Pedro Chávarry: las claves de las denuncias que enfrenta en el Congreso

Un año después de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunciara ante el Congreso de la República a su antecesor, Pedro Chávarry, por tres presuntos delitos vinculados al deslacrado de oficinas en el Ministerio Público, el caso retomó la marcha con el actual Parlamento. El grupo encargado de evaluarlo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, citó a Chávarry para este viernes 14 con el objetivo de que participe en la audiencia del caso, que realizará desde las 9 a.m. de manera virtual.

Fuentes de la subcomisión informaron a este Diario que Chávarry ha confirmado su participación, pese a que el mes pasado no respondió cuando le solicitaron sus descargos por escrito.

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Chávarry fue denunciado constitucionalmente por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto el 15 de mayo del 2019. Aquella vez, Zoraida Ávalos lo señaló como instigador de la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público, en el marco de una investigación contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sin embargo, la actual subcomisión solo podrá evaluar en la audiencia del viernes el presunto delito de atentado contra la conservación de identidad de objeto.

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Los otros dos delitos fueron archivados por la subcomisión del anterior Congreso en junio del 2019, y en el camino ocurrieron otros hechos que detallaremos a continuación para entender el caso.

Archivamientos y aprobaciones a medias

Fuentes de la subcomisión explicaron a El Comercio que la citación a Chávarry probablemente sea una de las tantas que recibirá en los próximos meses. Ello debido a que solo responde a la denuncia de Zoraida Ávalos, identificada como la acusación número 322, pero está pendiente de evaluarse la denuncia presentada por un grupo de congresistas de Acción Popular, la número 365.

Esta última busca “corregir” la decisión del Congreso anterior de archivar en parte la denuncia de Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal.

El archivamiento en parte fue aprobado en junio del 2019 con seis votos a favor (todos de congresistas de Fuerza Popular) y cinco en contra, en la subcomisión que era presidida por el entonces legislador fujimorista César Segura.

Aquella vez, uno de los argumentos para archivar en parte la denuncia fue que otra acusación que contemplaba esos delitos había sido declarada improcedente en abril del 2019. Además, congresistas de Fuerza Popular señalaban que la acusación tenía un “evidente tinte político”, como lo dijo Karina Beteta en la sesión del 10 de junio del año pasado.

Esa subcomisión solo declaró procedente la denuncia por atentado contra la conservación de identidad de objeto al encontrar “indicios razonables” de su presunta comisión. Ese extremo se aprobó con 10 votos a favor y uno en contra.

El caso quedó sin resolver

Cuando la denuncia seguía su proceso parlamentario, llegó la disolución del Congreso, el 30 de setiembre del 2019. Desde aquella vez hasta la instalación del nuevo Parlamento, solo la Comisión Permanente se mantuvo sesionando, y con ello todas las acusaciones constitucionales se quedaron en compás de espera.

Fuentes de la actual subcomisión precisaron que la nueva gestión encontró que “el estado procedimental de la denuncia número 322 era ‘para delegar y realizar la investigación’; es decir, ni siquiera había un informe de hechos”.

El Congreso informó oficialmente a este Diario – a través de un pedido de acceso a la información pública- que, hasta quincena de julio pasado, la subcomisión contaba con 32 denuncias constitucionales con “informe de calificación procedente” y 93 “para calificación”.

En la lista de denuncias, que puede revisar al final de esta nota, se encuentra la número 365 contra Chávarry y otras que involucran al suspendido fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, al exjuez supremo César Hinostroza, a ex consejeros del CNM y otros vinculados al sistema de justicia.

Ya con el nuevo Parlamento, el informe sobre el Caso Chávarry fue encargado al congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) en junio pasado. El legislador solicitó “todos los acuerdos, actas, votaciones, documentos actuados y otros vinculados a la referida denuncia” para elaborar el documento.

La acusación pendiente de evaluación

La denuncia número 365 fue presentada a fines de junio pasado por 14 congresistas de la bancada de Acción Popular.

Señala textualmente que “se denuncia al fiscal supremo Pedro Chávarry por infracción constitucional e ilícitos penales, delitos que fueron declarados improcedentes en la denuncia constitucional 322 del Congreso anterior disuelto, y con nuevas pruebas sobre su labor obstruccionista en la investigación preparatoria contra la señora Keiko Fujimori Higuchi, lideresa del partido Fuerza Popular”.

Las mismas fuentes de la subcomisión explicaron que esta denuncia “subsana” los “errores” que habría cometido el Congreso anterior con el archivamiento en parte.

La postura de Chávarry y su suspensión

Ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el exfiscal de la Nación aseguró que no dio la orden de irrumpir las oficinas lacradas del Ministerio Público. Sin embargo, este caso fue considero por la JNJ para suspenderlo por seis meses de sus funciones.

Esa decisión fue tomada de manera unánime por los integrantes de la JNJ el mes pasado. Se concluyó que habría faltado al Código de Ética y violado la Ley de Carrera Fiscal.

Además, la JNJ consideró que Chávarry podría obstaculizar las investigaciones en su contra por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y el caso del deslacrado.

Chávarry ha quedado fuera del máximo órgano administrativo del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos.

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