Comisión Permanente aprobó pedir un informe legal externo sobre sus atribuciones

La Comisión Permanente aprobó, con los votos de Fuerza Popular, el Partido Aprista y Unidos por la República, solicitar un informe legal externo sobre las atribuciones que tiene esta instancia durante el interregno parlamentario (tiempo entre la disolución del Congreso y la elección e instalación de nuevos representantes).

Esto a raíz de un pedido formulado por Mario Mantilla, representante de Fuerza Popular, para que se reactive la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto luego de que los secretarios técnicos le informaran que existen denuncias constitucionales que están próximas a prescribir.

Mantilla indicó que, según el reglamento del Congreso, si existe la Comisión Permanente “automáticamente” también la subcomisión.

“Esperamos que [este informe legal externo] esté listo lo antes posible, se debe clarificar las verdaderas competencias y funciones que tiene la Comisión Permanente y también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, manifestó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos.

Aunque inicialmente, Mantilla no descartó que se puedan evaluar acusaciones constitucionales contra exministros del actual gobierno, luego dijo que ese “no es el propósito” de la consulta.

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea (Acción republicana), indicó que el supuesto que el Ejecutivo haya disuelto de manera constitucional del Parlamento, esta medida no alcanza a la instancia que ahora dirige ni tampoco a los organismos que son parte de esta, como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“La Comisión Permanente es indisoluble con todas sus atribuciones y funciones. ¿O es que el artículo 134° [de la Constitución] ha disuelto órganos que son parte de la Comisión Permanente? ¿Entonces, en qué situación estamos?”, cuestionó.

Luz Salgado, representante de Fuerza Popular en la Comisión de Permanente, explicó que si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es reactivada, esta debe dejar listo los informes sobre las denuncias para que el próximo Congreso los debate en el pleno.

Negó que exista una intención de archivar algunas investigaciones.

“No, no se puede hacer, el trabajo que se haría es recopilación de documentos”, expresó.

Por su parte, Clemente Flores, de Peruanos por el Kambio, indicó que a la Comisión Permanente solamente le corresponde revisar los decretos supremos que emita el Ejecutivo. En ese sentido, le solicitó a las bancadas de oposición no perder el tiempo en debatir si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede o no ser reactivada.

Una postura similar tuvieron los representantes de Frente Amplio, Bancada Libertad y Nuevo Perú.

Precisamente, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) explicó que la Comisión Permanente no puede asumir funciones que requieren de la existencia del pleno.

“El artículo 135 de la Constitución dice que en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia a los que da cuenta a la Comisión Permanente. Esa es la única función que tiene la Comisión Permanente. Las otras cuestiones tendrán, en su momento, que verla el pleno del Congreso cuando se reinstale después de las elecciones”, indicó Quintanilla en el debate.

“Políticamente tampoco es buena idea que este Congreso quiera reactivar una institución [la subcomisión] que solo ha servido para blindar a gente con problemas con la justicia. ¿Cuál sería el sentido que la Comisión Permanente quiera seguir haciendo lo propio? Me parece que no es una buena idea, no tiene fundamento constitucional y deberíamos descartarla por descabellada”, dijo, a su turno, Gino Costa (Bancada Liberal).

Protestaron por accesitarios

Al inicio de la sesión, Luis Galarreta, representante de Fuerza Popular, cuestionó que el Ministerio del Interior (Mininter) le haya permitido a Quintanilla ingresar al Congreso en su calidad de accesitario de la Comisión Permanente, cuando días atrás se lo impidió a accesitarios de las bancadas de oposición. Agregó que esta medida se dio porque el Nuevo Perú ha avalado “el golpe” del presidente Martín Vizcarra.

Quintanilla aclaró que él asistió, porque Indira Huilca, quien es la titular de su bancada en el referido órgano, ha solicitado una licencia.

Arana acusó que el fujimorismo pretende que titulares y suplentes de la Comisión Permanente ingresen al Parlamento para realizar “un mini pleno”.

