Juez Sánchez Balbuena evaluará pedido de fiscal Geovana Mori que solicitó 36 meses de prisión preventiva contra nueve investigados en el caso Costa Verde Callao. (Foto: GEC)
Juez Sánchez Balbuena evaluará pedido de fiscal Geovana Mori que solicitó 36 meses de prisión preventiva contra nueve investigados en el caso Costa Verde Callao. (Foto: GEC)

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, reprogramó para este jueves a las 3 de la tarde la audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de 36 meses prisión preventiva contra nueve investigados por el caso de la obra , adjudicada a .

Esta diligencia inicialmente se había previsto para esta mañana, pero ante la presentación de nueva información fiscal se dio más plazo a los abogados de los procesados. Se trata de uno de los cuatro proyectos sobre los que la empresa constructora Odebrecht firmó el acuerdo de colaboración eficaz.

El requerimiento de prisión preventiva fue presentado por la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, a cargo de las investigaciones.

La solicitud de prisión preventiva incluye a Ántero Millán Díaz, Nancy Suito Meza, Jorge Luis Avilés Astudillo, Víctor Suelpres Jerez, Marco Antonio Palomino Peña, Roberto Sandoval Guzmán, Helberth Barrera Bardales, Eber Ramírez Sánchez y Jorge Villarreal Ruiz.

Estos son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible, organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

Todos ellos son ex funcionarios del gobierno regional del Callao, que habrían intervenido en la adjudicación de la obra para beneficiar a Odebrecht.

Por este caso también es investigado el ex gobernador regional Félix Moreno, quien es sindicado como el líder de la presunta organización criminal. 

Sobre Félix Moreno pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses por esta investigación. Hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

La Costa Verde Callao es una de las cuatro obras incluidas en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Es decir, la constructora ha reconocido haber cometido actos de corrupción en el proyecto.