Gregorio Santos, el exgobernador bajo la lupa de otros políticos de izquierda

Tras fallidos intentos durante trece años para hacerse de un cargo público de elección popular —regidor, alcalde distrital o congresista—, Gregorio Santos llegó al Gobierno Regional de Cajamarca luego de una segunda postulación para dicho cargo con el Movimiento de Afirmación Social (MAS). Pero más que los logros de su gestión, las protestas contra el proyecto minero Conga fueron su principal plataforma de exposición a partir de la segunda mitad del año 2011. “Recuperar la agenda traicionada por el presidente Ollanta Humala”, como dijo alguna vez, era una de sus banderas.

Desde entonces, Santos —exdirigente sindical docente y de las rondas campesinas y urbanas, de 53 años— ganó un capital político que lo llevó a resultar reelecto el 2014, obteniendo más del 40% de votos en la región, y pese a que por entonces se encontraba en prisión preventiva por un proceso judicial que ayer llegó a su fin en primera instancia. Fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de cárcel efectiva por los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. El juez Guillermo Huamán Vargas lo halló responsable de favorecimientos a empresarios con licitaciones de obras durante su primera gestión 2011-2014.

Y aunque en julio del 2016 fue liberado para seguir su proceso bajo comparecencia, no solicitó las credenciales de gobernador al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que el gobernador interino fue el vicepresidente Porfirio Medina, también del MAS, un ala regional del Partido Comunista del Perú Patria Roja.

El poder ganado el MAS, en dos ocasiones, en Cajamarca sedujo a otras organizaciones de izquierda, que vieron en Santos un eventual aliado. Así, lo tuvieron bajo sus respectivas lupas. Por ejemplo, para las elecciones generales del 2016, el docente postuló a la presidencia del Perú con Democracia Directa, el partido de los fonavistas. Con 4,02%, quedó en quinto lugar, por detrás de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea y Alan García, así como por delante de Fernando Olivera, Alejandro Toledo, Miguel Hilario y Ántero Flóres-Araoz.

Pero Gregorio Santos se alejó en aparentes malos términos de Democracia Directa en mayo del 2018. Jorge Rimarachín, su exaliado, explicó por entonces a El Comercio que el exgobernador regional tuvo un “apetito desmedido por tener el partido propio”. “Fue descortés con el partido fonavista, que lo acogió, y estuvo dividiendo al partido junto con su ejército de Patria Roja, con el que juega en pared en distintos comités”, aseveró.

Sin embargo, tampoco pareció haber salido bien de Patria Roja. Dos años antes, en octubre del 2016, una facción de dicha agrupación resolvió expulsarlo junto a tres personas de su entorno. Manuel Guerra, dirigente, señaló que la medida se debió a que Santos no respetó el acuerdo de apoyar al Frente Amplio el 2016 y se fue por su cuenta con Democracia Directa. "Gregorio Santos y sus secuaces han venido optando por una política muy distinta a nuestra orientación partidaria, intentando dividir el partido. [...] Advertimos que vienen haciendo campaña confucionista usando las banderas del partido para posicionarse políticamente”, indicó.

La unión de organizaciones de izquierda, siempre con Santos como protagonista, tuvo un nuevo intento posteriormente. El colectivo “Voces por el cambio” —seis agrupaciones bajo la tutela que permite la inscripción vigente del partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón— tuvo distintas reuniones en el interior del país el año pasado con miras al 2021, siendo la excandidata presidencial Verónika Mendoza (Nuevo Perú) otra participante. Sin embargo, aún no hay humo blanco de cara a los próximos comicios generales.

Se continúe o no con esa intención, Santos probablemente vea desde prisión si se concreta el acuerdo. Al momento, se desconoce su paradero —pese a que su abogada dijo que se pondría a derecho— y se prevé que apele ante una instancia superior la sentencia en su contra. Por lo pronto, a través de las redes sociales publicó en el último lunes un mensaje acusando una “guerra mediática” y “juicios políticos” en su contra. “Los juicios y las habladurías pasan, pero las obras quedan”, aseveró.

