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La Contraloría General de la República rechazó “cualquier acto intimidatorio” que afecte su independencia y autonomía, tras revelar que el congresista Edgar Alarcón pidió detalles laborales y profesionales de “todos los auditores que elaboraron y suscribieron” el informe en su contra sobre modificaciones a sus declaraciones juradas.
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En un comunicado institucional, detalló que Alarcón, actual presidente de la Comisión de Fiscalización y excontralor, realizó “diversos requerimientos” respecto del currículo documentado, ficha de trabajo y condición laboral “de todos los profesionales auditores que elaboraron y suscribieron” el informe sobre sus declaraciones juradas.
“Sin perjuicio de la tramitación que se dará a los pedidos de Acceso a la Información Pública formulados, expresamos el rechazo institucional ante cualquier acto intimidatorio que busque afectar la independencia y autonomía de la que gozan por norma expresa los auditores de la Contraloría General de la República, más aún si puedan provenir de quienes ejercen cargos de alta investidura política”, señaló.
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Contraloría expresa su respaldo a los auditores de la institución y rechazan actos intimidatorios. (Documento)
Informó también que esta actitud ha sido “puesta en conocimiento” del presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama.
El Comercio tuvo acceso al documento que el contralor Nelson Shack envió al titular del Parlamento. Ahí le brinda detalles de la actitud de Alarcón.
“Consideramos necesario exponer ante su despacho el rechazo de esta entidad fiscalizadora superior ante cualquier acto que pudiera resultar intimidatorio a la función de control (...) Ponemos en su conocimiento la situación para los fines que considere pertinentes”, escribió el contralor.
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Oficio que contralor envió al presidente del Congreso, Manuel Merino
El Comercio informó que la Contraloría emitió un informe respecto a las 26 modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del actual congresista Edgar Alarcón, durante su paso por dicha institución.
En su reporte, sostiene que las modificaciones fueron “irregulares” y que existen indicios sobre que la información inicial consignada no respondería a la verdad.
“Está acreditado que, el indicado exfuncionario [Edgar Alarcón], presentó declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas “rectificadas”, las cuales tienen datos distintos a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas inicialmente, denotando indicios de que las primeras no responderían a la verdad de la información en ellas declaradas, afectando la fe pública en cuando a la confiabilidad, legitimidad y validez de las declaraciones que emiten los funcionarios y servidores públicos”, concluye la Contraloría.
Finalmente, la institución expresó su respaldo a la función de “todos los equipos auditores desplegados a nivel nacional para velar por el buen uso de los bienes y fondos públicos en beneficio de la ciudadanía”.
