El 4 de agosto del 2005, el gobierno de Alejandro Toledo firmó con Odebrecht y sus consorciadas el contrato para la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3. (Foto: Archivo El Comercio)
El 4 de agosto del 2005, el gobierno de Alejandro Toledo firmó con Odebrecht y sus consorciadas el contrato para la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, evalúa el pedido del Ministerio Público para ordenar 18 meses de prisión preventiva contra cinco representantes de las constructoras peruanas que se consorciaron con para obtener la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

La audiencia empezó a las 9:30 a.m. en la Sala Penal Nacional, en el centro de Lima, con los representantes legales de los investigados.

—Los involucrados—
Las empresas que se consorciaron con Odebrecht fueron Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

El pedido de prisión preventiva alcanza a José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente del área de Infraestructura de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

—Las imputaciones—
El Equipo Especial Anticorrupción del Ministerio Público, que dirige el fiscal Hamilton Castro, señala que los citados empresarios se coludieron con la empresa brasileña Odebrecht para pagar la coima de US$20 millones que habría solicitado el ex presidente Alejandro Toledo, a cambio de la adjudicación de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Se les sindica ser presuntos cómplices de los delitos de colusión y lavado de activos, vinculándoseles incluso a una “organización criminal internacional” encabezada por Odebrecht, según pudo conocer El Comercio en base a fuentes fiscales.

La solicitud fiscal se basa en la declaración de Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú, así como en documentación firmada por los empresarios investigados, las actas de consorcio entregadas por la compañía brasileña y las diversas auditorías realizadas desde marzo por el equipo de Hamilton Castro.