(Ilustración: Rolando Pinillos)
(Ilustración: Rolando Pinillos)

Lava Jato nos remite permanentemente al tema del financiamiento de la política desde el lado de la corrupción. Ese lado oscuro de la política, donde quizá muy pocos sepan qué ocurre, es lo que anima, desde diversos sectores, a plantear reformas al tema del financiamiento de los partidos y campañas electorales. Es más, ya hay una propuesta de dictamen que obra en la Comisión de Constitución. Esta recoge los diversos aportes de las bancadas, organismos electorales y sociedad civil. La gran mayoría de estas inclinan sus propuestas a exigir mayor transparencia en el origen de los fondos, prohibiciones de aportes y sanciones a los que infrinjan la ley. Son, sobre todo, punitivas. El propósito sería resguardar que no ingrese dinero sucio a la política y que las sanciones desincentiven estas prácticas perversas.

El origen del dinero en las campañas proviene del ámbito privado y público. Sin embargo, la experiencia indica que la supervisión del dinero que ingresa de fuente privada es la más complicada de hacer.

Hay un problema que se tiene que resolver, de lo contrario las propuestas terminarán en ser meros formalismos o los partidos burlarán la ley. Se trata de la brecha entre los altos costos de campaña y la escasez de dinero en la caja de los partidos. Para la última campaña electoral todos los partidos reportaron un gasto de 55 millones de soles que, si bien es un monto bajo comparado con otros países de la región, es altamente probable que estos no hayan consignado todo lo que ingresó a sus arcas. ¿Cómo se cubre esto? ¿Con aportes individuales o de empresas? Los topes de la ley lo hacen imposible, ¿recursos propios o gestión de sus patrimonios? Los partidos no los tienen. Quienes los tienen son las empresas formales, informales y las de origen ilícito. Algunas de estas quieren influir en la política y tienen por delante organizaciones necesitadas de recursos.

Si estamos, además, delante de partidos con altas dosis de informalidad, es difícil que las normas se cumplan. Por ejemplo, si el tesorero del partido es el responsable de las finanzas, el candidato presidencial no necesariamente lo incorpora al equipo de campaña y se producen generalmente dos contabilidades. El oficial, obviamente, no tendrá toda la información. Igualmente ocurre con los candidatos al Parlamento, pues el partido no entrega ningún dinero para sus campañas. Eso empuja a que cada uno busque su financiamiento, permitido por el voto preferencial, que es un mecanismo que imposibilita que el partido controle a sus candidatos, al igual que la ONPE.

Para que los partidos no sean vulnerables, se requiere ampliar la franja electoral en televisión, tanto en días como en el tiempo diario, pero fuera de eso no podrán los partidos comprar espacios televisivos (Brasil, Chile y México lo hacen). El gasto en televisión bordea el 70% del gasto total de campaña. A eso se le debe sumar financiamiento específico para las campañas electorales, como ocurre en toda la región. Con eso la necesidad de dinero de origen privado se reduce ostensiblemente, como la vulnerabilidad de los candidatos y partidos. Sobre esa base, sí se puede exigir lo que señalan las propuestas antes señaladas. De lo contrario, partidos necesitados de dinero burlarán la ley para conseguirlo. Como hasta ahora.

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