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Unidad de Investigación
Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) sentaría un precedente peligroso para los futuros casos emblemáticos como el de la ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, quien, sin ser funcionaria pública, tuvo injerencia en todas las decisiones del Gobierno y en “el direccionamiento de algunas licitaciones”, según las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces del Caso Club de la Construcción.
A Humala y a Heredia se les atribuye “la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir”, entre otros. Habrían conformado “una organización instalada en el Poder Ejecutivo cuya finalidad ilícita habría sido la comisión de delitos contra la administración pública al favorecer y beneficiar a terceros en el marco de las contrataciones públicas”, señalan las conclusiones de las investigaciones del equipo especial Lava Jato.
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Según fuentes de El Comercio, en su sesión de esta semana el TC estaría por acoger los argumentos de la defensa del excongresista Michael Urtecho Medina y de su esposa Claudia Gonzales Valdivia, que plantea “vicios procesales” en la causa judicial contra ambos. De esta manera, se dejarían sin efecto las pruebas que determinaron que el Ministerio Público acusara a Urtecho y Gonzales por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado y concusión, por los que se ha solicitado para ellos 22 y 24 años de prisión, respectivamente.
Según las mismas fuentes, el TC ya tiene listo el borrador para la votación. El documento ha sido redactado por el ponente Carlos Ramos, quien no menciona a Urtecho en la resolución. En la conclusión se dispone que “la cómplice Claudia Vanessa Gonzales Valdivia y los demás investigados sean excluidos de la investigación”. Y fundamenta este pedido en que Gonzales no es funcionaria pública; por lo tanto, no se le puede atribuir el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Y sobre los demás excluidos? El único investigado sería el presunto cabecilla: Michael Urtecho.
Fuentes de El Comercio, señalaron que en la plenaria de hoy no se trató el tema porque el ponente del caso no se presentó.
La defensa de los Urtecho acusa a la Fiscalía Suprema en lo Contencioso-Administrativo de haber incurrido en “vicios procesales”. Sin embargo, los Urtecho se amparan en un hábeas corpus que un juez de la provincia del Santa en Áncash les admitió para poder presentarse ante el TC y no seguir su proceso en las instancias judiciales correspondientes.
Según el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, “se trata de una estrategia de la defensa que busca anular el proceso con el propósito de lograr la impunidad para sus defendidos, que el caso vuelva a fojas cero y prescriba”.
Las pruebas
Entre agosto y octubre del 2013, el programa “Cuarto poder” presentó cuatro reportajes que mostraron cómo Michael Urtecho, entonces segundo vicepresidente del Congreso, les recortaba mensualmente los sueldos, gratificaciones y hasta liquidaciones a sus trabajadores, según los testimonios que dieron los afectados. Otro informe detalló cómo la esposa del excongresista era la encargada de retirar parte de los salarios desde un cajero ubicado en La Molina, muy cerca de la vivienda de los Urtecho, y muy lejos de las casas de los trabajadores.
Urtecho tiene discapacidad y las investigaciones demostraron que él no pudo actuar solo, sino en complicidad con su esposa. En los otros reportajes también se detalló cómo adulteró boletas de venta para rendir cuentas por sus gastos operativos al Congreso. Urtecho también fue acusado de quedarse con las donaciones que le hicieron empresas privadas. No pudo explicar cómo construyó un edificio en la zona más exclusiva de Trujillo sin préstamos bancarios de por medio. Todos estos hechos provocaron que fuera desaforado del Congreso y denunciado constitucionalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión. Sin embargo, la Fiscalía Suprema amplió la acusación por más delitos: lavado de activos, apropiación ilícita y peculado.
La defensa de los Urtecho sostiene que tanto él como su esposa no pudieron defenderse por el delito de lavado de activos porque no tuvieron conocimiento de esa investigación.
De acogerse el pedido del exparlamentario, se estaría contraviniendo los principios de la justicia y creando jurisprudencia para posteriores casos similares y, de paso, allanando el camino para que la ex primera dama Nadine Heredia, acusada por varios delitos, presente un hábeas corpus bajo el argumento de que “no es funcionaria pública” y queden sin efecto las investigaciones en su contra.
Según nuestras fuentes, la votación, hasta este momento se inclina por cinco votos a favor de Urtecho y dos en contra. Sin embargo, algunos magistrados cambiarían de parecer luego de revisar las pruebas que recaen sobre los Urtecho y de haber sido alertados del impacto y precedentes que el tema podría dejar.
MAL USO
El uso “abusivo y grotesco” del hábeas corpus en jurisdicciones distintas es una vulneración del derecho, según el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.
La Fiscalía Suprema en lo Contencioso-Administrativo solicitó para Michael Urtecho y su esposa 22 y 24 años de cárcel, respectivamente.
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