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Después de casi 20 días, el pleno del Congreso volverá a sesionar este viernes y tendrá en agenda la conformación de la comisión especial encargada del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En junio pasado se cumplió un año desde que venció el mandato de seis de los siete magistrados del máximo ente constitucional.
Si bien la conformación de dicha comisión en el pleno es un acto netamente formal, esto marca el inicio de un proceso que tendrá nuevas reglas. Este Diario consultó con los voceros pero todos aseguraron que sus bancadas aún no definían a sus representantes.
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El portavoz de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez (Loreto), indicó que la idea inicial es que este grupo lo integren los voceros, pero aclaró que -a título personal- estaba en contra de la propuesta.
“La labor de vocería es de articulación política sobre los diversos temas que se abordan en el pleno. Lo mejor es que se elijan representantes que se dediquen exclusivamente a realizar el mejor proceso de elección posible”, indicó Meléndez a este Diario.
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Marianella Ledesma preside actualmente el Tribunal Constitucional. Solo uno de los siete miembros de la institución tiene mandato vigente.
La sesión plenaria ha sido convocada para este viernes a las 3 de la tarde.
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Convocatoria al pleno
El proceso que se viene
Este proceso -a diferencia de años anteriores- tendrá como único mecanismo de elección el concurso público de méritos, el cual establece que la lista de candidatos al TC debe publicarse en el diario oficial El Peruano, en el portal del Congreso, así como en un medio de circulación nacional. La lista incluirá la hoja de vida de los aspirantes.
| Nuevo proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional |
|---|
| La Comisión Especial de Selección estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario. |
| La Comisión Especial publica en el diario oficial El Peruano, en la página web del Congreso y en un diario de circulación nacional, la convocatoria para el concurso público de méritos. |
| En un plazo de 10 días hábiles, se podrán formular tachas por parte de los ciudadanos, las cuales deben estar debidamente motivada y acompañadas de prueba documental. |
| Las tachas son resueltas por la Comisión Especial en un plazo máximo de 10 días hábiles. Las decisiones son inapelables. |
| Resultas las tachas, la Comisión Especial cita a un plazo no mayor de 3 días hábiles a los candidatos para la entrevista personal sobre su trayectoria personal, académica y profesional, así como su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e ideonidad moral para el cargo. |
| La Comisión Especial selecciona a los candidatos garantizando el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia. |
| Concluida la selección, la Comisión Especial publica el listado de candidatos aptos y convoca al pleno del Congreso para que en un plazo no inferior a 5 días hábiles proceda a elegir a los magistrados por votación individual y en el orden de calificación obtenida. |
| Si concluidos los cómputos de los votos en el pleno, no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión Especial procede, en un plazo de máximo 5 días hábiles, a formular sucesivas propuestas envase al cuadro de méritos, hasta que se cubran las plazas vacantes. |
| Las sesiones de la Comisión Especial son públicas. |
| La Contraloría General de la República recibe la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como la declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses de los candidatos, antes de la entrevista personal. |
| En caso que el mandato de varios magistrados concluya simultáneamente, la renovación de los miembros del TC se realizará mediante el reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad en su designación o, en su defecto, el magistrado que tenga mayor antigüedad de la colegiatura. |
Los candidatos, además, presentarán una declaración jurada de rentas y otra de intereses. Mientras que la comisión deberá incluir el criterio de “igualdad y no discriminación”.
El texto estipula que no podrán postular las personas que hayan sido objeto de investigación preparatoria o que registren una condena penal por delito doloso.
Según los plazos establecidos en la norma, el proceso debería demorar unos 35 días hábiles. El plazo se reduce a 30 si no se contemplan los cinco días considerados en el escenario de no lograr consenso en la primera terna de candidatos que serán sometidos a votación en el pleno.
Esta norma fue aprobada el pasado 3 de julio. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra la promulgó recién el 22 de julio. El pleno no había sesionado en los últimos días debido al mensaje a la Nación.
Respecto al proceso que se viene, la titular del TC, Marianella Ledesma, hizo un llamado para que la ciudadanía se mantenga vigilante del proceso de selección en el Parlamento. “La ciudadanía tiene que ser vigilante de esta elección y del resultado de ello, y siempre lo ha sido, como lo fue con la ‘repartija’ donde la ciudadanía pudo contrarrestar ese modo de selección”, dijo en una entrevista a Ideeleradio.
Caso Swing
De otro lado, la Junta de Portavoces acordó incluir en la agenda del pleno el pedido de la Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón (Unión por el Perú), para que se otorgue un plazo de 45 días adicionales a la investigación que están realizando a las contrataciones que realizó el Ministerio de Cultura desde el 2018 en adelante.
Este proceso inició tras la difusión de presuntas irregularidades en la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, desde el 2018, en nueve procesos por los cuales el ministerio desembolsó unos S/175.000.
Alarcón ha explicado que, desde el punto de vista administrativo el ministerio, “en base a una directiva aprobada desde el 2016, estaría distorsionando la ley de contrataciones, la forma cómo se contratan los servicios en el Ministerio de Cultura”.
En las indagaciones de la Comisión de Fiscalización, se incluyen los procedimientos y la forma en que se contrató en este ministerio. Según Alarcón, las investigaciones apuntan a dar con las personas que tendrían “la capacidad para ordenar, exigir, coordinar para que se contraten este tipo de servicios es lo que estamos analizando para sustentarlo en el informe final”.
La agenda del pleno contiene otros temas que se arrastran desde semanas atrás, como la insistencia de la norma que establece sanciones al acaparamiento, especulación y adulteración; la segunda votación de la reforma que impide la postulación de sentenciados en primera instancia; y las interpelaciones a los ministros María Antonieta Alva (Economía) y Martín Benavides (Educación). Los portavoces consultados refirieron que se tiene como prioridad la conformación de la comisión especial del TC y la ampliación de plazo para la investigación del Caso Swing, pero no descartaron que se pueda poner a debate otro de los temas que figuran en agenda.
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