En el noveno día de cuarentena general, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Ejecutivo le solicitará facultades legislativas al Congreso de la República para emitir decretos relacionados a la prevención del coronavirus. Los temas serán evaluados en la sesión del Consejo de Ministros que realizará este miércoles.
“Mañana [hoy] vamos a ver en qué tópicos necesitamos que el Congreso nos dé facultades legislativas para actuar con rapidez en temas específicos sobre la enfermedad”, señaló Vizcarra. El pedido del presidente de la República coincide con un periodo en el que las comisiones del nuevo Congreso aún no se instalan, y el Ejecutivo ya no puede emitir decretos de urgencia.
No es la primera vez que Vizcarra solicita facultades legislativas ante una emergencia. Ya lo hizo una vez antes: apenas a mes y medio de haber asumido funciones, cuando aún se veían las trágicas consecuencias del fenómeno de El Niño costero.
Pedirle facultades al Congreso no es un cheque en blanco. En anteriores ocasiones el Ejecutivo tuvo más de un contratiempo por los decretos emitidos. El Parlamento puede decidir no otorgarle autorización en alguno de los puntos solicitados o, una vez emitidos los decretos, derogarlos.
El primer pedido de Vizcarra
En mayo del 2018, el primer proyecto que presentó Vizcarra incluía temas de: materia tributaria y financiera; gestión económica y competitividad; reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios; integridad y lucha contra la corrupción; prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad; y modernización del Estado. Los pedidos no se limitaron a la reconstrucción en sí misma.
El tiempo no fue un aliado. La solicitud de Vizcarra fue presentada el 2 de mayo, y el Parlamento recién lo aprobó el 19 de junio, mes y medio después. Antes, pasó por la Comisión de Constitución, a la cual acudieron para sustentarlo el entonces primer ministro César Villanueva y los dos titulares de Economía que hubo en ese periodo, David Tuesta y Carlos Oliva. Durante el debate, se hicieron modificaciones en algunos puntos.
[POR MAYORÍA] #Pleno aprueba en primera votación #PL que propone delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de 60 días calendario, en materia de gestión económica y lucha contra la corrupción. ► https://t.co/tgODtQcF5H pic.twitter.com/1DMPlF3gWe
— Congreso del Perú (@congresoperu) June 20, 2018
El pedido fue aprobado con 82 votos a favor, en el último pleno de la legislatura 2017-2018. Las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y once no agrupados, entre ellos Vicente Zeballos, respaldaron la delegación de facultades.
Pero Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular se opusieron, alegando que el Ejecutivo no había planteado proyectos en beneficio de la población. El Apra se abstuvo de votar.
Pero el documento formal con la aprobación –autógrafa de ley– fue recibido por el Despacho presidencial el 2 de julio.
Al final de ese periodo de 60 días, el Ejecutivo emitió 101 decretos legislativos, ninguno de los cuales fue derogado. Durante ese plazo, Vizcarra anunció la convocatoria a un referéndum para la reforma judicial y la prohibición de reelección de los congresistas.
La oposición utilizó el otorgamiento de las facultades para señalar que no eran obstruccionistas con el gobierno.
Los problemas con Kuczynski
La gestión de Pedro Pablo Kuczynski no tuvo la misma suerte –ni energía– que la de Vizcarra. Su primer pedido de facultades legislativas empezó con un traspié: el gobierno solicitó facultades por 120 días, pero el Congreso le aprobó dárselas por noventa. Antes de eso, la Comisión de Presupuesto, entonces presidida por la fujimorista Cecilia Chacón, había emitido un preinforme en el que recomendaban denegar el pedido.
“No vamos a ser detallistas, habrá que trabajar un poquito más rápido, nada más”, dijo en respuesta a eso Kuczynski.
Les dieron autorización para legislar sobre materia económica, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, agua, saneamiento y Petro-Perú, pero las votaciones se hicieron por cada tema por separado. Aunque en la mayoría de ítems lograron unanimidad –con 117 votos presentes–, la bancada de izquierda se opuso a delegarle facultades en temas de reactivación de la economía.
