:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/R3BULJFKANEK7NGJDNYWASPWEU.jpg)
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/B7Aqc2Rn/poster.jpg)
La Contraloría General de la República denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios, así como a tres representantes de un consorcio empresarial, por defraudar al Estado en la ejecución del contrato del tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur.
La denuncia, presentada el 14 de marzo de 2017, tiene como base una auditoría realizada por la contraloría al período de agosto del 2005 a julio del 2015, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
En el informe se señalan las supuestas irregularidades detectadas, las mismas que habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico que asciende a más de US$180 millones.
La denuncia comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provías Nacional, y del Ositrán.
Del mismo modo, también incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Vale anotar que en su denuncia penal, la contraloría pide al Ministerio Público considerar que se incluya en la acusación a otros funcionarios de las entidades mencionadas y el embargo de bienes de propiedad de los denunciados por la suma total de US$200 millones.
¿Qué ocurrió?
La denuncia penal señala tres casos de irregularidades detectadas por la contraloría.
El primero es la supuesta colusión entre los funcionarios del Estado y la empresa concesionaria para el pago injustificado y en exceso por tres obras o “soluciones técnicas” en las zonas de Hualla Hualla, Huaylloc y Ocongate, solicitadas por la concesionaria, y que fueron aprobadas y pagadas por las entidades del Estado.
Ello, pese a que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio por más de US$101 millones, incluidos intereses y reajustes.
El segundo caso es la presunta concertación entre representantes del MTC (Provías Nacional) y la concesionaria para el pago directo de 83 precios unitarios, a través de un “trato directo” por supuestas controversias.
En ese trato directo se incluyeron y aprobaron incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos, ajenos a la materia de la supuesta controversia, que fue aprobado por Ositrán, y que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$57 millones.
El tercer caso denunciado es la colusión entre funcionarios y la concesionaria para la suscripción de una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial.
Dicho incremento significó un costo de inversión adicional de US$19 millones a favor de la concesionaria, para lo cual el Estado realizó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento-CAF. Por intereses y comisiones se sumaron US$2 millones más.
En total, la supuesta colusión en este caso habría ocasionado al Estado un perjuicio por más de US$21 millones, que incluye US$1 millón 822 mil por interés del pago del saldo pendiente de deuda.
MÁS EN POLÍTICA...
Ministerio Público pide informes a la UIF por situación de #PPK ►https://t.co/1pdWH0Mvbx (Por @karembq) pic.twitter.com/94qbAhpXm3— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 17 de marzo de 2017
