Fiscales dilataron procesos contra Orellana hasta por 11 años

ELIZABETH SALAZAR @ElizabSalazar

En 1999, con 34 años de edad, Rodolfo Orellana fue notificado de la primera denuncia penal en su contra. Era un caso de falsificación de documentos y terminó archivándose: un final premonitorio para describir cómo lo trató la justicia.

En el Ministerio Público se almacenan 30 denuncias contra él por fraude, falsedad genérica, asociación ilícita, falsificación, estafa y lavado de activos en diferentes ciudades del país. Cinco se archivaron, 13 no salen del limbo de la investigación fiscal y 12 pasaron al Poder Judicial, a una suerte de sala de espera porque aún no se dicta sentencia en estas causas.

El ejemplo extremo de letanía es una denuncia por fraude que se interpuso contra él en Piura en el 2002; estuvo 11 años en fiscalía y recién hace unos meses el juez ha ordenado abrir instrucción y citar a los implicados. El resto de denuncias en trámite tiene una antigüedad de entre dos y nueve años.

Lo grave es que según el Código Penal, los delitos de estafa y falsificación –que priman en esta red– prescriben a los seis y ocho años, respectivamente.

SOCIOS Y FAMILIA
La suerte también estuvo con su hermana y socia, Ludith Orellana Rengifo. Ella tiene 10 denuncias en su contra por lavado de activos, usurpación, apropiación ilícita, extorsión, estafa y trafico ilícito de drogas. La más antigua es de hace cinco años.
 
Tres casos fueron archivados en la fiscalía, incluido un proceso por tentativa de homicidio en Huaura. Solo uno se formalizó el 2012 en el Poder Judicial y aún no tiene sentencia.

Lo mismo ocurrió con las cinco denuncias penales que se presentaron contra Benedicto Jiménez desde el 2011, pues solo prosperó la que lo involucra al lavado de activos desde diciembre del año pasado, y es la que motivó su arresto.

Pero el récord de Jiménez se refleja mejor en las 18 querellas por difamación que se entablaron contra él, directamente en el Poder Judicial, por los ataques que dirigió desde su revista “Juez justo”. En solo un caso fue sentenciado, y se trató de una denuncia presentada a mediados del año pasado. El resto de querellas, iniciadas entre el 2007 y 2012, siguen en trámite.

Otro personaje clave es Wilmer Arrieta Vega, considerado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presunto testaferro de Orellana y denunciado por ayudarlo a usurpar los terrenos de la otrora Feria del Hogar, en San Miguel, y del coliseo de toros Sol y Sombra, en La Victoria. Sobre él pesan siete procesos en el Poder Judicial, dos de los cuales agrupan hasta cinco denuncias, y en su mayoría siguen en trámite desde el 2010.

Hernán Villacrez, quien recibió y giró dinero a Orellana y a un vinculado al narcotráfico la pasó mejor: seis de siete denuncias fueron archivadas.

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