Alejandro Toledo, por ahora, enfrentará su proceso de extradición en la cárcel. Así lo ha determinado el juez del Distrito Norte de California Vince Chhabria, en una resolución emitida el miércoles tras cuatro semanas de deliberaciones en privado. El expresidente está detenido en Estados Unidos desde el 16 de julio del año pasado.
Se trata de una decisión que llega con retraso. Chhabria se ha tomado su tiempo para fallar sobre una causa que él mismo aseguró que resolvería en octubre. A inicios de ese mes ordenó que Toledo sea liberado si no se le encontraba un régimen penitenciario más amigable que el de la cárcel de Santa Rita, donde estaba en aislamiento. También estipuló que evaluaría las nuevas condiciones hasta el 29 de octubre.
Su principal preocupación era el deterioro de la salud mental del expresidente, quien –según la carta enviada por un psiquiatra de Santa Rita– experimentaba una acelerada pérdida de sus capacidades cognitivas. Entonces, Toledo fue trasladado a la penitenciaría de Maguire, en el condado de San Mateo. Pese a ello, el 29 de octubre no se tomó ninguna decisión.
Así, Alejandro Toledo pasó las fiestas de fin de año por primera vez en la cárcel. Una más amigable, pero cárcel al fin. El 5 de febrero, se realizó una audiencia probatoria en la que se esperaba que Chhabria finalmente tomara una decisión. Pero terminada esta, el juez volvió a pedir tiempo para deliberar. Finalmente, ayer falló por escrito. ¿Qué razones ha dado para determinar que Toledo no pueda acceder a la libertad bajo fianza?
El dinero que Toledó ocultó
En la resolución a la que tuvo acceso El Comercio, Chhabria explica que en Estados Unidos hay una “presunción en contra de la fianza” para procesos de extradición. Es decir, le correspondía a Toledo demostrar por qué debía ser liberado y no a la fiscalía lo contrario. Para ello, dice Chhabria, debía probar dos cosas: que no había riesgo de fuga y que existían “circunstancias especiales” que justificaban sacarlo.
Ambos puntos están desarrollados en el documento. El primero es el que más peso recibe en la argumentación de Chhabria. Según el juez, Toledo mintió sobre el dinero que posee junto a su esposa, Eliane Karp, y ello es un indicio claro de que podría fugarse si es liberado. Esto, en referencia al US$1 millón que la fiscal federal Elise LaPunzina encontró en las cuentas de Karp. Toledo no lo había declarado.
“La situación ha cambiado respecto al tema del peligro de fuga. La fiscalía descubrió que Toledo y su esposa tenían activos ocultos por US$1 millón, que ella recibió en los meses previos a su detención. Toledo ocultó estos activos de la Corte cuando solicitó que se le asigne un abogado de oficio. Y su esposa los ocultó en entrevistas sobre su idoneidad como candidato para una fianza”, dice el fallo.
En febrero, el juez Thomas Hixson ya había mencionado el tema cuando decidió que Toledo mantuviera a su abogado gratuito. En su fallo, dijo que Toledo mantendría la defensa pagada por el gobierno de EE.UU. pese a haber ocultado la existencia de esos fondos. Se justificó en que el dinero está en las cuentas de la esposa y en que ella no tendría intención de pagarle el abogado.
Sin embargo, el fallo de Hixson (juez que ve el proceso de extradición propiamente dicho) sentó un precedente para Chhabria, quien indica que la existencia de ese dinero es una prueba de que Toledo puede huir. “Por eso, la oficina de servicios preventivos ha cambiado su recomendación inicial y [ahora] concluye que Toledo tiene riesgo de fuga incluso en arresto domiciliario con monitoreo por GPS”, asegura.
Inicialmente, Toledo había indicado que estaba quebrado porque sus cuentas habían sido congeladas en el Perú. Sin embargo, en octubre la fiscal LaPunzina presentó los documentos que acreditaban la presencia de más de US$1 millón en las cuentas de Karp. En su mayoría, el dinero provenía de transferencias realizadas por su madre, la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
“La recomendación inicial hecha por la oficial de servicios preventivos, de liberar a Toledo con monitoreo de GPS, estaba basada en parte en el supuesto de que su esposa era una custodia confiable. Un supuesto que la oficina ya no está dispuesta a hacer al haberse enterado de que ocultó la existencia del dinero en vez de ponerlo como garantía de que Toledo no escaparía”, explica Chhabria en su resolución.
Para el juez de apelaciones, incluso, esto pesa más que los fondos que han puesto como garantía amigos de Toledo de la universidad de Stanford. “El engaño de su esposa respecto al más de millón de dólares en activos –y la posibilidad de que [otros] fondos aún ocultos lo ayuden a escapar– es razón para dudar que Toledo mantendrá su parte en el trato [con los amigos]", dice Chhabria.
Extraños cambios de salud
Lo otro que Chhabria desarrolla es la salud mental de Alejandro Toledo. A fin de cuentas, esta fue su principal preocupación en octubre y la razón por la que convocó a la audiencia probatoria de febrero. En dicha audiencia, la defensa del expresidente presentó al psicólogo social Craig Haney, especialista en el impacto de la prisión y los regímenes de aislamiento sobre la salud mental de los internos.
Pero los argumentos de Chhabria no coinciden con Haney. “Las condiciones de confinamiento de Toledo han mejorado significativamente [...]. Tiene una libertad de movimiento mucho mayor en Maguire que en Santa Rita, incluyendo acceso a un cuarto de entretenimiento conectado a su celda. Allí se le provee de acceso ilimitado al teléfono, el cual Toledo usa frecuentemente para llamar a gente de todo el mundo”, asegura.
El juez también indica que, aunque estar detenido constituye una “gran privación de su libertad, las condiciones de confinamiento son muy parecidas a las [condiciones] regulares [de cualquier reo] como para ser consideradas una circunstancia especial para la libertad bajo fianza". Esto, pese a que Haney declaró en febrero que la salud mental de Toledo se había seguido deteriorando en Maguire.
Precisamente, Chhabria desbarata este testimonio aludiendo a supuestos engaños del expresidente. El juez dice que Haney basó sus opiniones “en gran medida en el relato de Toledo sobre su encarcelamiento” y, por eso, “la veracidad de sus conclusiones depende de la veracidad de Toledo al informar sobre sus síntomas”. Una veracidad que ha sido largamente cuestionada.
Esta vez también es puesta en duda. Según Chhabria, “registros de la cárcel de Santa Rita describen casos en los que Toledo presuntamente cambió su comportamiento de alegre a deprimido antes de las evaluaciones sobre su salud mental”. Para el juez, esto habría sido un “intento de influenciar la opinión de los profesionales” que lo evaluaron.
Además, Chhabria cita “otro registro, de un seguimiento psiquiátrico en Maguire" en el que Toledo aseguró “que estaba tomando la medicación y que no estaba deprimido ni ansioso”. Finalmente, el juez destaca que el expresidente no subió al estrado a testificar sobre su salud mental, pese a haber estado presente en la audiencia probatoria.
“La presentación del Dr. Haney de un relato discutible, de segunda mano y de un narrador cuestionable no es una base suficientemente confiable para refutar la presunción contra la fianza”, concluye Chhabria, y ordena denegar el pedido de libertad. Sin embargo, la defensa de Toledo ha decidido apelar a una instancia todavía superior: el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
Por la tarde del miércoles, los abogados estadounidenses de Toledo enviaron la moción en la que indican que apelarán la decisión de Chhabria. Según el abogado del expresidente en el Perú, Roberto Su, todavía falta que se envíe el sustento de esa apelación.
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