Que nadie toque a la reina, por Cecilia Valenzuela

El presidente Ollanta Humala compara al Congreso de la República con el inefable Partido Comunista Sendero Luminoso. “De cuando acá en el país debemos soportar, además de los juicios populares de Sendero Luminoso, los juicios populares que hace el Congreso de la República”, dice Humala mientras defiende, exaltado, a su esposa. Está ofreciendo una entrevista en la que se refiere a ella como “la primera dama de la nación”.

En su tono de voz y en los gestos de su rostro se aprecia la ira que contiene: considera un atrevimiento que la representación parlamentaria la haya incluido en las investigaciones que realiza para establecer la magnitud de la red de corrupción que tejió su ex asesor publicitario y propagandista Martín Belaunde Lossio.

El presidente considera una insolencia tal indagación. “A todas luces esa comisión es ilegítima y probablemente ilegal, el mandato que le dio el pleno no fue para investigar a mi esposa, sino a Belaunde Lossio”, refiere. Como si el poder de Belaunde y su capacidad de manejo en las regiones con mayor canon en el país no se hubiera forjado a partir de la alianza y los vínculos que el ahora preso estableció por años con él, pero sobre todo con su cónyuge, Nadine Heredia.

En la tarea de defender a la presidenta de su partido, Humala no escatima: agrede y califica de balbuceante y mentirosa a Marisol Pérez Tello, la ponderada congresista que preside la comisión. “Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo”, exclama el presidente en medio de un montón de palabras. El periodista que lo entrevista le acaba de recomendar que sería bueno que su esposa explique el origen de sus fondos y la forma como cubre sus lujosos gastos. El mandatario se ofusca: el origen de ese dinero es parte de la vida privada de su mujer, concluye.

Lo que el presidente confirma con sus actos y sus declaraciones frente a este caso es su desprecio por la institucionalidad y el Estado de derecho. La división de poderes es un concepto que el presidente Humala mastica, pero difícilmente traga. El 28 de julio del 2011 juró por una Constitución que ya no está vigente.

Ha pasado su mandato insultando a jueces y fiscales que no fallaron a favor de las causas que él apoya –incluyendo las investigaciones sobre los sospechosos movimientos financieros de su esposa– y hace unos días se refirió al Poder Legislativo como si se tratara del comité central del grupo terrorista más sanguinario de nuestra historia.

Lo más grave es que su gobierno es extremadamente débil y que él mismo tiene muy poco poder: ¿qué pasaría si la comisión del Congreso encontrara culpable a Nadine Heredia? Hacia dónde sería capaz de llevar al país un mandatario que no cree y, por lo tanto, no respeta los mandatos de la Constitución que rige el Estado. Los congresistas no pueden seguir peleando por pequeñeces. Ya cometieron el error de dejar pasar un juramento por otra Constitución. Su deber ahora es comprender la enorme responsabilidad que tienen: hacerse fuertes para garantizar elecciones transparentes.

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