Avanza País propone que sentenciados por terrorismo no puedan postular a cargos de elección popular

La bancada de Avanza País, por iniciativa de la congresista Rosselli Amuruz, presentó un proyecto de ley que plantea introducir el impedimento de participar en elección popular como candidatos cuando medie condena efectiva y firme por tipos penales que hayan afectado la vida, el cuerpo y la salud.

Se trata de la iniciativa legislativa 4194/2022-CR, que tiene por objeto modificar el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú y agrega nuevos delitos como impedimentos para ser candidatos en las elecciones.

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Con esta modificatoria, estarían impedidas de postular las personas condenadas a pena efectiva y con sentencias firmes, en calidad de autoras, coautoras, autores mediatos, instigadores o cómplices por la comisión de tipos penales referidos al terrorismo, colaboración, financiamiento y apología.

Asimismo, aquellos sentenciados en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, homicidio doloso, asesinato, extorsión, secuestro, trata de personas y delitos contra la humanidad. El impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas.

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En la exposición de motivos se señala que es importante que la democracia peruana, por medio de sus elecciones periódicas y a través del sufragio secreto, libre y universal, y por sus partidos políticos como canales inmediatos del proceso electoral, establezca “reglas de juego claras en total y firme defensa del orden democrático”.

Refiere que el Tribunal Constitucional (TC) dejó plenamente establecido que el delito del terrorismo y sus formas apologetas, afectan la vida, la integridad de las personas y la subsistencia del orden democrático, “lo cual resulta ser muy grave”.

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“Este planteamiento constituye el fortalecimiento de la legitimidad de origen, el cual es una garantía más, no solamente para la elección de candidatos idóneos; sino, para acceder al derecho fundamental al buen gobierno”, detalla.

Del mismo modo, precisa que los delitos en sí no solamente han dejado un “enorme y penoso costo” por las vidas de peruanos, sino que además la presencia de alguna de las personas condenadas por dichos crímenes origina un “desprecio por la administración pública”.