Lo cierto es que Cajamarca, la región que tuvo a su movimiento político al frente por ocho años, continúa como la región más pobre del país, según el informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018 publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

—Miradas desde la izquierda—

La condena de cárcel contra Gregorio Santos significa un golpe no solo a nivel personal, sino para las organizaciones de izquierda, de acuerdo a lo considerado por diversos representantes de este sector político que dialogaron con El Comercio. Algunos lo ven ahora con una mirada más crítica.

Marco Arana, líder del Frente Amplio y miembro de la Comisión Permanente, marca distancia de Santos y considera que la sentencia contra este “no se trata de una persecución política”.

Sostiene que si bien la corrupción es sistémica y afecta a los más pobres, “en el caso de la gente de izquierda que caiga también el repudio popular. Es mucho más repudiable. En la izquierda no solo hay una falta de carácter penal, sino de carácter ético muy profunda”.

Sobre un intento de acercamiento entre el Frente Amplio y Santos años atrás, asegura a El Comercio que nunca hubo un acuerdo político, sino una “línea divisoria” a raíz del proceso judicial contra el exgobernador regional.

Desde Nuevo Perú, su secretario general Álvaro Campana, refiere que cuando su movimiento dialogó con Gregorio Santos este planteó que iba a asumir personalmente sus responsabilidades si se demostraba que había incurrido en corrupción. Coincidió con Arana en que la corrupción es un problema sistémico, más de que “manzanas podridas”.

“Sin duda, para nosotros es un golpe. Goyo es un dirigente social que ha tenido mucha ascendencia en los sectores principalmente de maestros y ronderos en el norte del país, en Cajamarca en particular. Eso sí golpea a quienes él ha representado […] Es un golpe, además, no solo para los movimientos sociales o de izquierdas, sino también para las regiones mismas”, añade en alusión a otras autoridades regionales sentenciadas o investigadas por corrupción.

Alberto Quintanilla, miembro del Parlamento disuelto y representante de Nuevo Perú, acota que si bien puede ser un nuevo golpe para la izquierda, se trata de una responsabilidad individual. “Hay que acatar la decisión del Poder Judicial. El señor Gregorio Santos podrá apelar, le invocaría que se presente ante la justicia”, exhorta.

El suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, también tuvo un acercamiento con Gregorio Santos. Mencionó estar consternado, pero no sorprendido por la decisión judicial, pues considera que se debe a una presión contra un opositor a grandes transnacionales mineras.

Señala que la sentencia contra Santos puede afectar el peso político de este, pero no implica que lo pierda del todo, considerando que puede apelar hasta llegar a la Corte Suprema. “No he tenido contacto con él, pero por las experiencias que hemos tenido, considero que Gregorio Santos debe ponerse a derecho. Porque una vez estando el sentenciado recluido, los procesos de apelación se aceleran en el tiempo”, comenta Cerrón, quien cumple una pena de prisión suspendida por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Santos y Cerrón han coincidido también en su defensa del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. “Es linda la indesmayable lucha venezolana contra el imperialismo”, afirmó el primero en enero del 2018 durante una conferencia en Cusco. Por su parte, el segundo llamó a Venezuela, durante una entrevista con este Diario en julio pasado, "una democracia, Maduro viene del voto popular”.

Finalmente, Andrés Alcántara, dirigente fundador de Democracia Directa, señala que cada político debe asumir personalmente sus responsabilidades y agrega que la corrupción no es de derecha ni de izquierda. Asevera que la alianza con Santos en el 2016 se terminó sin mayores problemas.

“Él tomó otra decisión, somos del estilo de pelearnos con nadie. Para mí, Gregorio es un amigo, una persona con la que siempre he conversado y saludado, porque es un político que quiere hacer su movimiento”, añade.