Una de las tres denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón recién entrará a etapa final a mediados de enero. (Foto: El Comercio)
Una de las tres denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón recién entrará a etapa final a mediados de enero. (Foto: El Comercio)
Alicia Rojas Sánchez

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La primera denuncia constitucional presentada contra el congresista (), por presunto enriquecimiento ilícito cuando era funcionario de la Contraloría, recién entrará a una recta final en la hacia mediados de enero.

Mientras tanto, el martes 29 se asignó al congresista Franco Salinas (Acción Popular) como ponente de la segunda denuncia constitucional contra el legislador de UPP por el presunto delito de peculado doloso. Este encargo, sin embargo, ocurre más de un mes después de que el caso haya retornado al grupo de trabajo.

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Además, queda pendiente que la Comisión Permanente ratifique o no el informe de la Subcomisión que declaró procedente el tercer caso en investigación por .

Por tanto, al inicio de este nuevo año, los casos que implican al congresista de UPP aún no cuentan con informes finales. El presidente de la Subcomisión, el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), quien asumió esta titularidad recién el 1 de diciembre tras la salida de su colega de bancada Luis Roel, dijo a El Comercio que las demoras radicarían en el reparto de casos.

Indicó que una de las tareas pendientes que tiene es diseñar “una estrategia que permita rápidamente, porque están apareciendo más denuncias, delegar para que corra más rápido”.

1. Presunto enriquecimiento ilícito


Alarcón es indagado en la Subcomisión por presentar un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Asimismo, la fiscalía informó que se determinó la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/275.644,90, cuyos orígenes y depositarios “se desconocen”.

La congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática), ponente de la denuncia, dijo a El Comercio que entregó el informe de hechos, elaborado tras los descargos del congresista Alarcón, el miércoles 16 de diciembre.

Para continuar con el procedimiento, la Subcomisión tiene que convocar al legislador de UPP a una audiencia. Carlos Pérez informó que esta audiencia será convocada para el viernes 8 de enero.

Lamentablemente, no hemos avanzado mucho en estas últimas semanas por el tema de los plenos que se han estado prolongando. Sin embargo, ya está dispuesto que el primer viernes de enero vamos a tener audiencia. El lunes 4 tenemos sesión ordinaria y el viernes 8 extraordinaria, donde debe darse la audiencia del caso que tiene la congresista Tocto respecto al congresista Alarcón”, detalló Pérez a este Diario.

Después de esta audiencia, la congresista Tocto tendrá cinco días de plazo para preparar el informe final en base a la información recabada. “Ahora, lo que corresponde es que la Subcomisión llame a audiencia. Luego de eso, me notifican el plazo que tengo, que usualmente es cinco días, para presentar mi informe final”, agregó.

De acuerdo con las proyecciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a mediados de mes se tendría el informe final de esta primera denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Alarcón.

Yo ya he dejado estipulado que así se convoque -para una audiencia el viernes 8- y entiendo que están cursando las respectivas notificaciones”, añadió Pérez.

En tanto, Tocto se refirió a “que el primer día hábil debe estarse convocando a la audiencia porque la Subcomisión tiene la disposición de impulsar rápido los casos”.

2. Presunto peculado doloso

La fiscal de la Nación presentó esta denuncia constitucional debido a que Alarcón habría beneficiado a terceras personas, quienes habrían simulado ser proveedores de la Contraloría, y emitieron diversos recibos por honorarios para buscar sustentar servicios “ficticios” o “simulados”.

El congresista Salinas, como ponente designado, tiene un plazo de cinco días para presentar su informe de hechos.

Consultado sobre la dilación en la asignación de este caso, Carlos Pérez indicó que una de las razones fue la reestructuración del grupo y que algunos congresistas no asumieron casos.

Hay congresistas que aún no tomaban casos y yo, de forma reiterada, les he venido invocando que asuman. Incluso, deslicé la posibilidad que pueda hacerse un sorteo entre los congresistas que no han asumido ningún caso”, explicó.

Negó que se haya debido a un “temor” por parte de los congresistas para asumir la investigación. “Más que temor, creo que es una evasión a exponerse. Porque inmediatamente que se asigne un caso se va a preguntar, indagar qué se hace”, indicó.

3. Los Temerarios del Crimen

La tercera denuncia constitucional contra Alarcón, en el que también están involucrados los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma, es debido a que el legislador de UPP, en su condición de contralor, presuntamente habría haber aceptado o recibido, el 9 de agosto del 2016, unos S/30.000 de parte de David Cornejo Chinguel, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

El objetivo habría sido levantar la medida de suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En este caso, está pendiente que la Comisión Permanente agende el tema para ser atendido en una próxima sesión, pues el informe de calificación ya fue enviado.

Todavía no tenemos fecha con la Comisión Permanente, nosotros tenemos que elevar ese informe y con una propuesta de una terna de congresistas, que serían los que hagan la sustentación”, dijo Pérez.

Luego de ello y asignado el congresista ponente, Alarcón tendrá cinco días de plazo para presentar sus descargos y con ello se elabore el informe de hechos.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Edgar Alarcón, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta. En más de una oportunidad, el legislador de UPP rechazó las imputaciones de la fiscalía.

En noviembre pasado, que era el más “interesado en que estos temas avancen porque no solo hay preocupación de mi parte sino también de los periodistas”.

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Los pasos que siguen en los casos pendientes de Edgar Alarcón

Luego de que se realicen las audiencias de las tres denuncias constitucionales, esto es lo que establece el Reglamento del Congreso en el procedimiento.

1. Concluida la audiencia, se encarga al congresista delegado la elaboración de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la audiencia. Este documento debe ser debatido y aprobado, o rechazado, en la sesión que convoque el presidente de la Subcomisión.

2. El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser remitido a la Comisión Permanente.

3. Recibido el informe, el presidente de la Comisión Permanente ordena su distribución y convoca a sesión.

4. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el pleno.

5. Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por el presidente al momento de presentar el informe final, para que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el pleno del Congreso.

6. Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional.

7. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el pleno del Congreso vota si hay o no lugar a la acusación. De haber lugar, el pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. Caso contrario, el expediente se archiva.

8. El expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.

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