[LO ÚLTIMO] Pleno aprobó otorgar facultades para reactivación económica y formalización, con 99 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención. pic.twitter.com/nSPbdNrnOL
— Congreso del Perú (@congresoperu) September 30, 2016
Con ese poder en manos, emitieron 112 decretos legislativos, entre octubre del 2016 y enero del 2017, pero el Congreso les enmendó la plana.
Bajo la presidencia de Luis Galarreta, el Legislativo derogó total o parcialmente 14 decretos emitidos, incluyendo algunos que incorporaban el enfoque de igualdad de género en diversas instituciones. El argumento fue que el Ejecutivo se había excedido en temas que no habían sido autorizados.
"Se aprobó la ley de reconstrucción, así como los poderes extraordinarios de lo cual son frutos estos decretos legislativos. Ahora parece que hay un golpe de timón para cambiar las cosas. Espero que este episodio nos lleve a la razón y al diálogo y no ha actitudes irresponsables", respondió PPK. No tomó otras decisiones para defender el trabajo de su gabinete.
El 6 de diciembre del 2017, en los estertores del gobierno de Kuczynski, el gabinete encabezado por Mercedes Araoz también solicitó facultades legislativas, pero los dejaron con los crespos hechos. El Ejecutivo presentó un proyecto para que les deleguen facultades en materias económicas, de lucha contra la corrupción, prevención de desastres naturales y reforma del Estado.
Poco después se presentó el primer pedido de vacancia contra Kuczynski y el indulto, luego anulado, al expresidente Alberto Fujimori. En enero del 2018, el Ejecutivo decidió dejar en stand by el pedido que habían realizado; y prometieron hacer llegar sus iniciativas a través de proyectos de ley que sigan el camino ordinario.
Práctica común, pero con problemas
Los presidentes anteriores también solicitaron facultades legislativas. Un resumen hecho por la ONG Reflexión Democrática, en el 2012, muestra que si bien esta es una prerrogativa usual, en los últimos gobiernos disminuyó la cantidad de pedidos.
Durante el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985), se le delegó 27 veces facultades legislativas al Ejecutivo, y se emitieron 335 decretos legislativos. En el periodo siguiente, Alan García (1985-1990), se aprobaron 36 permisos, y el Ejecutivo emitió 244 normas. A lo largo de la década del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), recibieron 27 autorizaciones y emitieron 299 decretos.
En el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se hizo este pedido en cuatro ocasiones y se emitieron apenas 39 decretos. No se aprobaron otros dos pedidos: uno para delegarles facultades en materia de seguridad ciudadana, en el 2003, y otro para fiscalización, trabajo y promoción del empleo, en el 2005.
En tanto, en el segundo gobierno de García (2006-2011), también se solicitaron cuatro autorizaciones, pero se emitieron 133 normas. No se puso a debate dos pedidos de facultades legislativas: uno para promover la gestión de organizaciones deportivas profesionales, en el 2009, y otro para la reforma del Código Civil, en el 2011.
El expresidente Ollanta Humala solicitó lo mismo en siete oportunidades, y emitió 144 decretos, aunque no por ello sus pedidos fueron limitados por el Congreso. En el 2015, se aprobó uno de ellos pero no por 120 días como había sido solicitado, sino solo por 90. A la vez, no les concedieron facultades para emitir normas para fomentar el desarrollo del mercado de capitales, fortalecer el intercambio de información tributaria y colaboración entre Estados, la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, entre otros.
–¿Qué le espera a Vizcarra?–
La posibilidad de que Vizcarra solicite facultades legislativas para mitigar el impacto del avance del coronavirus en el país fue tratado en la primera reunión que sostuvo con el presidente del Congreso, Manuel Merino, realizada el miércoles 18 de marzo. Según fuentes de El Comercio, Merino le comentó este tema a los voceros de los partidos que conforman la alianza que integra Acción Popular en la Mesa Directiva. Ellos se mostraron a favor.
El pedido que presente el Ejecutivo tendrá que sortear dificultades: el plazo para que se apruebe y posibles modificaciones. Su aprobación depende de las medidas que tome el pleno del Congreso en la sesión que se desarrollará en el periodo de cuarentena para poder continuar con el debate, ya sea presencial o virtual.
No obstante, el Legislativo también podría decidir no darle facultades en todos los puntos que se pidan, o derogarlos una vez emitidos, tal como se hizo anteriormente.