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Esta mañana, el secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, señaló que su partido ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la exclusión de 12 aspirantes a cargos públicos en las elecciones regionales y municipales, por presentar condenas vigentes.
"El día jueves 14 [de agosto], la secretaría general de Fuerza Popular ha enviado un oficio al JNE pidiendo la exclusión de 12 candidatos que estarían sentenciados por algunos delitos", señaló en el Hall de los Pasos Perdidos.
El congresista fujimorista indicó que decidieron realizar esta separación en aras de tener un desempeño que goce de mayor transparencia. Precisó que su partido político está participando de los comicios de octubre con más de 7 mil candidatos a nivel nacional y que "estos casos representan menos del 1% del total".
DOCUMENTOS FALSOS
Por su parte, el vocero de la bancada fujimorista Juan José Díaz Dios manifestó que su partido considera que "una persona que ha purgado cárcel no debería ser autoridad".
El parlamentario señaló que uno de los 12 aspirantes que están por ser expulsados de los comicios, presentó a Fuerza Popular documentación que indicaba que no contaba con antecedentes policiales ni judiciales.
"El señor Yovera, candidato por el distrito de La Arena (Piura) presentó documentos indicando que no tiene antecedentes penales ni judiciales. Entonces, de alguna manera asumimos que el JNE tiene información que nosotros no manejamos o quizás esos certificados sean falsos", precisó el legislador.
Aclaró también que de los candidatos en cuestión, ninguno tendría condenas por terrorismo o narcotráfico. "Ninguno tiene condena ni nada vinculado al narcotráfico y el terrorismo, son condenas por temas relacionados a familia y propiedad en su mayoría", detalló en declaraciones a El Comercio.
También mencionó que Fuerza Popular está siendo asistido por la Asociación Civil Transparencia para investigar a otros candidatos. Solicitó que a futuro los organismos electorales faciliten a los partidos políticos algún mecanismo para verificar la veracidad de los documentos entregados por los postulantes a cargos.
