¿Por qué no enfrentar la justicia en libertad?, por Juan Paredes Castro

A la memoria de Enrique Bernales Ballesteros

Bajo la judicializada política y la politizada justicia saltamos en una semana de la detención preventiva de Keiko Fujimori al pedido de asilo de Alan García.

Podríamos, en poco tiempo más, saltar de la concesión del asilo solicitado por García a la expedición del salvoconducto por el Gobierno Peruano o también a su rechazo contundente. Así, Uruguay tendría que seguir hospedando al ex presidente en su embajada por tiempo indefinido, con todo el ruido político y diplomático interno que ello supondría.

En otro escenario, el Gobierno de Uruguay podría negarle el asilo a García y solo ofrecerle la gestión de una salida diplomática protegida hacia un tercer país, lo que significaría un sorprendente éxito para el presidente Vizcarra, quien ha negado tajantemente que en el Perú exista persecución política.

La posición de Vizcarra le hace bien a la imagen democrática del país, aunque le resta fuerza que ahora ponga las manos al fuego por el Ministerio Público después de haber ejercido presión política sobre él. El Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos autónomos ajenos a su control y tienen la responsabilidad de dar garantías de debido proceso e imparcialidad a quienes investigan y juzgan.

Vizcarra ha cuestionado más de una vez la idoneidad del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, arrojando un manto de descalificación e incertidumbre sobre la institución que este representa. Idoneidad que tendrá finalmente que resolver el Congreso mediante una acusación constitucional. La intromisión de un poder en otro contradice la separación de poderes a la que alude Vizcarra, y se mezcla con algunos errores y excesos en actuales procesos en los que la figura de la prisión preventiva –al no presentar garantías convincentes al debido proceso– puede derivar fácilmente en un argumento de persecución política, como el usado por García al sustentar su pedido de asilo.

No habiendo un solo caso de acusación judicial firme en la actual cruzada anticorrupción y solo, como máximo, prisiones preventivas y gestiones de extradición, todas susceptibles de revocación, las fiscalías han concentrado la severidad y urgencia de sus investigaciones en unos casos (Fujimori y García como cabecillas de organizaciones criminales) más que en otros (Toledo, Humala, Heredia, Villarán y Kuczynski, apenas tocados por encima), dando la impresión, equivocada o no, de parcialidad.

Pero así los fiscales Pérez, Vela y otros estuvieran errados y no investigaran con la misma vara a todos los involucrados en los aportes mafiosos de Odebrecht, quien tiene que administrar a cabalidad las peticiones de prisión preventiva, por reales peligros de fuga u obstrucción de la justicia, antes de adelantar culpabilidades, es el juez Richard Concepción Carhuancho.

Muchas sentencias preventivas, antes de pretender pasar hoy a la historia, deben verse en el espejo de mañana, victimizando a quienes tendremos de vuelta y en libertad como candidatos al Congreso o a la presidencia.

Si, como sostiene el Tribunal Constitucional, no hay una corrección rápida en los tribunales, haciendo que los investigados enfrenten sus procesos en libertad, la justicia seguirá siendo un campo fértil para la impunidad.