En medio de la crisis que atraviesa su gobierno, el presidente Pedro Castillo volvió a recurrir a un recurso que utilizó en la campaña electoral. El anuncio llegó al cierre de una larga jornada de casi siete horas en la que se desarrolló el Consejo de Ministros descentralizado en el Cusco.
“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley, para que a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo con una nueva Constitución”, expresó el mandatario.
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El contexto es clave: la iniciativa se ha propuesto en una sesión del Gabinete convocada ante el reciente paro regional en Cusco producto del alza del costo de vida y de los precios de los combustibles, y en un escenario que fue bastión electoral de Castillo.
Asimismo, el anuncio se da mientras se espera la convocatoria del Acuerdo Nacional –recientemente petardeado por el primer ministro Aníbal Torres– y se mantiene una confrontación con el Congreso.
Hay un detalle que no es menor: Castillo dio el mensaje ante cerca de 300 asistentes a las tribunas del coliseo Casa de la Juventud –que tiene capacidad para 13 mil espectadores–, que a lo largo del día vociferaban mayoritariamente su respaldo al gobierno, pero sobre todo el pedido del cierre del Congreso.
En torno a la mesa central estuvieron autoridades locales que expusieron sus demandas en distintos sectores, pero que –como suele ocurrir– recibieron del Ejecutivo más anuncios generales de buenas intenciones que respuestas concretas.
El ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que “no hay que tener miedo” al pronunciamiento de la ciudadanía en un eventual referéndum. Consultado por El Comercio sobre cuándo se presentaría la propuesta, respondió: “Seguramente el miércoles se aprueba en Consejo de Ministros”.
El anuncio de Castillo también contradice lo manifestado a inicios de marzo por Torres respecto a intenciones en pro de una nueva Carta Magna. “La política ha sido la misma desde un inicio. No promoveremos ni vamos a promover la asamblea constituyente”, había declarado el primer ministro en conferencia de prensa.
Castillo llegó dos horas después de iniciado el evento. En otro momento, reiteró que convocará al Acuerdo Nacional, cuestionó intentos de desestabilización desde el Legislativo y repitió una constante en sus discursos en casi nueve meses de gestión: el llamado a agendar las urgencias del país y su convocatoria a cuadros técnicos para participar del Ejecutivo.
La sesión no estuvo exenta de incidentes. Los espectadores en las tribunas provenientes de distintas organizaciones sociales y comunidades cusqueñas cuestionaron la presencia de alcaldes provinciales y distritales, mientras que pedían que se priorice la voz de los dirigentes de diferentes gremios sociales.
El jefe del Gabinete volvió a tomar una postura de victimización, pese a los serios cuestionamientos, y reiteró acusaciones de desestabilización en búsqueda de la vacancia presidencial. Incluso aseveró, aunque sin dar mayor detalle, que “el plan va a avanzar hasta lograr que algún o algunos altos miembros de las fuerzas militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de Estado”.
Sobre el asunto, el ministro de Defensa, José Gavidia, indicó que “de ninguna manera” las FF. AA. actuarán así. “Podrá haber algunos oficiales en retiro que tendrán sus diferencias políticas y eso tendrán que manifestarlo en un marco constitucional, respetando la democracia. Si hay cualquier tipo de aventura de este tipo, trasnochada, tenemos que descartarla de plano”, añadió.
Así, el Ejecutivo se despidió de Cusco con respuestas a demandas sociales, pero también mensajes populistas.
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