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Por Mario Mejía/Gino Alva
La Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso entregó hoy a los miembros de este grupo de trabajo los informes de calificación en los que se declaran procedentes las seis denuncias que se han interpuesto contra el ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.
Los informes serán debatidos por los integrantes de la subcomisión en la sesión de este lunes 14.
Tras la discusión de las denuncias, se votará para definir si se declara su admisión.
De ser aprobadas, se elevarán a la Comisión Permanente para que ponga un plazo para realizar la investigación.
El período máximo para realizar la indagación es de 16 días.
El presidente de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular), manifestó que, como se había anunciado, el equipo técnico cumplió ayer con entregar los informes de calificación para que los congresistas del subgrupo puedan estudiarlos este fin de semana y “el lunes vayan preparados para el debate, como debe ser”.
El vocero de Alianza para el Progreso (APP) y miembro de la subcomisión, César Vásquez, sostuvo que como las denuncias son parecidas “lo más conveniente sería acumular todas en una sola, eso le daría más fuerza y podría ayudar a debatir y definir más rápido la suerte del denunciado”.
Segura indicó que ese planteamiento se podría acordar en la sesión del lunes. “Si es así, ese acuerdo se envía a la Comisión Permanente para que sea ella la que autorice la acumulación y nos fije el plazo máximo de investigación”, declaró a El Comercio.
—Las denuncias—
En el caso de la denuncia 239, presentada por Gino Costa (Bancada Liberal), la Secretaria Técnica declaró procedente la denuncia contra Chávarry por dos hechos: sus “notas adulteradas y ratificación cuestionable” de parte del desactivado CNM y el presunto “plagio de su tesis”.
Otras tres denuncias (248, 262, 270 y 285) están referidas al presunto nexo que el ex fiscal de la Nación habría tenido con Los Cuellos Blancos del Puerto.
En la primera, cuya autora es Gloria Montenegro (APP), se sindica a Chávarry por el “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal” y encubrimiento real, así como por infracciones a la Carta Magna.
En la misma denuncia se acusa al fiscal supremo Tomás Gálvez por el “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.
En la segunda, presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco y acogida por cinco legisladores, también se acusa a Chávarry del “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.
Además fueron incluidos los fiscales supremos Gálvez, Víctor Rodríguez y los jueces supremos Aldo Figueroa, Martín Hurtado, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero.
En la denuncia 270, también presentada por Enco y acogida por ocho parlamentarios, igualmente se acusa a Chávarry del “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.
En la 285 se le sindica de infracciones a la Constitución.
En la última denuncia, la número 288, también de Gino Costa, se acusa a Chávarry de infracciones a la Carta Magna y de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, puesto que “a través del secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño (ya no está en el cargo), “ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”.
Segura manifestó que la aprobación de las denuncias en el pleno del Congreso, ya sean separadas o acumuladas en una sola, podría tomar más de mes.
Explicó que se debía seguir un largo proceso: una vez que la Comisión Permanente fije el plazo de la investigación, se nombra a un delegado que investigará y tomará las declaraciones al investigado y los testigos. Luego hará un informe final que será debatido y votado por la subcomisión.
Segura agregó que dicho informe deberá ser aprobado en la Comisión Permanente y luego recién pasaría al pleno para su aprobación final.
