En las elecciones congresales extraordinarias de 2020, Gahela Cari Contreras acumuló 24,562 votos. Para esa ocasión, Juntos por el Perú -el partido que lanza a la presidencia a Verónika Mendoza- no superó la valla y quedó fuera del Parlamento. Sin embargo, Cari fue la tercera persona más votada de la agrupación en el distrito electoral de Lima Metropolitana.
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Para los comicios del próximo 11 de abril, la joven de 28 años, con estudios de Administración, busca una nueva oportunidad de legislar y, de paso, ser la primera mujer transgénero que ocupe un escaño. En entrevista con El Comercio, compartió sus principales propuestas y opinó sobre otros partidos. Además, respondió a algunas críticas hacia la candidatura de Mendoza.
—De llegar al Congreso, ¿cuáles serían tus propuestas más destacadas?
La primera es una reforma de género, que es un conjunto de iniciativas legislativas contra la violencia de género. Entre ellas, una ley de educación sexual integral, otra de matrimonio igualitario y una ley integral que reconozca los derechos de las personas transgénero. Además, llevaremos una ley que despenalice el aborto para que este sea libre, seguro y gratuito, pues dejarlo en la clandestinidad solo sigue acabando con la vida de las mujeres. También proponemos una reforma policial para acabar con la criminalización de la protesta y la corrupción dentro de la Policía Nacional; una reforma tributaria que retire beneficios tributarios a las grandes empresas; y una segunda reforma agraria para mejorar las condiciones de los pequeños agricultores.
—¿En qué consistiría esta segunda reforma agraria?
Lo que buscaremos es evitar que los bancos y los “agroexplotadores” [o empresas agroexportadoras que no reconocen derechos laborales] sigan expropiando las tierras a los pequeños agricultores. A lo largo del tiempo, los pequeños agricultores han tenido que convivir con deudas y créditos con altos intereses. Esto ha producido que rematen sus tierras y pequeñas chacras. Y que, luego de ello, se los contrate para trabajar esas tierras que les han expropiado.
Además, se los contrata para trabajar en estas agroexportadoras bajo condiciones de explotación, con un sueldo bajísimo. Yo misma he trabajado en una agroexportadora, cuando terminé la escuela, para poder postular a la universidad. He sido testigo presencial de cómo las mujeres campesinas resisten las largas jornadas de trabajo, incluso con calmantes. Esas mujeres campesinas, antes, tuvieron pequeños terrenos que los bancos les quitaron y que los agroexplotadores compraron.
La segunda reforma agraria que planteo lo único que quiere es acabar con estas expropiaciones. Lo que planteo es un acto de justicia; no un capricho. Los pequeños agricultores, que son los responsables de nuestra alimentación, siguen muriendo en la miseria, mientras que los agroexplotadores siguen gozando de beneficios tributarios. Como parte de esta reforma, se plantea también el acceso a una pensión de jubilación, un seguro de salud, un programa de créditos a bajos intereses e incluso capacitaciones para pasar de la agricultura a la agroecología, para educar en el cuidado de los recursos.
—Se estima que el nuevo Congreso será bastante fraccionado y la mayoría de los partidos que hoy postulan guardan posiciones bastante conservadoras en cuanto a género y reivindicaciones de derechos LGBTI. ¿Cómo haría una bancada de Juntos por el Perú para impulsar las reformas que vienen anunciando?
Yo creo que como hemos hecho durante todo este tiempo: con diálogo, con información, con pedagogía. Creemos que es sumamente necesario dejar claras nuestras propuestas y convicciones, y que, como en todo marco democrático, estas sean discutidas. Es necesario abrir el debate hacia la ciudadanía también. Quiero dejar claro también que no existe tal cosa como “el momento ideal” para discutir ciertos temas o romper con prejuicios y mitos. Las condiciones para empujar cambios se construyen. Juntos por el Perú está convencido de luchar por la igualdad, por la salud pública, por la educación de calidad con enfoque de género y por quienes menos tienen.
—¿Qué diferencia a Juntos por el Perú de otras ofertas electorales progresistas?
Yo creo que, más allá del discurso, en Juntos por el Perú hemos pasado a la práctica. El partido ha sido capaz de garantizar la participación de la ciudadanía en toda su diversidad. Ningún otro espacio político ha sido capaz de garantizar la participación de personas trans, por ejemplo. Creo que Juntos por el Perú sí es una alternativa de cambio real, que ha construido una propuesta en constante diálogo con organizaciones sociales y movimientos populares. Esa es nuestra mejor carta de confianza, que hemos ido construyendo con esfuerzo, a pesar de que no contamos con el dinero suficiente para hacer una gran campaña o para contratar la publicidad que quisiéramos; a pesar de que otros partidos tienen mucha más exposición en medios que a nosotros nos encantaría. A pesar de todas las limitaciones, somos una de las propuestas con mayor simpatía, lo que nos marca la tarea y la necesidad de seguir impulsando nuestro proyecto político.
—Algunos candidatos del espectro de la derecha señalan que un gobierno de Verónika Mendoza pondría al país en una situación como la de Venezuela, en referencia a su crisis y dictadura. ¿Qué respondes a esas críticas?
