No hubo mayores sorpresas. El pleno del Congreso aprobó por mayoría la insistencia del dictamen que faculta a la estatal a explorar y explotar el , ubicado en Loreto. De esta forma, con 74 votos a favor, 10 en contra (el único voto oficialista fue el de Santiago Gastañaduí) y 4 abstenciones, el Parlamento no consideró las observaciones que el Ejecutivo hizo al dictamen.

“Autorícese a Perú-Petro para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 con Petro-Perú. [...] Una vez celebrado el respectivo contrato, Petro-Perú está facultado a convocar, conforme a ley a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias”, dice el texto que, el 3 de setiembre, el Congreso aprobó en mayoría para incorporar una disposición complementaria a la Ley 30130. 

Pese a del presidente Ollanta Humala a la autógrafa, la Comisión de Energía y Minas aprobó hace tres semanas que el pleno vote por la insistencia del proyecto. En ese entonces, el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Hernán de la Torre, manifestó que el dictamen no afectaba el contrato vigente con la empresa Pacific Stratus Energy, pues se respetarían los dos años de su vigencia.

Contrapuntos
En el debate previo a la insistencia, el congresista Manuel Dammert (AP-FA) consideró que el Parlamento iba a “hacer historia” al insistir con el proyecto sobre el lote 192. “El destino del país y no la corrupción de las petroleras deben mandar en esta decisión”. 

El parlamentario Javier Bedoya (PPC) remarcó que la insistencia era inconstitucional debido a que se trataba de modificar un contrato vigente a través de una ley. Agregó que se debía considerar la actual situación de la empresa petrolera estatal. “No es que Petro-Perú sea una cenicienta, solo que no tiene recursos cómo financiar esta aventura a la que muchos quieren conducirnos”, sostuvo.

Tras la aprobación, el congresista aprista Mauricio Mulder, quien votó en contra, señaló que esta insistencia evidencia que la bancada oficialista no coordina con el Ejecutivo. “Es una prueba más de la enorme debilidad política de esa organización”. 

Para el abogado especialista en hidrocarburos Anthony Laub, la norma sobre el lote 192 tiene un “imposible jurídico”, pues ya existe un contrato (con Pacific) y este no puede ser modificado por una ley.

El abogado Alberto Varillas explicó a este Diario que el hecho de que Petro-Perú contrate directamente con el Estado – luego de vencido el acuerdo con Pacific– significaría una preferencia a la empresa estatal. De acuerdo con la Constitución, las empresas públicas y privadas deben tener el mismo tratamiento, agregó el experto.

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