Caso Gonzalo Monteverde: fiscalía incauta tres inmuebles tras orden judicial

Personal del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, realiza una diligencia de incautación con fines de decomiso respecto de tres bienes inmuebles relacionados a la investigación que se sigue contra el prófugo empresario Gonzalo Monteverde y otros por el presunto delito de lavado de activos.

Según pudo conocer El Comercio, la diligencia es posible tras una orden judicial del juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El requerimiento fiscal consistió en pedir la variación de la medida cautelar de inhibición por la de incautación con fines de decomiso.

La medida incluye a dos inmuebles ubicados en Miraflores y uno en Barranco. A esta hora, se supo que la diligencia se realiza en la avenida 28 de Julio N° 1301, correspondiente a una conocida cafetería.

De acuerdo a la resolución, los inmuebles se tratan de las oficinas registrales de las empresas de Monteverde, como Isagoc SAC, Arcamo SAC, Dominatrix Limited, entre otras.

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) también ha sido comunicado de la decisión judicial para el respectivo registro y los fines propios de su función.

En comunicación con este Diario, Luis Francia, abogado de Gonzalo Monteverde, consideró que la diligencia es “arbitaria”. “Hemos demostrado que la plata que se ha pagado es dinero del Estado [por obras públicas], no de la Caja 2”, refirió.

Acotó que defensores legales acreditados se están dirigiendo a los inmuebles. “Vamos a impugnar la resolución judicial, para nosotros es absurdo, apelaremos”, adelantó.

El empresario Gonzalo Monteverde -de acuerdo con la tesis que maneja el equipo especial Lava Jato- habría sido el operador financiero de la constructora Odebrecht en el Perú. Sobre él pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva.

Él y su entorno, según la pesquisa del Ministerio Público, recibieron un poco más de US$29 millones, que habrían sido utilizados por la firma brasileña para el pago de sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El empresario y su esposa tienen una orden de prisión preventiva por 36 meses en el marco de este caso y se encuentran prófugos de la justicia.