(Foto: Alonso Chero / El Comercio)
(Foto: Alonso Chero / El Comercio)
Fernando Vivas

El Ministerio del Interior, cartera de Carlos Morán, quema. Pende de un imprevisto, de un atraco, de una bala perdida. Ni siquiera de un hecho violento, sino de una ‘percepción’, como lo saben bien varios de sus predecesores que no duraron lo que debieron durar.

Mientras preparamos la escena para las fotos, coincidimos en una idea –que se proscriban los cambistas callejeros en toda Lima–, pero hay muchos problemas y soluciones aun más polémicas que esa.

—¿Qué lección sacar del caso de Elvis Miranda? Nos alegra que lo liberaran de una prisión injusta, pero no cometió un acto ejemplar al disparar, ¿no?
Era una sanción abusiva, pero no hemos querido decir que sustraemos al suboficial Miranda de la investigación sobre el caso. Nos alegramos de la gran solidaridad manifestada por la población.

—La empatía de ciudadanos y policías siempre es buena.
Es inédita en mi experiencia esta manifiesta solidaridad de los ciudadanos y del propio presidente. Para nosotros fue una intervención legítima.

—Sin poner en riesgo los intereses de Miranda, usted ha hablado con él, ¿le dijo que no quería matar al delincuente?
Si conversas con él, verás que es un joven de 24 años sin antecedentes policiales, un año de servicio, una familia formada, no es un asesino ni un pistolero, sino una persona que con toda la vehemencia de la intervención policial procede a actuar.

—Más preocupa que un ciudadano como Abel Valdivia, que no es policía, se ponga a disparar en Miraflores luego de que le robaran.
Soy bien claro, va a tener respaldo el policía que actúa en cumplimiento de su deber. Lo ampara la Constitución. Muy aparte es que a un ciudadano con una licencia se le ocurra intervenir y disparar a mansalva sin medir los riesgos. El arma es para defensa propia o de terceros, nada más.

—¿Ayuda que un alcalde quiera prohibir que dos personas vayan en moto?
Lima tiene 43 distritos, Miraflores es un gobierno local importante. No estoy de acuerdo con esas prácticas prohibitivas.

—Olvidemos a Miraflores. ¿Si fuera para toda Lima, como ya lo sugirió su antecesor Carlos Basombrío?
Eso tendría que ser evaluado por lo menos con el alcalde Muñoz. Las soluciones que involucran a toda Lima no pueden ser focalizadas.

—George Forsyth hace una interesante campaña poniendo la seguridad por delante. ¿Qué tanto el respaldo que le dé podría malinterpretarse por otros 1.800 alcaldes?
Antes de que Forsyth llegue a este despacho, ya trabajábamos con indicadores focalizados en el Callao, La Victoria y San Juan de Lurigancho. El de La Victoria es un problema de inacción de muchos años de sus autoridades.

—Claro, el ex alcalde [Elías Cuba] está preso y también hay policías implicados.
Con Forsyth hay una empatía y estamos preparando una gran operación, tenemos carpetas fiscales sobre crimen organizado. No puedo hacer más precisiones.

—Ahora, desaparecer el comercio ambulatorio en un lado es empujarlo hacia otro.
Ese es un gran problema, lo hemos comentado. La administración del comercio informal es un tema municipal eminentemente. La policía va a colaborar.

—Barrio Seguro ha resultado eficaz. ¿Van a profundizarlo?
El gran problema en el país es que los procesos se interrumpen. ¿Has visto la galería de ministros [los retratos cuelgan en la sala de espera]? Se cambian cada cuatro o cinco meses. Valoremos las estrategias que tienen continuidad, no nos quedemos solo en las cifras, sino en darles sostenibilidad con la participación efectiva de todos los sectores del Estado. Sí, lo vamos a continuar.

—Las estadísticas acaban de salir, apenas un ligero incremento desde el 2017. Pero los delitos que hacen volumen son de poca monta, robos de celulares y billeteras. Sin embargo, inciden en la alta percepción.
La victimización está como en 26% y la percepción es muy alta, como de 87%. Los delitos de alta complejidad son contra organizaciones criminales. La PNP tiene experiencia en eso de muchos años. Cuando era coronel vi el caso de alta complejidad contra Fernando Zevallos. El capitán Colchado era mi subordinado y ahora hay varios ‘colchados’ y gastamos más recursos y tecnología en delitos de alta complejidad. Pero la sorpresa es que la percepción y victimización es casi estable y la imagen de la policía ha bajado. ¿Qué hemos hecho?

—¿Cómo responde a su pregunta?
Hay que atacar los delitos menudos que hacen daño, que el ciudadano piensa: “No me interesa si capturan a Los Ediles de La Victoria o a Las Hienas de Chimbote, sino que a mi hijo no le roben el celular”.

—Es el miedo cotidiano de los padres. Pero no ataquemos un problema a costa del otro, ¿no?
No, de ninguna manera. Los grandes casos van a seguir su carril, tienen su propia dinámica, pero nuestra gestión le dará la misma importancia a lo otro. Les daremos rol protagónico a las comisarías.

—En otras sociedades la policía se municipaliza. No se habla aquí de esa reforma radical, pero se puede acercar más al policía a la comunidad, ¿no?
Mi objetivo, tengo varios, es la especialización del policía. Estamos calificando a los comisarios por perfiles, es una tara que se les elija por puntaje.

—En la última encuesta hay un 30% de gente que dice que no denuncia porque no vale la pena.
Es una cifra negra que revela que falta confianza en la policía. [...] Vamos a fortalecer la capacitación descentralizadamente, priorizando ciudades y distritos con mayor índice delictivo. Vamos a evaluar cada tres meses a los comisarios y vamos a ver índices, no los cientos de ‘ketes’ o armas decomisadas, sino los que maneja el INEI. Tienes que bajar los indicadores [de criminalidad] en tu comunidad.

—Presupuesto por resultados.
Quiero que la policía haga su tarea. Al final, el gran evaluador es la ciudadanía. Podemos tener mil estrategias y buenas intenciones, pero si no hay resultados...

—A veces hay una ‘policialización’ de la política. ¿El caso de Alan García para usted es una página volteada [luego del peritaje fiscal que concluyó que no hubo ‘chuponeo’]?
Cuando se produce el asilo frustrado del señor García, por sentido común pensamos que había que protegerlo, porque hay una gran cantidad de peruanos que no lo quieren. Y alguien tuvo la brillante idea de poner una camioneta que pueda monitorear imágenes a distancia.

—Veamos el caso Hinostroza. ¿Ya detectaron dónde estuvo la falla en la vigilancia?
Cuando asumí la cartera esto ya había sucedido y el costo político lo pagó el ministro Mauro Medina, el jefe de Migraciones, el comandante general de la PNP. Recién se ha filtrado, por la declaración del fiscal Pablo Sánchez, que había encargado vigilancia.

—Entonces, ¿usted no sabía que había una vigilancia?
Había oficiales a cargo, [pero] no había información de la orden fiscal del doctor Sánchez. Ya hay una investigación en curso para saber si alguien levantó la vigilancia o hubo negligencia.

—Negligencia o corrupción.
Alguien tendrá que responder a eso.

—¿Está de acuerdo con la colaboración de la PNP y las FF.AA. en el Vraem?
Sí, pero con otro nivel de cooperación. Las FF.AA. tienen la infraestructura, la logística; la policía, la inteligencia. Haremos una buena simbiosis.