“Caso Madre Mía”: cerca de tres años sin un pronunciamiento

¿Qué fue el Caso Madre Mía? En el 2006, la jueza Miluska Cano abrió un proceso penal contra Ollanta Humala Tasso por los presuntos delitos de desaparición forzada y asesinato en agravio de los esposos Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro.

También por secuestro y tortura contra Jorge Ávila Rivera, durante su permanencia en la base militar contrasubversiva de Madre Mía (San Martín) en 1992; época en la que Humala era capitán del Ejército y estaba destacado a dicha unidad antisubversiva.

Fue Jorge Ávila, hermano de Natividad Ávila, quien denunció al ex mandatario ante la fiscalía provincial de Tocache, a quien sindicó como "capitán Carlos”. No obstante, el caso fue archivado en 2009, tanto por una Sala Nacional, como por la Corte Suprema.

En el 2011, se abrió otra investigación por la presunta compra de los testigos que habían declarado en contra de Humala, pero luego se retractaron. En dicho caso fueron procesados Amílcar Gómez Amasifuén y Robinson Gómez Reátegui, acusados de haber entregado US$4 mil a Jorge Ávila para que se rectifique de su acusación en contra el ex mandatario.

Finalmente, también fueron absueltos por no haber pruebas que sostuvieran la tesis del presunto soborno.

Seis años después

Pese a que el proceso judicial del caso Madre Mía tuvo un sin número de aristas sobre el secuestro, asesinato y versión de los testigos, no se llegó a determinar ningún responsable.

Fue en abril del 2017, que El Comercio reveló la existencia de 111 audios interceptados durante la investigación al cabecilla terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”.

El levantamiento del secreto de las comunicaciones fue ordenado judicialmente contra Humala, su esposa Nadine Heredia, y a miembros de su entorno como la ex parlamentaria nacionalista, Nancy Obregón. Esta última investigada judicialmente por sus vínculos con el gremio cocalero y con remanentes terroristas.

En los mencionados audios, se registraron conversaciones sobre pagos, entre personas vinculadas al ex presidente y los testigos del Caso Madre Mía por el que se le procesó y absolvió a Humala. Luego de ello, salieron a la luz más testigos y más casos sobre personas desparecidas en dicha base militar.

Por ello, dos investigaciones fueron abiertas en paralelo por el Ministerio Público, en mayo del 2017. Una en la Primera Fiscalía Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos, a cargo de la doctora Edith Chamorro, que abrió una investigación de oficio contra los que resulten responsables por todas las desapariciones ocurridas en la base Militar de Madre Mía.

El caso, ya ha tenido diversas diligencias que incluso, han implicado el hallazgo de cadáveres que habrían sido ejecutados en la base contrasubversiva de Madre Mía.

La segunda investigación - que está vinculada a la situación legal de Humala Tasso- se abrió en la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos, que dirige el fiscal Luis Valdivia.

Las pesquisas se abrieron “contra los que resulten responsables”, no contra una persona en específico. El plazo inicial fue dispuesto por 180 días, pero se ha tenido que ampliar hasta en dos oportunidades para realizar las diversas diligencias.

Esta investigación se inició luego que el Instituto de Defensa Legal (IDL) interpusiera la denuncia tras la difusión de los audios que dio a conocer El Comercio. Ese caso se relaciona específicamente con la muerte de Natividad Ávila Rivera, Benigno Sulca Castro y otras, por los que fue procesado Humala Tasso.

Plazo suficiente

El abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, dijo a este Diario que han tenido conocimiento que el fiscal Luis Valdivia, ha estado llamando a diversos testigos, a los familiares de los desaparecidos y también a militares presuntamente implicados en los hechos.

“Entiendo que el fiscal esperaba cambiar la situación de Humala, según pude conversar con el fiscal, porque inicialmente ese fue el sentido del pedido para que se reabra la investigación. Luego de eso no hemos tenido conocimiento, tampoco que haya habido una formalización en los últimos días o semanas, no ha ocurrido”, dijo Rivera.

Comentó además que, por el plazo transcurrido, la fiscalía ya debería tomar una decisión sobre este caso. “Le presentamos algunos elementos de información y evidencias de que (el primer) archivamiento del caso había tenido un sentido de irregularidad y que lo mínimo era que se reabra la investigación”, agregó.

Lo que correspondería ahora, explicó Rivera, es que se formalice una denuncia penal ante el Poder Judicial ya que este caso se procesa con el Código Procesal Penal antiguo. Advirtió que casi tres años “es un plazo más que suficiente para tomar una decisión”.

“Esto, para que el Poder Judicial convoque a una audiencia de presentación de cargos para que un juez tome la decisión de comenzar o no un proceso judicial”, detalló.

Apersonado, pero no citado

Sin embargo, la investigación preliminar parece que tomará más tiempo que los tres años. Y es que, hasta el momento, el ex presidente Ollanta Humala Tasso, no ha sido citado a declarar por el fiscal Valdivia.

Así lo confirmó su abogado Alberto Otárola a El Comercio, quien además precisó que sí han solicitado ser llamados a rendir una declaración de los hechos en las dos investigaciones que lleva adelante la fiscalía, pero que “todavía” no fueron convocados.

“Cuando la nueva investigación se ha instalado en la fiscalía, el (ex) presidente Humala ha pedido que lo citen, ha pedido participar en todas las diligencias y se ha puesto a disposición de la fiscalía para todas las investigaciones que pudiera haber al respecto”, dijo.

El abogado asignado a este caso por el exjefe de Estado aclaró que se trata de una investigación donde ya hubo un pronunciamiento judicial y que se abrió “de manera ilegal”.

“Este es un caso que es cosa juzgada y cosa decidida. No nos olvidemos que hace varios años, el Poder Judicial y la Fiscalía encontraron que no había mérito para pasar a juicio oral y ordenaron el archivamiento de este proceso”, remarcó.

Por tanto, aseveró que no existe “ninguna preocupación de fondo” pues es un caso sobreseído y donde nunca se ha demostrado la participación de Humala Tasso en los hechos investigados.

Sobre el tiempo de la investigación, Otárola indicó que ello corresponde a la Fiscalía, pero que esperan que “se respete la majestad de la cosa decidida”.

Otárola Peñaranda también informó que también están a la espera de que el Tribunal Constitucional reciba un recurso de Acción de Amparo, que fue negado en primera y segunda instancia en el Poder Judicial, contra la ex Comisión Madre Mía del Congreso de la República.

“Esta comisión investigadora realizó actos cuasi jurisdiccionales, es decir citó testigos, hizo un desplazamiento a Madre Mía; y de manera recurrente se le pidió como defensa del (ex) presidente Humala, quien habla, se le pidió que participemos en la diligencia y no se permitió hacerlo”, manifestó.

Además, indicó, se pidió copias de los expedientes y actuados como parte del mecanismo del derecho de defensa, pero nunca se los entregaron.

“Es una acción de amparo que lo que reclama es que se respete el debido proceso, el derecho de defensa y se respete la sentencia del Tribunal Constitucional que, a propósito de dos casos, se estableció que el Parlamento también debe respetar todos los apremios que reconoce la Constitución para jueces y fiscales”, concluyó.

El Comercio trató de conocer el avance de la investigación a cargo del fiscal Valdivia durante todo este tiempo; pero no contestó nuestras llamadas y tampoco respondió pese a que pudo leernos a través de mensajes de WhatsApp. Fuentes del Ministerio Público han indicado que la metodología del doctor es trabajar en estricta reserva.