Casos de delincuencia común se resolverían en 72 horas

Jaime Reyes, miembros del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, informó a El Comercio que ante el incremento de la criminalidad común (robos, ‘raqueteos’, ‘marcaje’, homicidios y extorsión) es necesario dotar a los operadores del sistema de justicia (fiscales y jueces) de mejores herramientas para combatir la delincuencia.

En ese sentido, el sector Interior publicará una norma, entre hoy y mañana, que dispone que los fiscales están obligados a solicitar a los jueces la aplicación del proceso inmediato cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. El proceso inmediato es una respuesta judicial inmediata distinta al proceso común, que permite resolver los casos en 72 horas.

También se aplicará esta medida si la persona ha confesado la comisión de un delito o si las pruebas acumuladas durante las diligencias preliminares son evidentes. “En la actualidad, los fiscales no están obligados a solicitar un proceso inmediato al juez, la minoría lo hace porque es electivo, pero ahora será una regla que deben cumplir”, expresó Reyes.

El asesor legal del Ministerio del Interior, Javier Llaque, detalló a este Diario que los fiscales se demoran mucho tiempo en el proceso de investigación. “El caso demoraba como un año y la persona afectada sentía que la justicia no llegaba. Con esta nueva norma, que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros, los fiscales se ahorrarán tiempo. El juicio oral no se dilatará tanto y en 72 horas el juez dictaminará su fallo”, explicó.

El funcionario indicó que los fiscales no solicitan la aplicación del proceso inmediato por temor. “Tienen miedo de ser acusados por los imputados de no llevar un debido proceso”, agregó.

Entre los objetivos de la norma figuran: dar rapidez a la investigación y juzgamiento de estos delitos a fin de obtener una decisión pronta y eficaz; atender mejor las demandas ciudadanas en seguridad; aliviar la carga procesal; y evitar la corrupción.

Entre julio del 2006 y diciembre del 2014, los procesos inmediatos solo sumaron 338. “Es una cifra alarmante. Un juez y un fiscal no pueden tardar tanto tiempo en aplicar sanciones en casos de delitos comunes”, remarcó al asesor legal del Ministerio del Interior.

Según el INEI, el 30,5% de peruanos sostuvo haber sido víctima de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad en el 2014. Además, el 53,9% de peruanos dijo que en esos 12 meses fue víctima de robo de dinero, cartera o celular, el delito más común.

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