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Osorio consideró que las imputaciones en su contra podrían ser parte de una "venganza" de ICCGSA por las cartas fianzas que se ejecutaron "por sus constantes incumplimientos". (Foto: Archivo)
Unidad de Investigación
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El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, inició investigación preliminar de ocho meses a la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por presuntos pagos ilícitos de la empresa ICCGSA a cambio de la suscripción del contrato de una millonaria obra en esta región del sur. El Comercio accedió a la resolución fiscal, en la que se dispone la pesquisa por los delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir.
Los aspirantes a colaboradores eficaces N° 01-2019 y 13-2019 declararon ante la fiscalía cómo se habrían coordinado los pagos para obtener la buena pro de la obra “Mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa”.
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“Se aprecia que Yamila Osorio, en su condición de entonces gobernadora regional de Arequipa, habría intervenido en hechos ilícitos vinculados a la obra [...] la cual fuera convocada por el OIM, por encargo del gobierno regional, siendo que se solicitó a la empresa ganadora de la buena pro, ICCGSA, la suma de S/2′000.000 para que esta pudiera cumplir con la suscripción del contrato, [...] dinero que fue entregado a lo largo de la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey [de ICCGSA], quien cumplió con dar parte de lo pactado, S/450.000 en total, efectuado en distintas entregas”, señaló Juárez en su resolución.
En la investigación también están incluidos Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, dueño y gerente de ICCGSA, respectivamente.
La obra y el pedido
En octubre del 2015, por encargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) entonces presidido por Osorio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que está adscrito a las Naciones Unidas como la Unops, convocó a precalificación para la obra que beneficiaría directamente a más de 1.2 millones de personas, según el OIM.
El 18 de noviembre del 2015, la OIM comunicó a ICCGSA que había sido precalificada para el proyecto. El otro postor era el Consorcio Mota Engil, conformado por las empresas Mota Engil Perú y Mota EngilEngenharia e Construcao Sucursal del Perú. Según han detallado los aspirantes N° 01-2019 y 13-2019, el 3 de diciembre de ese año, en la sala de reuniones del organismo internacional, se informó que este consorcio había sido descalificado. Una semana después, OIM informó a ICCGSA que había ganado la buena pro con su propuesta económica ascendente a S/92′604.122,26.
De acuerdo a los relatos, después de conocer la propuesta económica y antes de la adjudicación de la buena pro, un allegado a Osorio -quien dijo ser su primo-, se contactó con Carlos Zariquiey, gerente comercial de ICCGSA, para solicitarle un pago ilegal de S/2′000.000 para la suscripción del contrato. Según los testimonios, esta persona le precisó que el monto era para la entonces gobernadora y que si no realizaban el pago ilícito no se aprobaría la adjudicación.
“Bajo ese condicionamiento la empresa tuvo que acceder a su ilegal pretensión, puesto que existía la posibilidad de que el GRA no aprobara la oferta de ICCGSA con el argumento de que la oferta era superior al 100% del valor referencial, por lo que no se contaba aún con la asignación presupuestal por la diferencia ofertada”, señala el fiscal en su disposición.
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El aspirante a colaboración N°13-2019 señaló que entre el 3 y el 10 de diciembre del 2015, Zariquiey le contó a Rafael Granados de ICCGSA, que lo había buscado una persona que “decía ser cercana a la gobernadora regional y que manifestaba ser su primo, de nombre Edgar”. “En dicha reunión el enviado de la gobernadora en presencia de su acompañante y de los ingenieros Zariquiey y Granados indican que para que proceda la aprobación de la oferta de ICCGSA, debido a que estaba por encima del valor referencial, y para que sea procedente la propuesta, debía tener la aprobación del GRA para la mayor aprobación presupuestal por lo que se debía pagar una cantidad de dinero equivalente al S/2′000.000 para que proceda la adjudicación”, agregó.
En su relato, el aspirante sostuvo que Zariquiey y Granados respondieron que la cifra “era un monto alto y que lo consultarían internamente”. “Luego de ello Zariquiey y Granados consultaron con Fernando Castillo Dibós y se acordó aceptar esta exigencia con la finalidad de no perder el contrato”, manifestó. En una segunda reunión con la persona identificada con Edgar, Zariquey “le confirmó que ICCGSA aceptaba su exigencia”.
El 16 de diciembre del 2015, días después de la adjudicación, se firmó el contrato entre el gobierno regional e ICCGSA. Posteriormente, el GRA pagó el adelanto como se acordó en el contrato. A partir de entonces, según los aspirantes, la empresa empezó a “recibir presiones” de los allegados al gobierno regional para que “cumplieran con el compromiso”. Fue entonces que Zariquiey de ICCGSA entregó al allegado del GRA un total de S/450.000 -de los S/2′000.000 solicitados- y en distintas entregas.
