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Las nuevas ‘palomas’: ardillas en Lima invaden cinco distritos y pueden convertirse en plagas
El juez Ramiro Salinas Siccha, de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, dejó al voto la apelación que presentaron las defensas de los exgerentes municipales Gabriel Prado y Domingo Arzubialde contra la resolución que declaró fundado el incremento de la reparación civil de US$8 millones a US$20 millones en el caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
En setiembre, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aceptó el pedido de la procuraduría pública ad hoc para elevar la pretensión resarcitoria tras nuevos hallazgos en las pesquisas que se le siguen a la exburgomaestre y otros 17 procesados.
En este caso, la fiscalía investiga la presunta recepción de sobornos de Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán a cambio de la adjudicación de obras como Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla.
El abogado Manuel Asmat, defensa de Gabriel Prado, presentó la apelación contra esta medida al señalar que la procuraduría no ha individualizado el monto de la reparación civil según los delitos que se le imputan a los procesados.
En esa línea, indicó que a su patrocinado únicamente se le procesa por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y no le correspondería ser “responsable solidario” de los otros delitos contenidos en la investigación, que llevaron a incrementar el pago de la pretensión resarcitoria.
En representación de la procuraduría, el abogado Miguel Chero señaló que la ley no exige que la reparición civil sea individualizada. Además remarcó que cuando son varios los autores del hecho, “todos son responsables solidarios”.
Por el lado de la defensa de Domingo Arzubialde, el abogado Carlos Bernal afirmó que en el caso de su defendido “no existe un elemento o una declaración que lo vincule con hechos ilícitos”.
Además, Arzubialde participó de la audiencia a través de videoconferencia y consideró “absolutamente injusto” que se le involucre en este proceso. Indicó que US$20 millones es una cantidad “impagable”.
El procurador Chero manifestó que “el hecho de que se le haya imputado o no algún delito no puede ser decisivo para la validez o no” del monto de la reparación civil. El juez Ramiro Salinas señaló que decidirán sobre el recurso en el plazo de ley.
