El Congreso persiste en su letargo frente a acciones de fiscalización en la gestión de Lady Camones

El pasado 5 de agosto, dentro de la investigación que se sigue al presidente Pedro Castillo, se reveló que el actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, estaría involucrado en una presunta organización criminal desde su gestión en el sector Vivienda. Han pasado 22 días y, pese a la revelación de nuevos indicios, el Congreso no ha concretado ninguna acción. Esto resume un primer mes de letargo en el arranque de la gestión de Lady Camones.

Pese a la crisis política, los congresistas decidieron continuar con su semana de representación, y recién este lunes votarán la admisión de la interpelación contra Alvarado. La presentación del titular del MTC recién se realizaría en setiembre.

En lo que respecta a la labor fiscalizadora, hay otros temas pendientes. La denuncia constitucional contra Pedro Castillo tiene más de 200 días en espera, mientras que la denuncia constitucional contra Dina Boluarte lleva más de 90 días. Existe otra denuncia constitucional pendiente contra Castillo, recomendada por la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea.

El reglamento indica que algún congresista debe hacer suya esta denuncia para ingresarla a trámite. Fuentes de la comisión indicaron que el presidente del grupo, Héctor Ventura, no puede hacerlo debido a que es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Han pasado más de 40 días desde que se aprobó el informe de Fiscalización en el pleno, y hasta la fecha ningún congresista quiere iniciar el trámite.

“Las labores de fiscalización del Congreso han sido un gran fracaso. Los congresistas –en general–, aunque con honrosas excepciones, han realizado [y realizan] acciones de fiscalización ‘por conveniencia’”, escribió el legislador Carlos Anderson en una columna en este Diario.

Fuentes de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) indicaron que esta semana se tiene previsto anunciar el apoyo en bloque a la vacancia presidencial. Pero esto no significa que presenten la moción esta misma semana.

“No queremos repetir los mismos errores, de presentar una moción sin tener los votos”, refirió una fuente de APP.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, también anunció una moción. Mientras que Edward Málaga (no agrupado) mostró un borrador desde Trujillo el pasado jueves. Lo hizo junto a Diego Bazán (Avanza País) y Karol Paredes (Acción Popular).

Por otro lado, la segunda vicepresidenta Digna Calle (Podemos) continúa impulsando el debate de su proyecto para el adelanto de elecciones. Fuentes legislativas indicaron que esto ha generado incomodidad en la Mesa Directiva y en sus colegas de oposición del “bloque democrático”.

En un chat de WhatsApp de ese bloque, el vocero de APP, Alejandro Soto, incluso pidió que Calle renunciara a la vicepresidencia si quería seguir impulsando su iniciativa.

Varios legisladores coinciden en admitir que la mayoría prefiere no impulsar un adelanto de elecciones porque su salario congresal es superior a los ingresos que tenían antes de ser elegidos. El salario congresal es de S/15.600 y anualmente –12 sueldos y dos gratificaciones– significa S/218.400. El 88% de los parlamentarios consignó en su hoja de vida de candidatos ingresos anuales inferiores a su actual salario.

Algunos legisladores incluso vienen reclamando a la presidenta Lady Camones ejecutar un acuerdo que dejó pendiente la gestión de su antecesora María del Carmen Alva para pagar un bono por haber ampliado la legislatura entre diciembre y enero pasado.

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