Caso Odebrecht y arbitrajes: catorce abogados con prisión preventiva

El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz ordenó 18 meses de prisión preventiva para 14 abogados que el equipo especial del Caso Lava Jato investiga por los laudos arbitrales que habrían beneficiado a Odebrecht (ver nombres en el gráfico).

Además, el magistrado dictó 18 meses de detención domiciliaria para Emilio Cassina Rivas y comparecencia con restricciones para su hijo, Emilio Cassina Ramón.

En esta investigación, la tesis de la fiscalía es que Odebrecht habría sobornado a los abogados para que fallaran a su favor en 26 laudos que tuvo con el Estado Peruano por proyectos como los de las carreteras Interoceánica o San José de Sisa.

En su requerimiento, el fiscal Germán Juárez, a cargo de la indagación, incluyó detalles sobre los presuntos pagos ilícitos a los abogados. La suma de los depósitos que están bajo sospecha en este caso llega a US$5’222.523.

Este Diario ha informado que el principal operador de Odebrecht para los laudos fue el árbitro Horacio Cánepa, quien participó en 18 controversias investigadas y quien habría recibido US$2’634.000 en pagos ilícitos. Según la tesis fiscal, Cánepa habría sido el hombre clave en el esquema de sobornos para los laudos. Para Cánepa la fiscalía solicitó impedimento de salida del país.

—No todo el pedido—

Si bien el fiscal Juárez había solicitado 36 meses de cárcel para los 16 investigados mencionados, el juez Chávez señaló que tenía que “brindar un plazo razonable” en este caso, por lo que optó por 18 meses.

En el caso de Cassina Rivas, indicó que ordenó arresto domiciliario por su edad (más de 80 años) y porque tiene problemas de salud. Para su hijo, Emilio Cassina Ramón, dictó comparecencia porque no encontraba “mayor sustento” en la argumentación fiscal de su caso.

Asimismo, poco después de que comenzara la audiencia, el magistrado precisó que en su decisión solo iba a acoger el delito de cohecho pasivo específico, y que iba a rechazar los otros tres que la fiscalía imputa a los implicados: asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos.

En el caso de la asociación ilícita, señaló que no lo tomaba en cuenta porque la “valoración [del Ministerio Público sobre el delito] no me permite establecer, de acuerdo a esa construcción técnica que ha desarrollado, como [que en este caso hubiera] una sospecha grave”.

Respecto a la colusión agravada y el lavado de activos, el juez consideró que, para que en esos delitos se tuviera el estándar de sospecha grave, era necesario realizar peritajes, por ejemplo, a los inmuebles de los involucrados. “Los elementos de convicción son muy altos para ser aceptados”, precisó.

En cambio, al explicar el delito de cohecho dijo: “Se ha trazado deliberadamente el arbitraje ad hoc para recepcionar el soborno encubierto, indirecto, con el fin de orientar una decisión favorable a Odebrecht”.

—Varias ausencias—

En la audiencia de ayer solo estuvieron cinco de los 16 abogados para los que la fiscalía solicitó medidas restrictivas, entre ellos Humberto Abanto y Fernando Cantuarias.

Luego de la audiencia, Alejandro Álvarez Pedroza, uno de los investigados, llegó al edificio Carlos Zavala (Centro de Lima), donde se realizó la diligencia, para ponerse a derecho.

Álvarez y los otros cinco investigados que asistieron a la audiencia ya están detenidos. Hasta el cierre de esta edición no se conocía si los otros ocho abogados con cárcel preventiva ya se habían entregado.

En la audiencia, las defensas de los investigados apelaron la decisión.

En conversación con este Diario, Enrique Ghersi, abogado de Fernando Cantuarias, indicó que apeló porque “considera que la decisión es ilegal”.

“No podemos hacer mayor comentario porque el señor juez solo leyó fragmentos de la resolución [hoy debe dar a conocer el documento completo], por eso nos reservamos para un comentario más elaborado [...], pero de lo que leyó ayer encontramos que no se justifica la prisión preventiva”, comentó.

-INFORMACIÓN PREVIA-

Las audiencias en las que se evaluó la prisión preventiva concluyeron la tarde de último viernes con el requerimiento fiscal solicitado contra los abogados Ricardo Espinoza, Alfredo Zapata, Martín Linares y Emilio Cassina Ramón.

Los abogados de esos cuatro imputados negaron las acusaciones en su contra y solicitaron que se desestime el pedido de prisión preventiva. Aseguraron que colaboraron con la justicia, rebatiendo cualquier peligro de obstrucción alegado por la fiscalía.

Días atrás, la misma medida había sido solicitada contra Ramdol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, José Abanto Verástegui, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y Mario Castillo Freyre.

Todos ellos, son investigados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos y otros.

El magistrado Chávez Tamariz explicó que, tras los cuatro días de audiencias, se ha mostrado un caso “complejo” que involucra una cantidad importante de investigados que estarían dentro de los alcances de una presunta organización.

“En concreto, me parece lógico que se realice un estudio concienzudo del caso para actuar con el profesionalismo que corresponde en un plazo razonable (…) la decisión se va a realizar el lunes a las 3 de la tarde”, anunció el juez.

Según la imputación fiscal, los 16 árbitros habrían cobrado montos de dinero por encima de la tarifa referencial para los procesos de arbitraje.

Estos, para la fiscalía, habrían sido cobros ilícitos que obtuvieron los abogados investigados por presuntamente favorecer a Odebrecht en los laudos arbitrales.

Los alegatos del requerimiento fiscal lo realizaron los fiscales Germán Juárez Atoche y Hamilton Montoro, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. “Existen más que elementos suficientes que acreditan sobornos para los árbitros a efectos de que laudaran a favor de Odebrecht”, dijo Juárez durante las audiencias.