El ex presidente Alejandro Toledo, a través de sus abogados, continúa intentando sustentar ante Estados Unidos que las investigaciones en su contra por delitos de corrupción y lavado de activos se enmarcan en una persecución política.
De esta manera, evitaría su detención y, como corolario, la extradición hacia nuestro país para enfrentar los procesos por los casos Odebrecht y Ecoteva.
Esta vez, la defensa de Toledo Manrique trató de introducir la orden de detención con fines de extradición por el Caso Odebrecht –enviada a Estados Unidos en febrero– en el cuadernillo de detención que estuvo elaborando el juez Abel Concha, a cargo del Caso Ecoteva.
A través de un escrito, presentado por su abogado Roberto Su, Toledo solicitó a Concha que “anexe el requerimiento del fiscal Hamilton Castro y la resolución de fecha 9 de febrero del 2017, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria [a cargo del Caso Odebrecht]”.
Sin embargo, según una resolución a la que accedió El Comercio, este pedido fue rechazado por el juez Concha, quien advirtió que solo las partes “legitimadas” y “agraviadas” podían pedir la inclusión de medios probatorios. Además, el magistrado concluyó que acceder a dicho pedido sería parcializarse con el procesado.
“Lo que queríamos poner en evidencia ante las autoridades de Estados Unidos era que, por uno o por otro lado, las detenciones por Odebrecht y por Ecoteva tienen que ver y que es lo mismo. Nosotros queríamos demostrar eso”, comentó a este Diario Heriberto Benítez, otros de los abogados de Toledo.
Según dijo, ahora, cuando la carpeta de detención por el Caso Ecoteva sea enviada a Estados Unidos, pedirán que allá se “agregue” al pedido de arresto por el Caso Odebrecht.
—Día de audiencia—
Por otro lado, hoy el juez Concha evaluará el pedido de Toledo y su esposa, Eliane Karp, para que se descongelen y devuelvan los fondos de AFP que se les incautaron.
Meses atrás, este Diario informó que la fiscalía había congelado S/147.653 a Toledo y S/176.000 a Karp, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que trataban de transferirlos fuera del país.
MÁS EN POLÍTICA...