“Como Estado respetuoso de las instituciones, cumpliremos con trasladar la solicitud del Congreso”, dijo Aráoz. (Foto: EFE)
“Como Estado respetuoso de las instituciones, cumpliremos con trasladar la solicitud del Congreso”, dijo Aráoz. (Foto: EFE)
Diego Chirinos

Las reacciones a la última resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos () continúan.

Luego de que el tribunal internacional solicitara archivar el proceso de acusación constitucional que se le sigue en el Congreso a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el Caso El Frontón, la Junta de Portavoces del Parlamento anunció el lunes la presentación de un pedido de aclaración. El Ejecutivo, ahora, correrá traslado de dicha solicitud.

“La Junta de Portavoces tomó una decisión de forma democrática y nosotros, como Estado respetuoso de las instituciones, cumpliremos con trasladarla”, reveló la primera ministra Mercedes Aráoz en diálogo con El Comercio.

Al no ser parte del proceso en la Corte IDH, el Parlamento necesitaba que su pedido de aclaración sea interpuesto por el Ejecutivo. Tras conocerse la resolución, el Estado peruano tendrá 90 días para realizar el pedido formal.

“Aunque este difícilmente surtirá efecto, ya que, según el reglamento de la corte, las resoluciones sobre medidas provisionales no pueden formar parte de un pedido de aclaración”, opina la especialista en derecho internacional Michelle Reyes.

—El TC se pronuncia—
Ayer, antes de conocer la postura del Ejecutivo, el TC solicitó a las autoridades peruanas respetar la última medida provisional dictada por la Corte IDH. Es decir, suspender el proceso de acusación constitucional contra los cuatro magistrados.

“Invocamos, muy respetuosamente, a las autoridades respectivas cumplir esta decisión de la Corte IDH”, indicó el presidente de dicha institución, Ernesto Blume, en un breve pronunciamiento.

En ese sentido, si bien el Ejecutivo toma el pedido de aclaración del Congreso como un recurso legítimo –ya que afecta directamente el proceso de acusación constitucional–, no se contempla una potencial salida de la Corte IDH.

“Esa no es una opción para ningún fallo final del tribunal, por más cuestionable que sea”, indicó Aráoz.

—Los integrantes de la Corte IDH—

Patricio Pazmiño Freire - Ecuador
60 años
Es miembro del tribunal para el plazo 2016-2021. Fue juez de la Corte Constitucional de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Humberto Antonio Sierra Porto - Colombia
51 años
Juez de la corte para el período 2013-2018. Votó en contra de la reciente medida provisional dictada por la corte sobre el Caso El Frontón.

Eduardo Vio Grossi - Chile
73 años
Ejerce como vicepresidente de la corte. Emitió uno de los dos votos en contra del pedido de archivo para la acusación constitucional.

Eugenio Raúl Zaffaroni - Argentina
78 años
Es miembro de la corte para el período 2016-2021. Fue juez de la Corte Suprema argentina durante once años de gobierno kirchnerista.

Elizabeth Odio Benito - Costa Rica
78 años
Es miembro de la corte para el período 2016-2021. Formó parte de la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales.

Roberto de Figueiredo Caldas - Brasil
55 años
Es juez de la corte para el período 2013-2018. Como presidente solicitó el archivo de la denuncia constitucional contra los miembros del TC.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot - México
49 años
Es presidente del tribunal desde enero del 2018. Fue elegido miembro del mismo para el período 2013-2018.

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