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La distribución de comisiones entre las bancadas parlamentarias arrojó un escenario imprevisible tres años atrás: el retorno del excontralor Edgar Alarcón (Unión por el Perú), ahora como virtual presidente de Fiscalización del Congreso. Su designación será oficial una vez se instale el grupo de trabajo y se someta a votación la presidencia, respetando los acuerdos tomados por todas las bancadas.
El Ministerio Público le abrió siete investigaciones a Alarcón, entre ellas, por enriquecimiento ilícito, uso de dinero del Estado para beneficio personal y lavado de activos. Su virtual elección generó críticas, e incluso el Partido Morado presentó un proyecto de ley que –si bien no lo quieren personalizar– permitiría vetar a congresistas cuestionados de participar en comisiones que tengan funciones fiscalizadoras.
¿Qué retos tiene por delante la Comisión de Fiscalización? En el último periodo parlamentario, este grupo, bajo la presidencia de Segundo Tapia (Fuerza Popular), aprobó solicitarle facultades al pleno para tres temas relacionados al presidente Martín Vizcarra: continuar las investigaciones del Caso Chinchero, abrir el Caso Conirsa, la indagación sobre el mensaje a la nación en el que se anunció el proyecto de adelanto de elecciones y a las encuestadoras.
Aunque los dos últimos temas perdieron fuerza política, los dos primeros son investigaciones que podrían retomarse. Más aún, cuando en el 2017, Alarcón, entonces contralor de la República, elaboró un informe señalando que había detectado irregularidades en la firma de la adenda del contrato de Chinchero.
Además de estos casos, la Comisión de Fiscalización tiene pendiente sustentar ante el pleno los informes del caso del exasesor presidencial Carlos Moreno y de la muerte de Emerson Fasabi.
¿Se debe reformar la Comisión de Fiscalización para concentrar las investigaciones en el Congreso? Este Diario conversó con los especialistas en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi y César Delgado-Guembes para aclarar algunas dudas.
Durante los últimos periodos parlamentarios hubo una proliferación de comisiones investigadoras que, en varios casos, no presentaron informes que lleguen a buen puerto. A criterio de Delgado-Guembes sería un error que la Comisión de Fiscalización concentre todas las investigaciones.
El especialista recuerda que durante los años noventa esta comisión fue un filtro para impedir que se creen otros grupos investigadores. Por ello, ahora convive esta comisión con las que se crean para fines específicos. Además, concentrar las investigaciones significa concentrar mucho poder.
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Alarcón pretendería presidir la Comisión de Fiscalización del nuevo Congreso. (GEC)
/ ANTHONY NIÑO DE GUZAMAN“Las comisiones son lo que sus integrantes quieren que sean”, agrega Rospigliosi. Para él, si bien malas investigaciones, no se debe generalizar, pues algunas condenas se han basado en trabajos realizados por el Congreso, como las de Rodolfo Orellana o Alex Kouri.
Delgado-Guembes agrega que tanto Fiscalización, como las otras comisiones investigadoras, deben mantener parámetros elevados, como las garantías de un debido proceso para que los casos lleguen a buen puerto.
Sin avances en Ética
El uso de un vuelo humanitario para trasladar a tres congresistas y los familiares de uno de ellos advirtió la necesidad de instalar la Comisión de Ética. “Yo voy a tener que viabilizar que estos señores pasen por la Comisión de Ética, porque no es posible que haciéndose un esfuerzo para un tema eminentemente social, de atención a las personas más necesitadas, empiecen a trasladar familiares”, dijo el presidente del Congreso, Manuel Merino, tras revelarse estos hechos.
A través de una carta, el líder de los etnocaceristas, Antauro Humala, pidió que Unión por el Perú expulse al parlamentario Rubén Pantoja de sus fias. “Exhortó a la bancada de la alianza Unión por el Perú - Frente Patriótico a que lo separen y simultánemente lo denuncien ante la Comisión de Ética del Congreso sin perjuicio de las acciones penales que hubiera lugar”, escribió Antauro Humala en su comunicado.
El Frepap también suspendió a su parlamentario Juan de Dios Huamán Champi. “La razón humanitaria se ha perdido a penas viajaron los congresistas. Por lo tanto, consideramos que de manera inmediata deben pasar a la Comisión de Ética para que se les sancione de manera drástica y ejemplar, porque la emergencia sanitaria recién empieza”, dijo en su momento la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes.
Una semana después de estos incidentes, el Congreso aún no ha empezado las conversaciones para decidir a qué bancada le tocaría presidir este grupo de trabajo, según lo confirmaron fuentes de diferentes bancadas de este Diario. Las conversaciones están centradas en los temas de discusión en el pleno del Congreso ante la crisis del coronavirus.
Para Rospigliosi es prioritario que esta comisión empiece a sesionar, pues su instalación ya genera un efecto disuasivo en los parlamentarios.
¿Qué retos tiene por delante Ética? Hay dos temas inmediatos: los casos de los congresistas que aprovecharon indebidamente un vuelo humanitario y de los que mintieron en sus hojas de vida. En el segundo grupo, se podría incluir a dos que omitieron información: Mónica Saavedra (Acción Popular), una sentencia por violencia familiar, y Wilmer Cayllahua (Frepap), una denuncia por violencia física, psicológica y abandono de hogar.
En el anterior periodo parlamentario, las exlegisladoras Yesenia Ponce y Maritza García fueron suspendidas por consignar información falsa en sus hojas de vida.
¿Se debe reformar las reglas de la Comisión de Ética para evitar blindajes en el nuevo Parlamento? Rospigliosi y Delgado-Guembes también aclararon algunas dudas de este tema.
El reglamento del Congreso establece que esta comisión “está integrada por no menos de siete congresistas, respetándose los criterios de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios”. En el último periodo, esta comisión tuvo 15 parlamentarios de ocho bancadas; siete de los cuales eran de Fuerza Popular. El número de miembros aumentó para seguir el criterio de pluralidad pero mantener la proporcionalidad.
Para Rospigliosi, la mejor forma de evitar enfrentamientos o blindajes sería que la comisión esté compuesta por un miembro de cada una de las nueve bancadas. Priorizar la pluralidad sobre la proporcionalidad.
¿Se puede imponer sanciones más drásticas a un congresista por faltas éticas? No. El especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes indica que la máxima sanción está especificada en el artículo 95 de la Constitución: “Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden excederse de ciento veinte días de legislatura”.
Para imponer sanciones mayores, por casos disciplinarios, debería plantearse una reforma constitucional. En caso de que se trate de hechos delictivos, se puede aplicar el levantamiento de la inmunidad y la destitución.
¿Qué otros temas pendientes hay?
Rospigliosi y Delgado-Guembes coinciden en señalar que otro tema importante es la instalación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Este tema tampoco ha sido abordado aún en los diálogos en el Congreso. El Partido Morado está interesado en este grupo, según fuentes de este Diario.
Ambos señalan que varias de las investigaciones aprobadas en el periodo pasado aún no han sido presentadas a la subcomisión de acusaciones constitucionales, como el informe de la Comisión Lava Jato. Los nuevos parlamentarios podrían revisar los informes aprobados en el periodo anterior y evaluar si hay elementos para presentar acusaciones.
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