La solicitud para ver el caso fue aprobada con 14 votos a favor y dos en contra. (Foto: Congreso de la República)
La solicitud para ver el caso fue aprobada con 14 votos a favor y dos en contra. (Foto: Congreso de la República)
Redacción EC

Por Gino Alva/Mario Mejía

La Comisión Permanente del decidió ayer otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días útiles para que investigue y emita un informe final sobre la denuncia contra cuatro magistrados del (TC) por el Caso El Frontón.

La propuesta fue aprobada con 14 adhesiones y dos votos en contra.
En el mencionado caso, un grupo de ex marinos presentó una denuncia constitucional contra los miembros del TC Manuel Miranda (presidente), Marianella Ledesma, Eloy Espinosa y Carlos Ramos, debido a que habrían modificado el sentido del voto sobre una sentencia que el tribunal emitió en el 2013.

En la sentencia original, se señalaba que el debelamiento del motín de terroristas en el penal de El Frontón (1986) no constituía delito de lesa humanidad.

De acuerdo a la denuncia, al modificar el sentido del voto de uno de sus antecesores en el tribunal, los magistrados violaron el principio de “inmutabilidad de la cosa juzgada”.

Los magistrados señalan que se limitaron a corregir un error en la votación. Indican que si bien el ex magistrado Juan Vergara Gotelli había votado a favor de la citada sentencia, en la sustentación de su voto señaló que el Tribunal Constitucional no podía pronunciarse sobre el tema de lesa humanidad, pues eso le competía al Poder Judicial.

Durante el debate, el congresista oficialista Gino Costa señaló que por el momento no era procedente investigar a los cuatro miembros del TC, porque el procedimiento que se cuestiona aún no ha sido concluido en el máximo órgano constitucional.

“Hay un proceso de revisión que está abierto, por lo tanto hay que inhibirse de investigar hasta que ese caso se cierre en el TC”, dijo el legislador oficialista.

Pero el congresista aprista Mauricio Mulder indicó que, en este caso, según la denuncia, había un hecho de prevaricato que debía investigarse. “Se tiene que investigar si se cometió delito o no en la emisión de la sentencia. Ya vendrán los magistrados a dar su versión y los aplaudiré si me convencen”, dijo.

En tanto, Marisa Glave, de Nuevo Perú, expresó que aún no se puede hablar de una infracción constitucional “porque el caso todavía no ha terminado de resolverse en el TC”.

Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, consideró que no se debía esperar a que concluya el proceso en el TC y que se debía iniciar la investigación.

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