Durante el debate, se le solicitó a Olaechea fijar un protocolo para el ingreso de los accesitarios, pero este punto no fue abordado.

De otro lado, la Comisión Permanente dio cuenta que la autógrafa respecto a la Ley de proyección policial no ha sido ni promulgada ni observada por el Poder Ejecutivo.

También de las autógrafas que no fueron recibidas por el gobierno, como la que aprueba normas de promoción del sector agrario, entre otras.

-NOTA PREVIA-

El miembro de la Comisión Permanente Marco Arana (Frente Amplio) adelantó a El Comercio que solicitarán que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no entre en funcionamiento. Agregó que si a pesar de esto se insiste en activar este grupo de trabajo, evaluarán una denuncia contra los miembros de la Permanente que promuevan esta iniciativa.

“Plantearemos el desistimiento que tiene que hacer la Comisión Permanente de que no se active la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque no es competencia. Si no procede, efectivamente hemos señalado que evaluaremos presentar una denuncia por usurpación de funciones”.

Por su lado, Clemente Flores, también integrante de la Comisión Permanente, advirtió que no corresponde que vuelva a funcionar este grupo de trabajo. Añadió que, si a pesar de esto se reactiva la subcomisión, se sumarán al planteamiento del Frente Amplio para denunciar por usurpación de funciones a los miembros que respalden esta acción.

“No es constitucional [que entre en funciones]. En ninguna parte de la Constitución dice que una vez disuelto el Congreso se quedan la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No existe [esa parte]. Entonces, al no existir en el marco legal, cualquier cosa que quiera hacer algún congresista está fuera de la Constitución. Por lo tanto, esa persona podría estar usurpando funciones y podría ser denunciados. Creo que eso deben tenerlo bien en claro si algún colega congresista quiere apoyar esa iniciativa", dijo a El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con Mario Mantilla, así como con las integrantes de la Comisión Permanente Milagros Salazar y Rosa Bartra, de Fuerza Popular, pero no fue posible hasta el cierre de esta nota.

Respecto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la agenda de la sesión de hoy menciona el artículo 89 del reglamento del Congreso que establece que la Comisión Permanente es la encargada de escoger a los miembros y al presidente de dicha instancia. Antes de la disolución del Parlamento, la última función estaba a cargo de Mario Mantilla (Fuerza Popular).

-Elice: No correspondería que se reactive la Subcomisión de Acusaciones-

En diálogo con El Comercio, el ex oficial mayor del Congreso José Elice afirmó que no correspondería que se reactive la subcomisión, ya que no está previsto esta acción en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso una situación como esta.

“Yo no sé si [estarán incurriendo en] usurpación de funciones [quienes que respalden su activación], sino que están organizándose de una manera que no está prevista por la Constitución ni en el Reglamento del Congreso. No encontramos reglas que puedan prever esta situación y las comisiones no están funcionando,porque la Comisión Permanente tiene funciones muy precisas señaladas por la Constitución y el mismo Reglamento del Congreso”, aseveró.

Consultado sobre si los miembros del disuelto Congreso podrían ser investigados por la subcomisión, Elice precisó que no “habría manera” de que se suceda esto, ya que el procedimiento de acusación constitucional es exclusivo para funcionarios en el cargo actualmente.

“El procedimiento de acusación constitucional solamente se refiere a delitos de función. Es decir, los delitos que cometen como funcionarios aquellos que tienen un cargo público que están expeditos en el Código Penal en secciones especiales para este fin. Es decir, no delitos comunes”, sentenció.

La subcomisión estaba integrada por Mario Mantilla (presidente), Percy Alcalá, Gladys Andrade, Luis Galarreta, Ángel Neyra, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura (todos ellos de Fuerza Popular), Justiniano Apaza (Frente Amplio), Gino Costa (Bancada Liberal), Edmundo del Águila (Acción Popular), Patricia Donayre (Unidos por la República), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Maritza García (Cambio 21), Oracio Pacori (Nuevo Perú), Juan Sheput (Contigo), César Vásquez (Alianza para el Progreso) y Javier Velásquez (Apra).