¿Otros cinco años sin reformas?, por Juan Paredes Castro

Si pulseamos la poca fuerza de carácter y la escasa voluntad política con que podrían llegar al poder cualquiera de los principales candidatos presidenciales y sus representaciones parlamentarias, es posible que nos pasemos otros cinco años sin las reformas que los mayores problemas del país reclaman.

A la luz de las propuestas de la actual campaña electoral, con un débil promedio de determinación por el cambio, un diagnóstico desalentador como este resulta grave. De un lado, porque no habrá gobernabilidad futura viable sin reformas sustanciales. Y, de otro, porque la ausencia de estas terminará bloqueando las mejores acciones para enfrentar, por ejemplo, la inseguridad ciudadana.

Las reformas del sector Interior, de la Policía Nacional y del sistema penitenciario, de la misma manera que las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público, no resisten otros cinco años de postergación, pese a constituir, todas ellas, la receta básica para empezar a bajar el elevado índice de criminalidad en el país.

Que hayamos vivido veinticinco años de congelamiento de estas y otras reformas, como la política, la económica y la electoral, demuestra la reiterada total incapacidad de los partidos y sus liderazgos para dialogar y concertar, incapacidad que podría repetirse por un lustro más si las alternativas de gobierno y de desempeño legislativo no revelan lo que dijimos al comienzo: la fuerza de carácter y la voluntad política para sacar adelante decisiones y cambios sólidamente aceptables.

No podemos vivir por más tiempo del consuelo tonto de que, como la Constitución del 93 ha echado importantes raíces de estabilidad, principalmente en el campo económico, ya no necesita reforma alguna. Por el contrario, hay tal cantidad de vicios y vacíos en esta carta política que hace imprescindibles muchas reformas, desde la que toca al poder presidencial, cuyas funciones hoy se han vuelto vulnerables a la intromisión, como del 90 al 2000, hasta la judicial, dueña de un maduro pero dilatado proyecto ingresado al Congreso, pasando, naturalmente, por la electoral y la legislativa.

El fujimorismo, que se siente padre putativo y vigilante extremo de la intocabilidad de la Constitución del 93, tiene que perder el temor traumático a reformarla y adquirir el valor racional y la audacia ponderada para apoyar los cambios que otros grupos políticos buscan introducir en fundamentales capítulos de la ley de leyes. El partido de Keiko Fujimori no tiene que ser, en el futuro Congreso, el tapón de las reformas que necesita el país, solo por la candidez absurda de conservarla intacta, inclusive en sus esencias autoritarias como la unicameralidad y el mangoneo fiscal y judicial en manos del Consejo Nacional de la Magistratura.

Es hora de que los candidatos presidenciales con mayor opción den una cuota seria y responsable de voluntad política por las grandes reformas que tendrían que impulsar de llegar al poder. De otro modo nos asomaremos una vez más al abismo de la parálisis y la crisis institucional que ya sabemos a qué conducen.