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Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluye que no se ha advertido la existencia de irregularidades en el proceso seguido para alquilar un local para ese organismo en Surco, lo que causó la renuncia de la abogada Blythe Muro a la presidencia de esa entidad.
El 16 de abril dicha funcionaria presentó su carta de renuncia ante los cuestionamientos por la decisión de mudar la sede del OSCE a un edificio en una zona exclusiva con vista al Golf de los Incas, en Camacho, por el que se iba a pagar unos S/15 millones durante tres años.
Según el informe remitido a la actual presidenta ejecutiva del OSCE, Sofía Milagros Prudencio, "no se ha advertido hechos que pongan en riesgo el logro de los resultados del procedimiento de selección por el alquiler del inmueble".
Entre sus conclusiones, el documento señala que el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de una partida de S/5'016.823 para financiar los gastos que demandaban el traslado de la sede de Jesús María a otro inmueble.
Cabe señalar, como se menciona en el informe, que era necesaria la mudanza a otro local pues la sede central de Jesús María tenía daños estructurales que ponían en riesgo la seguridad del personal. La reparación iba a demorar tres años por lo menos.
El informe dice que como parte de los actos previos para efectuar el proceso de alquiler se realizaron comparaciones de precios sobre el servicio de alquiler de inmuebles de otras instituciones del Estado, cuyos precios fluctúan entre US$20,35 y US$33,20 por metro cuadrado. El promedio que se iba a pagar en el local de Surco era de US$19,36 por metro cuadrado.
El informe indica que se contó con el estudio de mercado actualizado para determinar el valor referencial con la disponibilidad presupuestal otorgada y se efectuaron invitaciones a trece empresas para que presenten sus propuestas. Solo tres remitieron sus cotizaciones.
Luego de una evaluación técnica se consideró que la mejor opción para realizar la contratación de alquiler para el funcionamiento del OSCE era a través de la contratación directa con la empresa Docsa, cuyo importe ascendía a US/4'494.693 por el periodo de tres años que incluía el mantenimiento.
"Como resultado del servicio de control ejecutado [al proceso de alquiler] en la modalidad de acción simultánea, se comunica que no se ha advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas", dice el informe.
No obstante, el mismo documento precisa que por la naturaleza de la materia de control ejecutado y el carácter selectivo del servicio de control, el informe no limita el ejercicio de un control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.
