La primera ministra, Ana Jara, informó hoy que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que plantea multar y disolver las empresas del sector privado que se vean involucradas en casos de corrupción.
Jara explicó que el objetivo de la norma es impulsar una fiscalización “mucho más efectiva” contra la corrupción y abarcar ahora a las empresas privadas, debido a que muchas de ellas se han visto vinculadas a actos irregulares.
“Hasta ahora la responsabilidad había alcanzado a las empresas de derecho mercantil. Ahora queremos apuntar también a las empresas de derecho privado, que haya una fiscalización mucho más efectiva y que nos permita cerrar todo este círculo donde se han descubierto muchos actos de corrupción”, manifestó.
Ana Jara indicó que esta iniciativa ya ha sido remitida al Parlamento a fin de que sea analizada junto a otra norma que plantea darle protección a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público.
Indicó que esta segunda iniciativa evitará que los funcionarios denunciantes de actos de corrupción sean víctimas de represalias laborales en sus centros de trabajo. La misma protección se hará extensiva a sus familias, y los trámites que deban realizar no tendrán costos, añadió.
Ana Jara expresó su confianza en que el Parlamento aprobará cuanto antes estas iniciativas en el marco de los esfuerzos realizados para contribuir en la lucha contra la corrupción.