¿Cuál es el costo político en el Gobierno de los cuestionamientos sobre el Hospital de Moquegua?

Las últimas informaciones han vuelto a poner los reflectores en lo que fue la gestión del actual presidente de la República, Martín Vizcarra, frente al Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014). En estos casos que se han conocido ─sobre todo el del hospital de Moquegua y el de la represa de Chirimayuni─ están comprometidos altos funcionarios del ahora Gobierno.

En caso del hospital regional, durante la gestión de Vizcarra se desembolsó un adelanto de S/41 millones de manera irregular, según advirtió la contraloría general de la República; y en el caso de Chirimayuni, se pagó a un consorcio a pesar de no haber realizado el servicio.

Además, el domingo, Cuarto Poder reveló que tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua, de los 14 a los que la contraloría halló presuntas responsabilidades por el irregular desembolso para la construcción del hospital de esa región, trabajan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que dirige Edmer Trujillo.

Para Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, lo que ha ocurrido en los últimos días respecto a la gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua es muy sensible para el Gobierno y “sí hay un costo político”. Esto se suman a anteriores “golpes” como el encarcelamiento del ex primer ministro César Villanueva, otro de sus hombres de confianza.

Sin embargo, en estos casos en los que están comprendidos personajes de su “círculo cerrado”, como el hoy ministro de Transportes, Edmer Trujillo, exgerente general de Moquegua, el jefe del Estado no estaría actuando de la misma forma tajante y frontal, como sí lo hizo en anteriores ocasiones. Esto podría afectar su imagen como abanderado de lucha contra la corrupción.

“Ya el presidente ha mostrado más de una vez que en donde hay escándalos o posibles temas que se riñan con temas de corrupción, rápidamente ha hecho cambios. Y eso le ha funcionado. En este momento no está haciendo los cambios. Y, vamos, por ser investigado acá nadie está poniendo el dedo sobre nadie […] pero con cargos de confianza es muy sensible por el mensaje político: el mensaje de enfrentar la corrupción”, dijo Radzinsky.

El politólogo José Incio consideró que quizás se esté apostando no tanto por el costo político y la pérdida de popularidad que todo esto pueda desencadenar, si no, más bien, por no colisionar con el círculo de confianza del presidente, que lo ha acompañado todos estos años.

“En este momento no tener una actitud confrontacional con su propio círculo cercano es menos costoso que dejar que estas situaciones sigan su curso en la fiscalía y, me imagino, que si más adelante se prueba mayor gravedad. Ahí quizás ya está forzado, por lo que ya pudiera ser algo más”, expresó Incio.

Sin embargo, agregó, no se estaría tomando en cuenta que -al no tener la misma actitud que se tuvo en otros casos en los que se vinculen con actos irregulares, sobre todo a miembros de la oposición-, “le da más razón al ciudadano para pensar ‘ah, sí es verdad que él [Vizcarra] está metido en esto’”.

El politólogo también remarcó que con la disolución del Congreso se perdió esa “contraparte” que le servía maniobrar al presidente Vizcarra ante situaciones de esta naturaleza y tener “una forma más segura y fácil de desplazar este ataque”.

“Imagínate si estas denuncias hubieran salido de la comisión que estuvo manejando la excongresista Rosa Bartra. Pero en este caso las denuncias salen de contraloría y de fiscalía y que, hasta cierto punto, tienen alguna cuota de credibilidad en esta lucha contra la corrupción. Eso es lo que es problemático para este gobierno”, añadió Incio.

Randzinsky, por su parte, hizo hincapié en que hoy el poder está más concentrado sin un Parlamento y que “en otras circunstancias ya habría habido por lo menos una interpelación en el Congreso o por lo menos alguna citación en comisiones”.

“En esta concentración lo que tiene que hacer es ser particularmente cuidadoso por parte del Ejecutivo para cuidar ese activo grande que le ha costado construir y que es una bandera política muy potente. Entonces es un asunto sensible”, sostuvo Randzinsky.

El especialista destacó que la desaprobación del Gobierno en su conjunto (49%, según la última encuesta de Ipsos) se da en buena cuenta “porque la mayoría de ministros de Estado, que son funcionarios políticos, no le están sumando” al presidente Vizcarra y las prioridades de su administración.

Por otro lado, el sociólogo Carlos Alberto Adrianzén hizo notar que quizás desde el Gobierno se esté dejando pasar estos temas a un segundo plano apostando a las próximas festividades de fin de año y una inminente campaña electoral, aunque corta, que se llevará a cabo en enero.

En sus palabras, de momento esta imagen de lucha contra la corrupción que busca encabezar Vizcarra no se ha visto tan afectada, aunque “las lealtades del electorado son bien volátiles”.

“Se tendría que mostrar un vínculo mucho más directo para que esto pase a mayores y, si pasa, ahí sí es bien complicado porque Vizcarra, una buena parte de su estabilidad está basada en que encarna la lucha contra la corrupción”, aseveró.