Chats revelan coordinaciones de Perú Libre para obtener fondos de Junín

Unidad de Investigación

Las conversaciones de WhatsApp obtenidas en junio pasado tras el primer allanamiento e incautación a los investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro se han convertido en otra fuente de información para la fiscalía de Lima, que investiga el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre (PL).

A las interceptaciones telefónicas legales se suman estas conversaciones registradas en varios celulares. Según la fiscalía, el material—al que accedió El Comercio— evidencia presuntas coordinaciones ilícitas de los dirigentes de PL para conseguir dinero del Gobierno Regional de Junín y destinarlo a las campañas del partido, entre ellas la del hoy presidente Pedro Castillo.

De estos diálogos y escuchas legales se desprende que Marina Vásquez –quien era jefa de Personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTJ) y fundadora y dirigente de PL– cumplió roles claves dentro de la presunta organización criminal.

De Vásquez se conocía que, junto con los investigados Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, concertaba el direccionamiento de puestos de trabajo, así como la remoción de quienes no se relacionaban con el partido. Era además la encargada de recolectar los presuntos pagos ilícitos para la obtención de brevetes. Según testimonios de los investigados, era la cajera de la supuesta red.

Vásquez no solo estuvo encargada de reunir dinero para el partido. Según los mensajes, también lo hizo para los gastos judiciales del proceso que se le seguía a Cerrón. En los chats, por ejemplo, se lee que solicitó aportes y recibió fotos de vouchers de simpatizantes de Perú Libre.

Los diálogos sobre temas relacionados con el dinero los sostuvo principalmente con Ofelia Ríos, quien fue la encargada de declarar los gastos del partido en la última campaña. El 28 de abril del 2021, Ríos le envió a Vásquez un depósito por S/100 de Percy Rivera. Semanas después, el 12 de junio, Ríos pidió a Vásquez “entregar todos los aportes que se hizo. Debo preparar todas las rendiciones urgentes”.

Otra de las coordinaciones de Vásquez fue sobre la logística de la campaña de Castillo. Junto a Bladimir López, secretario regional de Junín del partido; Jakelyn Flores, candidata al congreso de PL por Junín; Eduardo Bendezú, secretario de Prensa de PL; y Ofelia Ríos gestionaban irregularmente las licencias, contratos, así como transferencias de dinero.

Con ellos se acordaba la cantidad de buses que saldrían para eventos, así como la compra de casacas, polos y otro tipo de propaganda electoral. El 18 de mayo de este año, López le envió la foto del hotel donde se alojaría la comitiva. “Ya está cancelado”, agregó.

Licencias y CAS

En los diálogos de WhatsApp que la fiscalía obtuvo del celular de Vásquez también quedaron al descubierto los favores que Vladimir Cerrón le habría solicitado para la obtención irregular de licencias de conducir de conocidos suyos.

“Marina, por favor, ayúdale a un amigo, mañana tiene su examen”, se lee en un mensaje del 29 de diciembre del 2020. Después le reenvió el nombre de Leonardo Enrique Condezo López. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Condezo obtuvo su brevete días después, el 4 de enero del 2021. En otras oportunidades también le indicó a Vásquez que gestionara trámites para brevetes de otros allegados.

De la misma manera, la supuesta operadora de Los Dinámicos del Centro le consultó a Cerrón si estaba de acuerdo con unas contrataciones en la Gerencia de Fiscalización. El líder de PL respondió que sí.

Para las plazas CAS, le hacían llegar las hojas de vida de posibles candidatos. Vásquez consultaba si estaban inscritos en el partido o si tenían alguna relación con este. En algunos casos, hacía una revisión en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si no figuraban ahí, exigía “rellenar su ficha de inscripción [ al partido]. Caso contrario, no firmo”, se lee en un mensaje a López del 1 de marzo del 2021.

Anteriormente, el 25 de noviembre del 2020, el secretario regional de PL de Junín le había pedido a Vásquez un aporte de “100 por militante”.

En la misma operación, la policía y la fiscalía incautaron los celulares de los militantes de Perú Libre Alejandro Rojas Benites y Alejandro Soto Cóndor. Ahí se detalla el pago de sobornos para la obtención de brevetes.

En una de las audiencias del Caso Los Dinámicos del Centro, Marina Vásquez rechazó las imputaciones en su contra y alegó que “no es un delito” ser afiliada a PL. Del mismo modo, negó haber direccionado contrataciones, pese a las evidencias. “Durante el desarrollo de mis labores nunca direccioné contrataciones para el área de licencias de conducir ni para ningún personal que desarrolle labores de forma directa o indirecta en la emisión de licencias de conducir”, aseguró.

Luego del traslado de la investigación a Lima, la situación judicial de Vásquez sigue en suspenso. La fiscalía la considera una de las principales operadoras de la presunta organización criminal. Según el Ministerio Público, en la investigación se ha acogido a su derecho a guardar silencio.

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