Creo que esas críticas no vienen solo de los candidatos o de los partidos políticos, sino también de muchos medios de comunicación. Siempre se quiere asociar al proyecto de Juntos por el Perú con la dictadura de Venezuela. Y es curioso porque quienes nos señalan como ‘venezuela-lovers’ terminan, en la práctica, queriendo replicar el modelo económico que Venezuela desarrolla.
¿No son acaso Hernando de Soto y Rafael López Aliaga dos candidatos que quieren impulsar un modelo extractivista; que es un modelo que tiene Venezuela con su petróleo? ¿No son los que quieren imponer proyectos extractivos, como Tía María, que traería consecuencias irreparables para el medio ambiente y la vida de la gente? ¿No son ellos los que insisten en ese modelo económico caduco? Son ellos; no Juntos por el Perú.
Nosotros hemos discutido, interpelado y deslindado de la dictadura de Venezuela desde hace bastante tiempo. Lo que proponemos es una diversificación económica y que el país no dependa de las actividades extractivas. Creemos en la minería responsable y por eso proponemos un reordenamiento territorial para determinar, obedeciendo criterios ambientales, dónde se pueden desarrollar ciertas industrias. Habrá lugares donde se pueda desarrollar actividades extractivas y otros donde no.
—Recientemente, hubo un encuentro virtual público entre Verónika Mendoza y el expresidente boliviano Evo Morales. Algunos sectores políticos y líderes de opinión cuestionan el acercamiento de JP a un ex gobernante de izquierda que se aferró al poder por bastante tiempo. ¿Crees que fue atinada esa actividad?
Yo me preocuparía si Verónika Mendoza saliera al costado de Jeanine Áñez [expresidenta boliviana, actualmente detenida y procesada por presunta sedición] que dio un golpe de Estado en Bolivia. Me preocuparía si sale al costado de [Jair] Bolsonaro [presidente Brasil] o de Donald Trump [expresidente Estados Unidos] o si tuviera una foto con [Muamar el] Gadafi [ex dictador libio]. Pero creo que hay muchas reflexiones y autocríticas dentro y fuera de la izquierda. Nosotros hacemos política pensando en quienes menos tienen; no en lo que puedan pensar la Confiep, los políticos de derecha o los grandes empresarios.
—¿Cuál es el planteamiento de Juntos por el Perú con respecto a la inversión privada?
El partido apuesta por las MYPES, por los emprendedores, los agricultores, los gestores culturales, los empresarios y la inversión privada que respeten las normas y que quieran al país. Yo creo que todos los inversionistas y los empresarios privados que están dispuestos a respetar las reglas y a seguir criterios ambientales no tienen por qué temerle a una propuesta como la nuestra. Considero que los que tienen miedo en realidad son los que están acostumbrados a negociar bajo la mesa, a demandar a los empresarios que les hacen competencia para concentrar un monopolio. Ellos son los que tienen miedo de perder privilegios. Basta con ver que, entre quienes levantan la propuesta de Juntos por el Perú, hay empresarios, microempresarios y emprendedores. No estamos en contra de la inversión privada, sino que impulsamos estándares para que sea responsable.
—El partido con el que Juntos por el Perú guarda más diferencias es Renovación Popular. ¿Cómo sería esa interacción en el Congreso con una bancada tan conservadora?
Primero: nunca ha sido fácil en ningún Congreso llevar una agenda progresista. Antiderechos han habido toda la vida. Pero lo real es que Renovación Popular evidencia sus propias contradicciones. Se dicen provida, pero su líder sugiere el suicidio más violento; se dicen profamilia, pero su líder sugiere que las niñas embarazadas por violación sean forzadas a ser madres a cambio de hoteles cinco estrellas; dicen apoyar a las mujeres, pero su candidata a la vicepresidencia tiene un discurso en contra de la independencia de las mujeres... Yo estoy segura de que las familias de este país van a cerrarle el paso a fundamentalistas y antiderechos. Es sumamente necesario entender que la fe no puede ser la excusa para justificar discursos de odio. Yo soy creyente, pero creo en una fe que abriga a todos y que no deja a nadie fuera.
—A inicios de febrero, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE exhortó a los candidatos a respetar la identidad de género de todas las personas que participan en el proceso electoral. Esto, por el maltrato que recibiste de un candidato de Renovación Popular. ¿Te pareció suficiente el pronunciamiento o pudo haber sido más categórico?
Creo que no vale la pena mencionar a quienes usan la libertad de expresión para agredir a las personas. Una opinión racista, homofóbica o transfóbica no debe tener espacio en una sociedad democrática. Creo que el pronunciamiento del Pacto Ético y el acto discriminatorio en sí mismo sirvieron para demostrar lo que muchas personas transgénero viven y sufren a diario. Fue una muy pequeña muestra frente a las grandes dificultades y obstaculizaciones que tienen las personas trans. ¿Qué sucede con las personas que no tienen una cámara en frente o que no tienen redes públicas? La exhortación del Pacto Ético fue un avance saludable en el reconocimiento de la lucha contra la discriminación y la violencia de género. Pero hacen falta más avances en materia legislativa y es por eso que impulsamos una reforma integral.
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