La reunión en Larcomar
Según ambos aspirantes, durante la ejecución del contrato, Yamila Osorio realizó una visita a las oficinas de ICCGSA en Lima, ubicadas en Avenida Aramburú, para informar sobre el avance de la obra. En el segundo semestre del 2017 y debido a que la empresa no cumplía con los pagos exigidos, de acuerdo con las versiones de quienes aspiran a la colaboración eficaz, la entonces gobernadora le manifestó a Zariquiey que quería reunirse con Castillo Dibós para conversar sobre “el avance del proyecto”.
“Fue así que esa reunión se llevó a cabo en el restaurante “La Trattoria” en el centro comercial Larcomar a las 19:00 horas, estando presente Castillo Dibós, Osorio, Zariquiey y el ingeniero Carlos Carbajal Olmos, gerente de Operaciones de ICCGSA”, indicó el fiscal Juárez en su disposición. En este encuentro, aseguran, la exgobernadora manifestó “su preocupación” por el avance del proyecto y “que quería conversar a solas” con Castillo Dibós. Los acompañantes se retiraron.
“Ya a solas, la gobernadora le increpó a Castillo Dibós que ICCGSA no estaba cumpliendo con realizar los pagos ilegales exigidos, recibiendo Castillo por primera vez el mensaje directo de la gobernadora. Así pues, luego de ello, a fines del 2017, al no haber realizado los pagos ilícitos exigidos, el GRA resolvió el contrato con ICCGSA”, agrega el fiscal. Según los reportes de medios de comunicación, en enero del 2018 se conoció oficialmente la resolución de este millonario contrato.
En la disposición, la fiscalía resaltó las conclusiones que publicó la Contraloría sobre la obra. Por ejemplo, que, sin sustento técnico, funcionarios de la entidad actualizaron precios unitarios con lo cual durante la ejecución de la obra se ocasionó un mayor pago por S/2′464.466,71. Asimismo, el órgano de control identificó deficiencias en el expediente técnico, como la falta de un estudio de impacto ambiental que garantice el inicio de obra. “En su lugar el gobierno regional aprobó sin tener competencia para ello un estudio de declaratoria de impacto ambiental que no correspondía”, precisó.
El fiscal Germán Juárez ha dispuesto una serie de diligencias como la toma de declaraciones de los investigados, el levantamiento del secreto bancario para una pericia contable y el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los números que han sido brindados por los colaboradores para una pericia de geolocalización. También ha requerido información al OIM sobre el concurso público y ha pedido a la policía que identifique a la persona de “Edgar”, quien según las declaraciones sería familiar de la exgobernadora.
El Comercio pudo confirmar que la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, se acreditó ayer para defender al Estado en este caso que involucra a la exgobernadora, tras recibir la notificación del fiscal Juárez, y ha solicitado las copias del expediente.
Cabe precisar que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, ha dispuesto que el fiscal provincial Hamilton Montoro Salazar, quien apoya al fiscal Juárez, se haga cargo de la investigación a Osorio. Montoro ha asumido, además, la pesquisa contra el exgobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima por presuntos pagos ilícitos de la empresa Obrainsa, implicada en el ‘club de la construcción’. En esta última, la procuradora Carrión también se ha acreditado para ejercer la defensa del Estado.
Osorio responde
Este Diario se comunicó con la exgobernadora Yamila Osorio, quien se encuentra en España realizando un posgrado. Si bien señaló que aún no ha sido notificada por la fiscalía, negó las acusaciones y consideró que se trataría de una especie de “venganza” de parte de ICCGSA por “la situación compleja y problemática que tuvimos durante mi gestión”.
“Es una infamia lo que están diciendo. No me cabe la duda de que probablemente obedezca hasta a una cuestión de venganza por los S/30 millones que les ejecutamos como cartas fianzas por sus constantes incumplimientos”, aseveró.
Osorio afirmó que se reunió en varias oportunidades con representantes de la empresa “porque era una situación insostenible”, debido a que -según dijo- no cumplían con los plazos y no pagaban a los proveedores. Detalló que en Lima se realizaron “una o dos reuniones”, mientras que “en Arequipa varias veces en mi oficina porque era desesperante que no cumplan con los plazos y los términos de contrato”.
La exgobernadora regional también aseguró no conocer a Rafael Granados, de ICCGSA, y dijo que a Fernando Castillo “recuerdo haberlo visto dos veces para que se comprometa a terminar la obra”. También rechazó haber coordinado con la empresa a través de un intermediario para solicitar el pago ilícito. “No hubiera mandado a nadie que haga una cosa así”, manifestó a El Comercio, y señaló que no tiene ningún primo de nombre ‘Edgar’.
Los abogados de los ejecutivos de ICCGSA se abstuvieron a dar declaraciones a este Diario porque, según indicaron, el proceso se encuentra en plena investigación.
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