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La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que preside José Luna Morales (Podemos Perú), sesionará desde las 3 p.m. de hoy para recibir a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a fin de que ambos sustenten sus respectivos proyectos de ley para sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes y servicios en situaciones de urgencia.
La vicepresidenta del grupo de trabajo, Robertina Santillana (Alianza para el Progreso) indicó a El Comercio que espera que Ávalos aclare algunos puntos de su propuesta, mientras que señaló que Gutiérrez, cuya participación no figuraba inicialmente en la agenda, solicitó acudir a la reunión.
El proyecto de Ávalos señala que el Estado “no puede ni debe sustraerse a su papel normativo y regulador, incluso en el funcionamiento del libre mercado”. Por tanto, plantea restituir el artículo 233 del Código Penal –derogado durante el segundo gobierno de Alan García– y tipificar el delito de acaparamiento, sancionándolo con no menos de 4 ni más de 6 años de cárcel, y con 180 a 365 días multa.
Asimismo, propone modificar el artículo 234 del código, referido a la especulación, pues considera que actualmente no puede aplicarse en situaciones de emergencia o calamidad debido a que no hay un listado de bienes de primera necesidad.
Por su parte, el proyecto de Gutiérrez no va por la vía penal, sino administrativa. Pero coincide en que el Estado debe ejercer “su rol regulador de la actividad económica”, más aún en circunstancias extremas, lo que no implica intervención ante agentes económicos o en la determinación de precios. Así, plantea que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sea facultado para sancionar conductas de acaparamiento y especulación de bienes de primera necesidad en un contexto de emergencia previamente declarado.
En esa línea, propone también que el Ejecutivo, en un régimen de excepción, establezca los bienes y servicios que, de forma razonable y proporcional, resulten esenciales para asegurar la vida, integridad y salud de la población.
Cabe recordar que el pleno del Congreso tiene pendiente debatir la insistencia de la autógrafa de ley contra el acaparamiento y especulación, que fue observada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en mayo del 2017. Esto al considerar que la fórmula legislativa contiene elementos que son contradictorios con el marco legal vigente o que no generaría los efectos perseguidos.
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