Jorge Ramírez es un abogado de 45 años y tendrá a su cargo la investigación del Caso Odebrecht, hasta el momento el más importante del grupo Lava Jato en nuestro país. (Foto: Andina)
Jorge Ramírez es un abogado de 45 años y tendrá a su cargo la investigación del Caso Odebrecht, hasta el momento el más importante del grupo Lava Jato en nuestro país. (Foto: Andina)
Redacción EC

El Gobierno oficializó la designación de Jorge Miguel Ramírez Ramírez como nuevo procurador ad hoc del Caso . El abogado reemplaza a Katherine Ampuero, quien fue destituida a finales de julio por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

¿Pero quién es Jorge Ramírez? Su hoja de vida muestra que tiene experiencia en la administración pública, y su más reciente vinculación a la materia anticorrupción empezó tres meses atrás.

Ramírez estará a cargo de la indagación del Caso Odebrecht que, tal como reveló El Comercio, a la fecha tiene 14 procesados y ocho investigados.

En lo académico, Ramírez es abogado penalista de la Universidad San Martin de Porres y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su especialidad, según fuentes del Ministerio de Justicia, es el derecho penal, proceso penal y gestión pública.

En la administación pública, Ramírez trabajó en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en el período 2011-2015. Y desde hace tres meses, se venía desempeñando como abogado senior en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en la que tuvo a su cargo casos como el de la Línea 2 del Metro de Lima.

Fuentes de El Comercio señalaron que Ramírez es una persona de extrema confianza de la titular de la cartera, Marisol Pérez Tello.

Jorge Ramírez ahora tiene 15 días para presentar un informe sobre la situación del Caso Odebrecht y las acciones inmediatas a tomar, en el marco legal vigente, entre ellos el Decreto de Urgencia Nº 003, destinado a la continuidad de proyectos de inversión, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y garantizar una reparación civil justa al Estado en casos de corrupción.