(Foto: El Comercio)
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El contralor ya no depende de sus respuestas. Tras conocerse las denuncias contra él por las presuntas compras y ventas irregulares de autos y la sospechosa liquidación en el cese de una trabajadora vinculada a él, la fiscalía y el Congreso han tomado participación en el asunto.

Teniendo en cuenta ello, la posición de frente al caso cobra un valor distinto pues, además de tratarse del grupo parlamentario mayoritario, sus adversarios han atribuido una cercanía política entre Alarcón y la agrupación naranja.

Daniel Salaverry, vocero alterno de Fuerza Popular, confirmó a este Diario que las acusaciones contra el contralor serán analizadas este martes en la reunión semanal de bancada. ¿Cuáles son las posibles consecuencias políticas de la decisión que adopte el fujimorismo frente al tema?

De antemano, la bancada del partido de Keiko Fujimori puede optar por dos alternativas: la dilación del asunto o, por el contrario, una posición cerrada con el objetivo de que el tema sea prontamente investigado y -de ser necesario- castigado.

Para el analista político Luis Nunes, a Fuerza Popular no le tomará mucho tiempo tomar consciencia de que esta es una oportunidad política para lanzar un mensaje al país en torno a la lucha anticorrupción.

“A su manera, la lideresa del partido ha dado el discurso de que se quiere romper con el pasado y todo lo que podría atar al fujimorismo a viejas prácticas de corrupción. Lo lógico es que con miras al proyecto político del 2021 y con esos gestos mostrados, se tome una decisión en frío de lo que resulte de la investigación, más allá de las cercanías con Alarcón”, afirma.

En ese sentido, Nunes señala que es prioritario que se agilicen las indagaciones en pos de que la opinión pública no entienda que existe ineficiencia o que se desea encubrir a algún funcionario.

Según el analista político José Carlos Requena, tarde o temprano el fujimorismo “va a tener que ser realista” respecto a lo sucedido, a pesar de que Edgar Alarcón “haya querido ser instrumental a Fuerza Popular”.

“A estas alturas, el contralor es una persona muy debilitada, tiene problemas serios de reputación. Lo más probable es que el tema vaya a la Comisión Permanente y se aseguren los mecanismos que garanticen la remoción. Su presencia en el cargo es insostenible y no solo por las cosas que han pasado, sino también porque habrá una reconstrucción, por el destrabe que se pide a nivel de gestión pública”, indica.

Asimismo, Requena manifiesta a este Diario que a partir de las declaraciones dadas en los últimos días por los parlamentarios fujimoristas Luz Salgados o Miguel Ángel Torres, Fuerza Popular ya se percató de que este puede significar un potencial problema.

-La posibilidad de un escenario distinto-
En consideración del analista político Fernando Tuesta, la probabilidad de que el fujimorismo no llegue a un consenso por este tema es baja. Para él, Fuerza Popular valorará que este “no es un tema menor”, además de que existen otros asuntos donde las diferencias sí fueron notorias desde un principio.

“No es un tema que pueda separar aguas. No será un lugar donde la división vaya a evidenciarse. Además, si bien hay tonos diferenciados, dejando de lado a Kenji [Fujimori], lo demás es más armonioso”, menciona.

José Carlos Requena concluye en que sería extraño que Fuerza Popular incite a que las investigaciones sobre el caso se alarguen ya que “los últimos congresos han actuado escuchando las críticas, las voces y siguiendo las corrientes de opinión”.

“Creo que el contralor no tiene ningún espacio en el puesto. Veo poco probable que se opte por esto. De ir en ese sentido, el fujimorismo estaría afectando gravemente ese énfasis anticorrupción que ha querido promover en otras iniciativas, como en la de Chinchero”, argumenta.

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