Redacción EC

La constructora (GyM) dio marcha atrás en ante la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el proyecto del gasoducto sur peruano (GSP).

Ayer se conoció una notificación del gerente general de la compañía, Luis Díaz, dirigida a la consejera legal de este órgano con sede en EE. UU., Verónica Lavista.

“Graña y Montero S.A.A. retira y desiste de la solicitud de arbitraje que, en ejercicio de los derechos de Gasoducto Sur Peruano S.A., presentó frente a la República del Perú el 17 de octubre de 2019”, se indica.

La empresa se ampara en la regla 8 del Reglamento de Iniciación.

Según conoció este Diario, el desistimiento se dio debido a que esta controversia podría generar inconvenientes entre el acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora y la fiscalía peruana por el Caso Lava Jato.

Es por ello que la constructora comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ha suscrito un acuerdo preliminar por el cual se establecen los términos para un acuerdo de colaboración eficaz definitivo en relación a los casos Lava Jato y ‘club de la construcción’. Este acuerdo estaría suscrito por la compañía, la fiscalía y la procuraduría en un plazo máximo de 60 días hábiles.

A inicios del 2017, el Ejecutivo dio por culminado el contrato de concesión del referido proyecto.

El consorcio a cargo estaba integrado mayoritariamente por la constructora brasileña Odebrecht y por la española Enagás y GyM.

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