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El miércoles por la noche, la comisión especial encargada de seleccionar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional presentó la lista de once candidatos. Tres de los once propuestos ya han adelantado opinión sobre temas claves que este organismo debatirá en los próximos meses.
El más activo en el debate ha sido el expresidente de este organismo, Ernesto Álvarez Miranda. En agosto, Álvarez firmó un pronunciamiento de un grupo de constitucionalistas que calificaba como “inconveniente” que se recorte el mandato del Ejecutivo y el Legislativo, y criticaba que se plantee una cuestión de confianza respecto a una reforma constitucional.
Álvarez, a través de sus columnas en el diario Expreso, ha calificado el proyecto del Ejecutivo como una iniciativa que “viola el núcleo duro constitucional” y “amenaza quebrar el régimen constitucional adelantando las elecciones generales”. Para él, el Ejecutivo no le puede poner plazos al Legislativo, por lo que hay una “violación del principio de separación de poderes”.
En las mismas páginas, Álvarez sostiene que no sería válido presentar una cuestión de confianza terminado el debate en el Congreso, pues el TC ya ha determinado que este procedimiento solo aplica en apoyo de medidas gubernamentales.
Álvarez fue propuesto por el congresista Clayton Galván (Cambio 21). En conversación con El Comercio, Galván señaló que no conoce a Álvarez ni sus opiniones sobre estos temas. “Me llegó su currículum y el de Milagros Campos a mi despacho. Desconozco quién lo hizo llegar”, dice. Sin embargo, los propuso a ambos. Señala que el pleno evaluará a los candidatos.
Carlos Hakansson, doctor por la Universidad de Navarra y docente de la Universidad de Piura, tiene puntos de vista similares. A través de sus columnas en el diario Correo, Hakansson ha señalado que el adelanto de elecciones “será un mal precedente porque terminará burlando las disposiciones constitucionales” y que “la propuesta de reforma constitucional de un gobierno fallido resulta un despropósito, debe ser rechazado y archivado por el Congreso”.
Para él, una modificación constitucional no afectaría este mandato, sino el próximo. En su interpretación, la reforma constitucional que se hizo en el 2000 para recortar el periodo parlamentario no tuvo efecto, pues “la crisis terminó siendo resuelta por la renuncia presidencial –en realidad fue destituido– y de los vicepresidentes”, por lo que se convocó a nuevas elecciones.
Hakansson también ha escrito sobre otro tema que podría debatirse en el TC: la demanda de competencia –aún no planteada por el Congreso– respecto a la cuestión de confianza. Aunque señala que el TC solo se pronuncia sobre acciones concretas –en este caso sería sobre la presentación de una cuestión de confianza ante un eventual rechazo de la propuesta de adelanto de elecciones–, en este caso, este organismo sí debería pronunciarse por el caracter extraordinario de la situación.
La congresista Marisol Espinoza (APP), quien propuso a Hakansson, no contestó las llamadas ni mensajes.
Aunque no mantiene la formalidad que los otros dos, Wilber Medina, exabogado del expresidente Alan García, también ha adelantado opinión en temas que entrarán en debate en el TC. Desde su cuenta de Twitter @wilbermedinab, ha calificado el proyecto del presidente Martín Vizcarra –a quien califica como “incompetente e inepto”– como “inconstitucional”.
Además, Medina se ha manifestado a favor de la libertad de Keiko Fujimori, a quien califica como “presa política por odio ideológico de sus adversarios comunistas”. Su situación se debatirá a partir del miércoles 25 de setiembre en este organismo a raíz del hábeas corpus presentado por su hermana Sachie Fujimori.
El 8 de agosto, Medina le respondió un tuit al congresista Luis Galarreta señalando: “mañana vencerá @KeikoFujimori a la mafia y ciertamente la Corte Suprema declarará fundada su casación y ordenará su inmediata libertad”.
Javier Velásquez Quesquén (Apra), quien impulsó la candidatura de Medina, señaló que no se puede desmerecer a un candidato “que defendió a tal o simpatizó con tal”. Además, sostuvo que "si la opinión se hubiese dado en el cargo se podría discutir, pero no hay inconveniente alguno".
–Tendencias–
Las tendencias que podrían plantear otras dos candidatas sobre estos temas también se dejan traslucir. De un lado, la exprocuradora Delia Muñoz ha dejado sostenido que no se pueden hacer reformas constitucionales sobre aspectos de la regulaciones que “están escritas sobre piedra y no se pueden modificar”: el modelo económico, el modelo político, y dentro de esta última las elecciones periódicas. Su argumento apunta a señalar que no se podría recortar el mandato de las autoridades.
De otro lado, entre los candidatos también se encuentra Milagros Campos, exintegrante de la comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ella, si bien no se ha pronunciado sobre los temas que llegarán al debate en el pleno del TC, integró el grupo elegido por el gobierno de Martín Vizcarra para proponer reformas que en el Congreso fueron lentamente debatidas, modificadas o que hasta la fecha no han sido vistas, lo que motivó los últimos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo.
–Constitucionalistas opinan–
En opinión del constitucionalista Luciano López, hay dos problemas principales: la oportunidad y el sistema de la elección. Considera que en esta coyuntura el TC es clave por lo que es un mal momento para elegir. A eso se suma que la forma de elección es perversa, pues se propone “lo que mejor le parezca a los miembros de una comisión. Es un cheque en blanco al Congreso”, dice.
En tanto, para el exmagistrado Óscar Urviola, aunque no se debe descalificar a un candidato por sus opiniones, lo principal es seleccionarlos en base a su trayectoria. Urviola añade que las valoraciones que hayan hecho los candidatos en base a información pública no necesariamente va a ir de la mano con los pronunciamientos que emitan cuando conozcan los expedientes de cada caso que llegarán a sus manos.
