corporstion SAC, Pacheco le insistió hasta en cinco oportunidades y en fechas diferentes (entre el 9 de setiembre del 2021 al 7 de octubre del 2021). Mientras que, por el caso del martillero Marco Antonio Urbina Chumpitassi, fue en dos oportunidades.

“Así tenemos que, según la declaración de Vera Castillo, el investigado Pacheco Castillo fue insistente en interceder en favor de los administrados Grupo Deltron International SAC, MQVC Corporstion SAC, pues solicito la intervención de Vera Castillo en su favor, en más de una oportunidad”, reseñó la magistrada.

Como se recuerda, la abogada del ex secretario general, Giuliana Quiñones, afirmó que los “chats” fueron “fabricados”.

Sin embargo, esto fue descartado por la magistrada quien explicó que Pacheco podría acreditarlo con el teléfono celular que usó en las fechas de dichas conversaciones, sin embargo ello no era posible pues el investigado argumentó que el aparato móvil se extravió.

“Por ello, a criterio de la suscrita, y estando a las actuaciones fiscales, los chats que han sido presentados como elementos de convicción mantienen su valor indiciario”, dijo la jueza Estacio como primera conclusión.

Coinciden pedidos con procesos

En otro punto, la magistrada detalló cada uno de los procesos y las circunstancias en las que Pacheco Castillo habría intervenido para pedir apoyo al jefe de la Sunat.

Sobre el caso del Grupo Deltron International SAC el favorecimiento que solicitaba el ex secretario general de Palacio de Gobierno se refería al proceso de reclamación que la empresa tramitaba ante la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat.

Dicho proceso era sujeto de apelación ante el Tribunal Fiscal conforme se consigna en la Resolución de Intendencia N° 0150140016149 de fecha 17 de setiembre del 2021, la misma que fue remitida por el investigado Pacheco Castillo a Vera Castillo el 22 de setiembre del 2021.

“Es decir, cuando (el proceso) aún se encontraba pendiente de apelación a efectos que el Tribunal Fiscal puede revisarlo”, precisó la jueza.

Sobre el pedido para apoyar a la empresa QVC Corporstion SAC, la jueza explicó que estaba vinculado a un procedimiento de solicitud de ampliación de toneladas de capacidad de importación de mineral que se encontraba tramitando ante la Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados, que había sido sido solicitado y registrado con fecha 13 de setiembre del 2021.

“Por lo que, cuando dicha solicitud fue remitida por el investigado Pacheco Castillo a Vera Castillo con fecha 29 de setiembre del 2021, se encuentra pendiente de resolver en dicha entidad”, agregó.

Además, indicó que la defensa de Pacheco no alegó nada sobre dichos contextos, ni tampoco dio argumentos sobre el pedido a favor del martillero en La Libertad.

“En este punto de análisis, se debe dejar anotado que nos encontramos ante unos hechos de apariencia delictiva, que se encuentran mínimamente corroborados y que permiten al Ministerio Público ejercer su facultad constitucional de investigar a fin de averiguar la verdad de los graves hechos denunciados”, se indica en la resolución.

Peligro de fuga y arraigos

La jueza Estacio Soria también consideró que la defensa técnica no logró esclarecer el domicilio donde radica Pacheco, pues este ha usado en forma indistinta las “dos direcciones” que el Ministerio Público ha identificado. Además, que en el acta notarial levantado a un inmueble donde no fue hallado, no se dejó constancia de la existencia de enseres o bienes personales del investigado al interior de la vivienda.

Finalmente, se dio por acreditada la posición del fiscal adjunto Edwin Manrique -quien sustentó el requerimiento- sobre el posible peligro de fuga de Pacheco Castillo, pese a que entregó su pasaporte.

“Ante la existencia de una posible salida del país por parte del requerido, se encuentra justificada la adopción de la medida de impedimento de salida del país para asegurar la averiguación de la verdad”, concluyó Estacio.

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